Gustavo Bordet decidió hacer lugar a un requerimiento que hizo el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell: disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos expedientes concluidos o paralizados que no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres años.

Esa inquietud fue planteada por el vocal al presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, hace dos semanas, ocasión en el que el magistrado le presentó el proyecto. Este jueves el Gobernador le confirmó a su coterráneo en una reunión en Casa de Gobierno que la iniciativa tiene el apoyo del oficialismo. La misma había generado la reacción del diputado del PRO, Esteban Vitor, quien dijo que el tema se tendría que haber discutido durante el proceso de adjudicación de agente financiero al Bersa.

La reunión del mandatario con el presidente del cuerpo surge en el medio de fuertes críticas por parte de los abogados por las decisiones tomadas en el seno del Poder Judicial en el marco de la pandemia. También luego de que el gobierno provincial promoviera y aprobara la Ley de Emergencia Solidaria que, entre otras cuestiones, desengancha a los judiciales de la paritaria que fija el Poder Ejecutivo nacional a instancias de la propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Siempore más jugosa que lo que se negocia en el ámbito provincial.

El último encuentro institucional con sectores de la Justicia, aunque no se difundió pero dio a conocer Página Judicial, fue el 28 de junio. Bordet recibió a la Asociación de Magistrados de Entre Ríos luego de aprobarse la ley. La entidad había difundido antes del tratamiento legislativo un duro documento en el que se expresaba que la norma “comprometía seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado”.

La presidenta de la Asociación, Gabriela López Arango; y el tesorero de la misma, Alejandro Cánepa; se llevaron la promesa de discutir una reglamentación que compatibilice la Ley de Emergencia Social y las paritarias judiciales. Sería, básicamente, eliminar el artículo que suspenda la Ley de Enganche. De esa negociación se encargaría la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

En la reunión de este miércoles, Carbonell detalló a Bordet el equipamiento y material adquirido con los casi veinte millones de pesos recaudados por el Fondo Solidario Judicial por la pandemia, que será entregado en los próximos días al Ministerio de Salud. También se garantizaron, por parte del Ejecutivo, partidas presupuestarias para que este año se puedan realizar los primeros juicios por jurados, que no estaban previstas para este año, donde se llevarán a cabo las primeras experiencias.

Mientras tanto, en tribunales y tiempo de pandemia, avanzan presentaciones contra la Ley de Emergencia Solidaria y se suspenden juicios en los que se investigaron delitos en la administración pública.

Los docentes están a la espera de un fallo inquietante que fue favorable con la firma del juez Angel Moia. El STJ ya ha declarado constitucional la ley de emergencia. Dijo el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, consultado esta semana por Página Política sobre el funcionamiento del Poder Judicial: “Me parece que hay jueces y juezas que hacen honor al lugar que ocupan, pero hay cosas que preocupan. Tengo la sensación que en primera y segunda instancia las cosas se definen conforme a derecho, pero más arriba las cosas se definen desde otro lugar. No precisamente ajustado a derecho y ahí las presiones políticas juegan su rol”.
Fuente: Página Política

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