Página Política

En los últimos días del año pasado, la Legislatura provincial sancionó una iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente a incorporar las tierras fiscales al ciclo productivo agroindustrial, en consonancia con las principales políticas que en perfecta armonía con el gobierno nacional, viene llevando adelante el gobierno de Entre Ríos, con marcados resultados favorables en la expansión del producto interno provincial, el trabajo decente, la recaudación de impuestos y las exportaciones.

Dicho propósito que resulta imposible no compartir legitimaba la propuesta legislativa que finalmente plasmó en la efímera ley 10.092, la cual sin llegar a alcanzar vigencia, pues no se publicó, fue derogada en diligentes y ponderables sesiones de ambas Cámaras Legislativas, por exclusiva iniciativa del titular del gobierno provincial.

No parece necesario destacar la importancia que para la provincia revisten sus tierras públicas. Ponerlas al servicio pleno de la economía de los entrerrianos promoviendo mejores condiciones de vida para nuestro Pueblo y sobre todo para nuestros trabajadores rurales es un objetivo que, como bien ha sostenido el titular del gobierno provincial, no solo no podemos abandonar, sino que debemos encarar con fuerza renovada. Y ni que decir de la significación que asume el hecho de recuperar el territorio insular entrerriano. Son conocidas las usurpaciones groseramente delictivas de los campos de islas, sobre todo por parte de inescrupulosos vecinos de provincias ribereñas. Y algunas hasta posiblemente fomentadas o al menos consentidas, por autoridades extra provinciales poco responsables que miran para otro lado cuando se usan las islas entrerrianas como sus centros propios de esparcimiento y recreación. Todo sin contar que la falta de presencia institucional sólida, la soledad y el abandono crean condiciones propicias para la realización de variadas actividades delictivas. Tráficos ilícitos, trata de personas, rufianería, proxenetismo y una serie de endemias sociales varias pueden encontrar allí condiciones más que favorables para desarrollarse en plenitud. Es claro sí, que las islas del Delta y del Predelta serán más entrerrianas que nunca cuando nuestros títulos resulten, no de una mensura física que sobre un plano fije los límites de nuestro territorio, sino cuando ellas le brinden a los entrerrianos toda la riqueza que la laboriosidad de nuestros trabajadores y productores les pueda extraer.

Sin embargo los antecedentes en esta materia no han sido buenos. Aún se recuerda con indignación cuando en la década del 60 el comisionado del gobierno que se autodenominó de la Revolución Argentina a cargo del gobierno provincial le entregó una enorme extensión –quizás la más valiosa- de las islas Las lechiguanas ubicadas en el extremo sur de nuestro Delta a una empresa formada por capitales de aventureros vinculados a inversores extranjeros, el “King Ranch”, que terminó depositando las esperanzas de los entrerrianos en un juzgado de comercio de la capital Federal donde tramitó la quiebra del referido grupo. La opinión pública provincial, acicateada por el trabajo incansable de muchos entrerrianos de bien rechazó aquel negocio repugnante. Cabe recordar al Dr. Tulio Rodríguez Signes y al profesor José Joaquín Venturino, luchadores incansables en aquellos tiempos de la causa por la anulación del contrato con el “King Ranch” y la defensa de los intereses entrerrianos, quienes fueron artífices del triunfo que lograron cuando en aquel inolvidable interregno democrático setentista el gobernador Cresto promulgó la ley que anuló la contratación.

Hoy el gobierno provincial promueve en serio, avanzar detrás de la idea de poner en plena producción a todo el territorio provincial. Que la feracidad de nuestros suelos nos permita extraer la riqueza que atesoran para poner a la provincia en el lugar destacado en el país que nuestros sueños le asignan.

Para cumplir esos fines habrá que considerar la cuestión ambiental en primer lugar. Estos suelos, que debemos tomar prestados del patrimonio de nuestros hijos y nietos, deben ser celosamente custodiados para hacer realidad el imperativo contenido en el art. 85 de la Constitución provincial reformada en 2008, que le encarga al Estado el aprovechamiento, la preservación y la defensa de los recursos naturales existentes. La cuestión ambiental ha de ser entonces, la primera preocupación en esta enorme tarea.

Habrá que realizar el catastro actualizado y definitivo de nuestras tierras públicas para saber con precisión que es lo que tenemos. Habrá que pensar en formas transparentes de explotación de nuestros suelos para que el gran negocio de aprovechar nuestras tierras públicas abandonadas e incultas sea el negocio de todos los entrerrianos. Y por fin habrá que movilizar a la opinión pública para que al acompañar al gobierno en esta dirección lo haga invencible.

En la proyección de esos propósitos, en verdad, la ley 10.092 no merecía las críticas que recibió. Sin embargo es cierto que como el gobernador Urribarri lo dice en su mensaje al auspiciar su derogación, resulta sensato volver la cuestión al punto inicial. No dar un paso atrás, sino tornar a dar el primer paso para avanzar con firmeza en el mismo camino y detrás de los mismos objetivos.

Y en esa dirección sólo cabe ponderar la propuesta de derogación de la ley 10.092 que eludiendo el fácil procedimiento del veto, permite asumir con transparencia, todas las dificultades implicadas por esta cuestión. ¿No es verdad acaso que quienes hoy critican este procedimiento habrían definido al veto, si se hubiera cursado, como una maniobra tendiente a eludir el debate y ocultar la verdad?

La propuesta de derogación de la ley 10.092 ha sido una acertada decisión de gobierno. Un gobernante que sabe reconocer los problemas; que no cree que todo se ha de resolver con autoridad; que no impone aun pudiendo sus decisiones de gobierno; que acepta las críticas y no se confunde con la lisonja fácil; que está dispuesto a recorrer los caminos del consenso, convocando a todos quienes quieran aportar sus puntos de vista, es un gobernante que interpreta cabalmente las exigencias de la democracia moderna.

Al promover la derogación de la ley referida el gobernador Urribarri se ha construido a sí mismo con este perfil pues, cuando se trata de encontrar los mejores caminos para la atención de los elevados intereses provinciales que a el le incumbe custodiar, no avanzar por derroteros que pudieran llevarnos a cometer errores, cambiando incluso, si es necesario, de opinión, comporta una decisión definitivamente virtuosa. Podemos entonces avanzar tranquilos, como con demostrada razón ha dicho el gobernador Urribarri, más de una vez, al reseñar su fecunda acción de gobierno.