Página Política

El pasado 20 de diciembre, el secretario de Hacienda, Sergio Granetto y el subsecretario de Gestión Pública, Eduardo Albornoz, se apersonaron en las oficinas del Centro Único de Autorización de Descuentos (CUAD), un organismo creado por la Municipalidad en la anterior gestión que tenía como propósito poner orden en el sistema de descuentos sobre los haberes mensuales que perciben los agentes de planta permanente y contratados de la Municipalidad de Paraná, en pago por préstamos de mutuales y sindicatos.

Según consta en la documentación a la que pudo acceder Página Política, se encontraron con una “cáscara vacía” que, lejos de cumplir el propósito de regulación, se limitaba en los hechos a marcarle a las mutuales cuáles eran los empleados que estaban en condiciones de tomar préstamos; esto es, cuáles eran los que no tenían comprometidos más del 50% de sus salarios en el pago de las cuotas de créditos pactados a tasas usurarias que iban del 70 al 90 % anual.

Este miércoles, junto con la firma del convenio con Sidecreer, el Municipio anunció que se suspendían temporalmente los códigos de descuentos y que se pondría un límite al costo financiero total de no más del 33%. Con la derogación de la norma que crea el CUAD, se baja además del 50 al 20 el porcentaje del salario que se puede comprometer para el pago de las cuotas.

La oficina

Las oficinas del CUAD funcionaban en calle 25 de Mayo 140, arriba de la playa de estacionamiento ubicada en esa dirección (entre 9 de Julio y Monte Caseros) y para llegar a ellas había que franquear la puerta de la Corporación para del Desarrollo de Paraná.

Al fondo, a la izquierda, una oficina con ventana a calle 25 de Mayo poseía dos escritorios con computadoras, según consta en el acta firmada por el escribano Martín Torrealday, que acompañó en la visita a los funcionarios municipales. Se encontraron allí con Esteban José Folador, que les informó que trabajaba en el lugar junto con Vanina Alessi, de licencia en ese momento.

Folador explicó que no tenía contrato de locación de esa oficina que “se pagaría mediante un contrato de obra a favor de un tercero”, cuyo titular y monto desconocía, para lo cual habría un “acuerdo verbal”, según se lee en el acta al que tuvo acceso Página Política.

También le explicó a los funcionarios que estaba ahí desde agosto de 2010 por un “acuerdo verbal” con el entonces secretario de Hacienda, Eduardo Macri, y que no había firmado contrato alguno, aunque cobrara con recibo de sueldo.

Tras contar que carecía de un estatuto escrito para el desempeño de sus tareas, Folador explicó el procedimiento: “Las organizaciones titulares de los códigos de descuentos se comunican con Liquidaciones para informar los montos a descontar” desde donde “se comunican con NET FIM (administrador del sistema)”, con sede en la ciudad de Santa Fe, que “vuelca la información al sistema para que la pueda ver CUAD y los usuarios habilitados”, esto es, los titulares de los códigos de descuento.

Folador afirmó ante escribano que desconocía la existencia de convenios con mutuales, sindicatos o asociaciones. Explicó que era una información que manejaba Hacienda. También afirmó que no remitía informes a Hacienda y que la oficina funcionaba “de manera autárquica y auto financiada” por “un porcentaje de lo recaudado por las mutuales”.