Adán Bahl preside el Senado, uno de los cuerpos de la Legislatura que está bajo la lupa de la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una supuesta asociación ilícita. Según el Ministerio Público Fiscal se fraguaron unos 2.000 millones de pesos en el período de diez años: entre 2008 y 2018. Con la excepción del período 2007-2011 en la Cámara de Diputados, años de los que no quedó un sólo papel y el Poder Judicial decidió ignorar ese detalle. El vicegobernador no había hablado sobre la causa que el 3 de octubre pasado se instaló en la agenda pública cuando Página Judicial reveló allanamientos a dos estudios contables que se encargaban de la administrar los contratos leoninos por los cuales se recaudaban sumas millonarias mensualmente a través de contrataciones ficticias con gente de escasos recursos. Lo que hace la trama mucho más perversa.

En una entrevista en el programa Esto que se dice, que se emite por Radio Costa Paraná, Bahl fue consultado sobre el tema.

“Nosotros nos pusimos inmediatamente a disposición de la Justicia cuando aparecieron los primeros indicios y tomamos las medidas administrativas. Luego la Justicia nos requirió información que fue remitida: del 2018, 2017, 2016 y parte del 2015”, contó el presidente del Senado.

A las 48 horas de conocerse el escándalo, Bahl decidió desafectar del cuerpo a Gustavo Pérez, quien se desempañaba como director general de la Administración del Senado. Luego fue detenido y hace una semana se le concedió la prisión domiciliaria.

El precandidato a intendente de Paraná por el justicialismo reveló que este martes recibieron el pedido de una ampliación de la información requerida en su momento. Básicamente contratos de obra y servicio. “En las próximas semanas van a estar remitidas a fiscalía. Estamos trabajando en la información del 2008 al 2015, que es una documental muy voluminosa que se ha pedido clasificada y que seguramente se va a remitir”, narró Bahl ante la solicitud de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

El vicegobernador contó que “a partir de este año se implementó un sistema muchísimo más restrictivo donde el procedimiento tiene muchísimos controles, aún más de los que utiliza el Ejecutivo (para contratar). Eso nos da tranquilidad de que situaciones de éstas características que pudieron haberse cometido en la Legislatura desde hace mucho tiempo no se van a volver a cometer”, se jactó.

Se lo consultó si una vez asumida la presidencia de la cámara tuvo alguna sospecha que existía un sistema de contrataciones con el fin de recaudar. “No sospeché nunca. Cuando aparece (el tema) tomé las medidas inmediatas”, sostuvo. Y explicó: “Hay un procedimiento administrativo que está intervenido por el Tribunal de Cuentas, reglado por determinados pasos y hay conceptos presupuestados donde existen las transferencias, los cheques y los contratos firmados y una autoridad legítima que aprueba el contratos a través de un decreto. Se presume que el trámite administrativo es legítimo, legal y ejecutable”.

Más adelante anunció una medida: “Hemos establecido a través de un decreto nuestro, implementando desde el 1º de enero, una secuencia para tramitar dicho procedimiento administrativo que prevé cualquier tipo de situación”.

El vicegobernador fue consultado sobre cuál sería su decisión en caso que la fiscalía lo llame a indagatoria. “Estamos a disposición y cuando sean requeridas las explicaciones estaremos ahí para explicar el caso”, respondió.

-¿Se ampararía en los fueros?

-No, para nada. Aparte si yo voy de candidato a intendente no tengo fueros. Si tuviera miedo iría de candidato a diputado.
Fuente: Página Política

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