Comienza la tercera temporada de la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura en la que se investiga el saqueo de dineros públicos durante una década. Seguramente sea la última. En la Procuración General dicen que habrá una segunda parte. Es posible que no se filme. El tiempo introduce calmante en las elites y, finalmente, el rigor del derecho penal termina aplicándose en los sectores más empobrecidos de la sociedad. Los inmovilizados. Los que no forman opinión. Los que comen salteado. Los que se pelean entre ellos y se movilizan para que en el barrio no residan “personas peligrosas” ni siquiera con una tobillera. Los pobres se pelean, las elites (también el periodismo) dialogan, consensúan.

Todas las partes que intervienen en la causa de los contratos truchos consultadas por Página Política respondieron lo mismo: se está a la espera de una pericia que determinará qué contrato fue trucho y cuál no y, así, también se debería determinar el daño al erario público en el plano económico. ¿No debería haber sido una de las primeras medidas?

En el agitado 15 de diciembre de 2018 los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dijeron en una audiencia en la que se definían las prisiones preventivas que se estaba ante, apenas, “los pies del monstruo”. Se determinaba, allí, si irían a la cárcel Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera).

Los otros administrativos imputados pero sobre quienes no recayó la prisión preventiva en todo el proceso fueron Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso. El contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp.

En los dos años de proceso se revelaron un sinnúmero de pruebas, pero la causa no se movió un ápice en torno a los sospechosos y responsables que hicieron dinámico el sistema por el cuál se extrajeron fondos públicos en el término de dos mandatos y medios. El monstruo no apareció.

En el medio se reveló que la coordinadora de la investigación, Cecilia Goyeneche, tenía dos medias propiedades con Opromolla, contratado en la Cámara de Diputados y, a la vez, socio de Sebastián Orlando, el esposo de Goyeneche y contador del Concejo Deliberante en la gestión anterior, donde sobrevolaron indicios similares a los que se estaba investigando en la Legislatura pero desde el Ministerio Público Fiscal se decidió no abrir una pesquisa.

Integrantes de un órgano político como es el Poder Legislativo no fueron imputados y la procuradora adjunta no fue convocada por el ámbito correspondiente para evaluar si hubo o no un mal desempeño de sus funciones al no excusarse ante hechos de público conocimiento y reconocidos por su jefe inmediato, el procurador.

La causa de los contratos se inició por un par de policías avispados que vieron cosas raras en un cajero del Bersa. Los cuerpos investigativos en el sistema judicial en Entre Ríos se nutren, básicamente, de la policía administrativa que depende del Poder Ejecutivo. En 10 años se tornó aburrido hacer referencia a la creación de una policía judicial que se solía presupuestar.

La semana anterior todos los representantes de la comunidad judicial; el Superior Tribunal de Justicia, los titular de los ministerios públicos, la Asociación de Magistrados, y el sindicato de judiciales; se reunieron para abordar la política salarial del sector ante la noticia que se podía derogar la Ley de Enganche. El sábado el gobernador Gustavo Bordet no anunció nada al respecto. Hubo respiro aliviado en la primera fila en el Centro Provincial de Convenciones.
Fuente: Página Política

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