Sólo un 11% de los trabajadores que perciben salarios del Estado se vio alcanzado por la Ley de Emergencia Solidaria que implicó suba del porcentaje de aportes a la Caja de Jubilaciones para quienes perciben salarios de más de 75 mil pesos.

Sólo un 11%. El número no da tanto cuenta del criterio de justicia de la norma como del deterioro del salario de estatales y docentes que en su inmensa mayoría están lejos de alcanzar el piso de haberes alcanzado.

En la voz oficial, desde que la Ley de Emergencia se puso en debate, se plantearon contemplaciones hacia el primer escalón de los agentes afectados por la ley, los de entre 75 mil y 100 mil pesos a quienes se impone una suba del 2% del aporte previsional.
Distinguir
“Puedo entender que entre 75 y 100 mil pesos no sea un salario excesivamente alto”, concedió Gustavo Bordet en diálogo con Página Política, oportunidad en la que, además, ratificó la decisión de “hacer un esfuerzo” en el contexto de la negociación paritaria porque “se entiende que sobre todo los salarios más bajos, de hasta 100 mil pesos, necesitan una recomposición”.

Desde la perspectiva del Gobierno, esa realidad salarial se hace visible en el marco de un “desequilibrio” y se pone el ojo en los sueldos más altos, asunto que será debatido más allá de la vigencia de la ley: “Cuando termine la emergencia, no queremos seguir gravando sueldos de trabajadores. Pero quienes tienen sueldos muy altos, de más de 200 mil pesos no pueden aportar lo mismo que un trabajador que gana 20.000”, dijo Bordet a este portal. También los legisladores del oficialismo prometieron resarcir al “primer escalón” de los agentes alcanzados por la Emergencia. Incluso se añadió un último artículo a la norma por el que se dispone que “para el supuesto que se alcanzaren los ingresos proyectados indicados en la ley de presupuesto vigente, el Poder Ejecutivo podrá desafectar de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos” en el tramo de haberes de 75 a 100 mil pesos. Se presentó un proyecto de ley previendo un impuesto a plataformas digitales con el fin de reunir los recursos públicos necesarios para desafectar del mayor aporte a este sector de trabajadores. Por ahora, nada.

Mientras tanto, ganó tiempo la Justicia al hacer lugar a una medida cautelar por la que se suspendió la suba de aportes que prevé la ley mientras se tramita la cuestión de fondo (el pedido de inconstitucionalidad de tres artículos). La cautelar puso a salvo exclusivamente al primer tramo en base a una serie de argumentos que podrían resumirse en la idea del “umbral de dignidad del salario”.

Otra medida similar de la Justicia evitó, unos días antes, el incremento de aportes en el caso de los jubilados.
Agmer repasó la suerte de la Emergencia en Tribunales Redacción de Página Política 03 Oct, 2020
Argumentos
La Jueza Nº4 Civil y Comercial Nº 4, Dra. Elena Albornoz, pone sobre la mesa algunos de los argumentos a los que recurre para fundar la necesidad de evitar que se lesionen derechos de los trabajadores y, particularmente, pone el foco en los del primer tramo de afectados por la Emergencia.

En el expediente que llega a sus manos, y tras el fracaso de una audiencia de mediación, son actores tres gremios docentes, Agmer, AMET y UDA, más la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Repasa tratados internacionales y el texto de la Constitución Nacional y provincial para fundar su resolución. “El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, introduce en el año 1957 los derechos sociales al disponer que ‘el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea”.

Rescata la magistrada, luego, el artículo 82 de la constitución entrerriana que insta a “promover el empleo y el trabajo decente, expresión que no se utilizaba en la Constitución de 1933 (fue incluida en la reforma de 2008) pero que hoy día resulta necesaria frente al auge del trabajo precario, los contratos basura, el empleo en negro, y tantas otras rémoras de la flexibilización laboral introducida en la década del 90”.

Para Albornoz “el agregado del reformador de 2.008 no resulta secundario ni puede suponerse que se trató de un simple giro vacío de contenido. Antes bien, siguiendo pautas interpretativas básicas, debe entendérselo como una ampliación de los derechos reconocidos en la constitución. Contiene un mandato claro en línea con la progresividad inherente a los Derechos Económicas, Sociales y Culturales”, pone de relieve la jueza.

Concluye entonces que “el Estado se encuentra constitucionalmente obligado a garantizar que los empleados y obreros dependientes del mismo, posean un salario que se fije conforme el costo de vida (art.14 bis CN y art. 82 CP), lo cual no se verifica en el caso de los trabajadores públicos de la Provincia de Entre Ríos, cuestión que sin duda esta Ley de Emergencia agrava”.
De la vida decente
El fallo repasa debates de la Constituyente de 1957 respecto de lo que suponía un salario digno, un salario “vital y móvil”. “Yo soy de los que creen que cuando dice vital ya se dice móvil porque es precisamente el salario que se va adaptando al costo de vida. (...) El salario vital mínimo comprende las necesidades esenciales para una vida decente. No se trata de un salario que solamente sirva para comer: es un salario para una vida decente que comprenda toda la integridad de la vida del trabajador: comer, vestirse, educar a sus hijos, tener asistencia médica , vivienda y un rato para el ocio y el esparcimiento”, dice Albornoz en una cita al convencional del 57, Horacio Thedy.

Agrega la definición de la OIT sobre “remuneración justa” que “debe bastar para proporcionar un nivel de vida decente a los trabajadores y sus familias. El adjetivo justa se refiere a prácticas de remuneración laboral justas y el adjetivo ‘decente’ a niveles salariales decentes”, apunta y señala que “el retaceo del salario de bolsillo con el fin de estabilizar el déficit previsional, que como expresamente se reconoció en la audiencia realizada en autos, resulta crónica evidencia de una medida, al menos cuestionable en su razonabilidad”.

Añade una enumeración de otros descuentos al salario, como el de la obra social, y aporta el dato del informe del Indec a agosto de 2020 según el cual se necesita para no ser pobre un salario de de $ 47.832.

Tras advertir que el legislador incluyó un artículo para poner a salvo de más aportes al primer tramo, Albornoz refuerza su idea que los agentes que cobran entre 75 mil y 100 mil pesos nominal integran “a las claras una franja de articulación, donde la afectación del umbral de dignidad del salario se hace patente”.

“La declaración general de emergencia no puede imponer un sacrificio sectorial que repute la sumisión de un sector a un margen inferior al límite de pobreza, según las mismas mediciones oficiales”, concluye sin perjuicio de que posteriormente se evalúe la situación “del resto de los escalones de la imposición adicional establecida por la norma impugnada”.

El debate sobre los “tramos” entre los distintos salarios del Estado seguirá presente, según lo anunciado por Bordet. Los sindicatos nunca lo pusieron en juego y plantearon siempre el rechazo al incremento de aportes sin distinguir montos. Los argumentos repasados en el fallo mencionado volverán a ponerse sobre la mesa en la provincia ante un alto porcentaje de agentes públicos que están lejos del “umbral de dignidad” de sus haberes.
Fuente: Página Política

Claves

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