La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

La iniciativa contó con 133 votos a favor, del Frente de Todos y bloques provinciales; 115 en contra, de Juntos por el Cambio, y 2 abstenciones de la Izquierda.

Con estos números, el Gobierno festejó con los legisladores en las bancas, en las pantallas y en la calle con la militancia que se fue acercando a las adyacencias del Congreso Nacional desde el comienzo de la sesión alrededor del mediodía de este martes.

El proyecto alcanzaría a poco más de 9.200 personas que tienen patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos. En sus ejes centrales establece que es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. Sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.

Se aplicará una tasa progresiva del 2 al 3,5% de acuerdo con la capacidad patrimonial, con la cual el Gobierno espera recaudar $307.000 millones, cerca de 1,1 punto porcentual del PBI.

Autoridades del Gabinete económico anticiparon que los recursos que se recauden serán destinados a distintos fines: el 20% para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20% para las pymes, 15% para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20% a becas Progresar y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.

Necesidad recaudatoria

Marcelo Casaretto destacó el rol del Estado en la pandemia y la inversión de “casi 7 puntos del PBI en sostenimiento de las empresas, de los empleos, de las provincias y de los municipios”. “Muy pocos antecedentes de que un Estado apoye la iniciativa privada y al que invierte, a conservar las fuentes de trabajo”, agregó el diputado.
El oficialista subrayó que “el Estado necesita financiamiento” y recordó que la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté “vedado el acceso al financiamiento del crédito”. Pero aunque exista “la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria”, el legislador dijo que “necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional” sobre “aquellos sectores que tienen capacidad contributiva”.

En su alocusión, el titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social indicó que alcanza a personas con un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos, y que hay “una expectativa de recaudación de más de 300 mil millones de pesos”, con una “aplicación de sentido federal”.

Casaretto cuestionó a quienes manifiestan que “el Gobierno no tiene un plan económico”. “Por supuesto que tiene plan económico, y por supuesto que este aporte solidario se inscribe en nuestra concepción de plan económico. No es tener un plan económico liberal, un plan económico de ajuste, no es tener una carga impositiva menor para los sectores más poderosos”, enfatizó.

Y añadió: “No es lo que hizo (Mauricio) Macri al inicio, que fue bajarle el impuesto a los Bienes Personales, bajar el impuesto a las Ganancias, bajar retenciones a los sectores más poderosos de la sociedad. Esa no es la única manera de gobernar, nosotros tenemos otros valores, otros principios, otros conceptos”.

Para el oficialista, el aporte solidario y extraordinario “es de estricta justicia” y “no descapitaliza a las empresas, esto no afecta las inversiones, esto no es un impuesto sino un aporte solidario. No es inconstitucional y no es confiscatorio”.

Finalmente, aseveró que se trata de “pedir un esfuerzo a los sectores más poderosos de la sociedad para poder invertir en los trabajadores y los sectores que menos tienen”.

“Somos un país más justo”

Blanca Osuna consideró que “hoy es un día de alegría, por haber cumplido con nuestra tarea como legisladores en un paso más de igualdad”.

La legisladora manifestó que la ley pide un “esfuerzo, por única vez, a aproximadamente 9298 personas, que tienen un patrimonio superior a 200 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer distintas políticas transversales de inclusión y derechos”.

Expresó que con esta decisión el Parlamento hizo su trabajo “en favor de legislar por la justicia, abriendo la puerta de la solidaridad, en pos de que se constituya un fondo para que se pueda aplicar al fomento y rescate de las pymes, al desarrollo digno de barrios populares, a la recuperación y ampliación del Programa Progresar, a la consolidación de la infraestructura sanitaria y a programas de exploración de gas natural”.

Osuna explicó que esta medida “junto con los ejes programáticos del Presupuesto 2021, que también sancionó la Cámara, y otro conjunto de políticas y estrategias del Gobierno nacional, apunta a la reconstrucción de la Argentina de la producción y el trabajo, buscando cada día ser un poco más justos”.

Por último, criticó a quienes disfrazan argumentos para defender intereses minoritarios y poderosos y rechazar esta medida. “Mauricio Macri durante cuatro años estableció una baja sobre los impuestos, las rentas y los patrimonios de las grandes empresas, pero lejos de mejorar las inversiones, solamente colaboró en la caída del sector productivo de un 16%”, argumentó la Presidenta de la Comisión de Educación de Diputados.

“Pan para hoy y hambre para mañana”

Atilio Benedetti había adelantado su rechazo ante la consulta de Página Política cuando reconoció que era alcanzado por el proyecto.
Benedetti deberá pagar el Aporte a las Grandes Fortunas Redacción de Página Política 16 Nov, 2020
En su alocución, Benedetti consideró que este proyecto “implica pan para hoy y hambre para mañana y atenta contra quienes producen, invierten, movilizan la actividad económica y son capaces de generar un bien preciado que escasea en nuestra Argentina: puestos de trabajo dignos”.
“De manera urgente la Argentina necesita de empresarios y empresarias con ganas de crecer, de expandirse y producir, pero este tipo de leyes desalienta las inversiones y va a contramano de lo que hacen otros países, como Uruguay, que apuntan a bajar la presión impositiva y establece beneficios fiscales para la radicación de empresas”.

Sostuvo que se trata de “un impuesto confiscatorio” y consideró que “es un error conceptual cargar contra quienes motorizan la economía en un contexto de desfinanciamiento”.

Advirtió que “el umbral de 200 millones es muy bajo”, teniendo en cuenta que muchas pymes serán alcanzadas porque llegan a ese monto entre capital de trabajo, bienes de cambio y bienes de uso.

En tal sentido, el diputado radical avizoró que habrá empresarios que tendrán que descapaitalizar sus empresas para pagar este impuesto.

Luego manifestó sus dudas sobre el carácter excepcional de este aporte: “Quiero advertir sobre el riesgo de que la excepcionalidad se convierta en normalidad, ya que muchos impuestos se implementaron por única vez, pero llegaron para quedarse, como el Impuesto al Cheque o las Ganancias”.

Por último, Benedetti cuestionó la falta de voluntad del gobierno nacional para avanzar contra los paraísos fiscales, contra quienes vienen evadiendo y tienen sus fortunas en otro lado en vez de invertir en el país.
Gaillard apeló a la solidaridad en momentos críticos Redacción de Página Política 17 Nov, 2020
Fuente: Página Política

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