Alberto Fernández otorgó este domingo por la noche una extensa entrevista al canal C5N en el que abordó todos los temas de agenda: deuda externa, paquete de leyes próximos a tratarse en el Congreso y la reforma judicial, entre otros temas.

El Presidente reveló que en conversaciones informales con gobernadores tomó conocimiento del “problema” que tenían los distritos que habían promulgado una ley de enganche, en la que los incrementos salariales de los integrantes del Poder Judicial de cada una de esas provincias que tiene ese sistema, replica el porcentaje que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación por resolución. “Varios gobernadores me contaron que en sus provincias está el enganche con la Justicia Federal. No puede ser. Es un problema. Resulta que un juez federal termina ganando lo mismo que uno de provincia”, dijo Fernández.

Entre Ríos es una de las provincias que tiene ley de enganche, la 10.068, que fue aprobada en diciembre del 2011 al finalizar la primera gestión de Sergio Urribarri. El objetivo fue equiparar los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales. La norma fijó una asignación de carácter remunerativo a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por funciones de representación y gobierno del Poder Judicial; y a los titulares de los Ministerios Públicos en concepto de representación y gobierno de sus respectivos ministerios, consistente en un 15% aplicable sobre los siguientes conceptos: asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos.

El texto determinó que la bonificación por antigüedad prevista que liquida aplicando las siguientes alícuotas por cada año de servicios computables, sean servicios prestados dentro o fuera del Poder Judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de Abogados respectivos: de 1 a 9 años: el 2,5%; de 10 a 19 años, el 3%; y de 20 años en adelante, el 3,5%.
El Poder Judicial, un privilegio para tocar Federico Malvasio 27 Dic, 2019
Gustavo Bordet anunció ante la Asamblea Legislativa una reforma judicial, pero no en materia económica. No obstante, luego de ese anuncio, el Congreso aprobó una ley de emergencia económica y solidaridad, así la llamaron en el gobierno nacional, que implica entre otras cosas austeridad en el seno de la administración pública. En Entre Ríos, la Legislatura e intendentes congelaron salarios por 180 días. En el ámbito nacional sucedió algo similar.

En Casa Rosada preguntaron, irónicamente, a los gobernadores: ¿ustedes en qué van a ajustar? Una sutil invitación a colaborar con la “solidaridad”.

Hay un debate que está latente y que en Casa de Gobierno aseguran que es inevitable: una reforma previsional. El 82 por ciento móvil, un derecho adquirido del que Entre Ríos debe jactarse, no cambiará. El costo político sería incalculable. La judicialización, escandalosa. El sistema previsional, bajo el objetivo de “armonizar” las provincias con Nación, dejó de ser un tema tabú. Es lo que viene, guste o no.

Posiblemente en Entre Ríos se promueva una ley que implique un ajuste en semanas. Jorge Chemes, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), se ve venir un impuestazo en el inmobiliario rural.

El gobierno nacional está pensando en reformas estructurales. Lo que sucederá en la provincia es una incógnita.
Fuente: Página Política

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