Los gremios de estatales y docentes, ATE y Agmer; la Bancaria; las corrientes sindicales, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, CTA Autónoma de Paraná y CCC; Apyme; la Asamblea Vecinalista de Paraná; CEPA de la militancia universitaria; Multisectorial de Mujeres Entrerrianas; La Poderosa y organizaciones territoriales y de la Economía Popular como Somos Barrios de Pie, CTEP, el Movimiento Ni un pibe menos por la droga; la Federación Nacional Campesina de Entre Ríos; el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Barrios de Pie, Sindicato de Ladrilleros y MTL rubricaron un sólo texto de rechazo a la Emergencia Solidaria que propone el gobierno de Gustavo Bordet en el marco de la pandemia.

Especialmente hacen foco en los artículos 4, 5 y 6 del proyecto que alude a los cambios en las aportes que se hacen a la Caja de Jubilaciones de la provincia en los casos de haberes mayores a 75 mil pesos.

“Consideramos que es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas”, reclamaron las organizaciones como multisectorial.

Repasan el proyecto de ley que declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos” y en este marco entienden la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena la Argentina y Entre Ríos.

Sin embargo rechazan “de plano” que parte de la crisis se descargue sobre quienes trabajan ya que “la función del Estado debe ser la de proteger a este sector con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia; esfuerzo que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios”.
4, 5, 6
Por eso ponen el acento en los artículos 4, 5 y 6 del proyecto en los que propone la reforma provisoria de los aportes personales y previsionales. A entender de quienes firman, esta medida “persigue un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre quienes trabajan en actividad o son jubilados, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad”.

“Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de quienes trabajan sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste”, reclaman la multisectorial.
Impuestos a quien
Del otro lado, se apunta que la iniciativa “también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada” lo que se pone de manifiesto en los artículos 7, 8 y 9 que incrementa los gravámenes de las entidades financieras, el comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil hectáreas.

“Consideramos que estos son los sectores, entre otros, que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia. Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura”, argumentan y explican que en un texto del 8 de junio decían estas organizaciones que “frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la fortunas) para los grandes patrimonios. También sugeríamos redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios”.
Otros sectores
“Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto Grande que implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas”, continúa el texto.

“Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores/as y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada”, concluye el texto.
Fuente: Página Política

Claves

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