El gobernador Gustavo Bordet enviará a la Legislatura un proyecto de ley para instrumentar el juicio por jurados en la provincia.

El anuncio surgió tras la última reunión de gabinete y se oficializará el próximo jueves 27 de junio en el marco de unas jornadas de debate que se desarrollarán esta semana en Paraná, con participación de funcionarios judiciales, el Colegio de Abogados, el Ministerio de Gobierno, la Legislatura y referentes nacionales de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

“No es un tema menor el juicio por jurados. Es nada más ni nada menos que la participación ciudadana en la administración de justicia, que sería planteada con doce jurados ciudadanos, mitad mujeres y mitad varones, que juzgarían los delitos penales que tengan una pena prevista de más de veinte años de prisión; es decir, los delitos más importantes y que más afectan a la vida de las personas de Entre Ríos”, había adelantado la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el último viernes.

Fuentes oficiales confirmaron a Página Judicial que el mandatario presentará el proyecto el próximo jueves, junto con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, en el marco de las jornadas de juicio por jurados organizada por el Instituto Alberdi, la escuela de capacitación y formación judicial del alto cuerpo.

El sistema de jurados populares está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853, pero hasta el momento solo se ha implementado en siete provincias argentinas: Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chaco, Mendoza y San Juan.

De lo que se trata es que una persona sea juzgada por sus pares, ciudadanos que no sean abogados ni escribanos, tampoco policías ni aquellos que tengan relación con los poderes públicos, elegidos del padrón electoral, del mismo modo que los presidentes de mesa. Esas doce personas deciden en una deliberación secreta si un imputado es culpable y, en caso de que así sea, un juez técnico establece el monto de la pena que le corresponde.

El Colegio de Abogados de Entre Ríos, a través del Instituto de Derecho Penal, viene impulsando desde hace varios años la implementación de los juicios con jurados populares en la provincia; y en 2018 le presentó formalmente al gobernador un proyecto de ley elaborado por Julio Federik.

Esta semana se realizarán unas jornadas para debatir sobre las ventajas del juicio por jurados y la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, del que participarán, entre otros, del presidente y vice de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch, respectivamente; el vicepresidente de Inecip, Alfredo Pérez Galimberti; magistrados de algunas provincias donde está vigente el sistema, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón y abogados del foro local.

En ese marco, el jueves 27 de junio, el gobernador Gustavo Bordet firmará el proyecto que presentará luego a la Legislatura, que se desconoce hasta el momento. La iniciativa está guardada bajo siete llaves, pero se dejó trascender que se trata de algo distinto a lo que en su momento presentó el Colegio de Abogados, aunque con aportes extraídos de ese proyecto, y otros realizados por la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Inecip y el STJ.

El juez Elvio Garzón, coordinador del STJ para el estudio de proyectos normativos, de funcionamiento y protocolos de implementación del sistema de juicio por jurados en la provincia, sostuvo que el sistema “es la expresión máxima de la democratización de la justicia” y resaltó que, en principio, estará restringido “a delitos cuya pena fuera de una determinada cantidad de años”. El Colegio de Abogados propone que sea para delitos cuya pena en abstracto sea superior a los doce años, aunque con opción del imputado para elegir si quiere ser juzgado por un juez profesional o por un jurado popular.

En diálogo con el programa Cinco Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, sostuvo que “en la Constitución Nacional de 1853 está establecido que los juicios criminales deben concluir con el juicio por jurados; también la Constitución de Entre Ríos de 1933 lo establecía y la actual lo mantiene, de manera que se trata de una manda constitucional”.

Entre los beneficios que acarrearía el sistema, el magistrado señaló que la participación popular “daría mayor imparcialidad a las resoluciones judiciales porque el jurado se renueva constantemente” y ejemplificó que “a una persona tal vez puede tocarles ser jurado solo una vez en la vida, es decir, los jurados se van renovando y eso es diferente al rol que tienen los jueces que a veces siguen determinados criterios”.
Fuente: Página Política

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