Las declaraciones públicas de Jorge Amílcar Luciano García aceleraron los tiempos en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura. El procurador general puso en palabras lo que se respiraba en las audiencias desde diciembre del año pasado: la idea de cerrar la pesquisa en que la se investiga el desvío de dos mi millones de pesos durante una década en las cámaras de diputados y senadores, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. La elevación a juicio tendría una promesa de iniciar luego una segunda parte, maniobra que ya empezó a tener recriminaciones jurídicas.

Las primeras disidencias con el presente de la causa que llevan adelante los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro las manifestaron los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores del imputado Alfredo Bilbao. Los letrados aseguraron en una entrevista con Página Judicial que en el legajo “hay muchas pruebas para avanzar con las más altas esferas de las cámaras”, ninguna de ellas imputadas. Como tampoco hay imputaciones a las responsables políticos que estuvieron en los cuerpos legislativos en la última década. Ante los distintos posicionamientos, el abogado Emilio Fouces dio su visión. Aseguró que “hay un poco de picardía” en la determinación de elevar la causa a juicio en una primera parte, a la que anticipó que se opondrá. “Si la Fiscalía no avanza, es porque no existe ni una sola prueba que acredite su teoría”, sostuvo el letrado, que cuestionó la calificación de asociación ilícita en la que se encuadró el caso para investigar y advirtió que es “inverosímil” el monto de 2 mil millones de pesos.

Fouces; defensor de cinco imputados en la causa, entre ellos el administrativo de la Cámara de Diputados Sergio Cardoso; sostuvo: “Disiento con los colegas Humberto Franchi, Vernengo y Petenatti. Entiendo que si la Fiscalía no avanza, es porque no hay pruebas. Y no solamente para avanzar contra otras personas, sino pruebas como para comprobar o acreditar la teoría del hecho que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal”, manifestó en un comunicado.

Y agregó: “Respeto muchísimo a estos colegas y los considero excelentes profesionales, pero tengo un punto de vista totalmente distinto. En algunos medios se informa sobre la postura de estos colegas como si fuera común a todos los defensores y esto es inexacto. Concretamente, creemos que ni las personas que están siendo investigadas ni ninguna otra tienen responsabilidad en la teoría del hecho que ha descripto la Fiscalía”.

En primer término, Fouces resaltó un punto: “Acá no hay contratos truchos. Los contratos son muy reales, lo han dicho los propios contratistas a los que han entrevistado los fiscales. Esas personas han reconocido que a los contratos los firmaban y que emitían sus facturas, así que lo primero que tenemos que desmitificar es que estamos frente a contratos falsos. Estamos frente a contratos muy reales donde hay una persona que fue contratada, que voluntariamente firmó un contrato y que voluntariamente emitía una factura para poder cobrar su dinero”, describió.

Otro aspecto que marcó el letrado es que la Fiscalía hace referencia a una supuesta asociación ilícita. “Esto no es así, dado que la mayoría de las personas investigadas no se conocen entre sí y no se pudo acreditar que haya algún tipo de organización en ese sentido. No existe ni una sola prueba en el legajo para sostener esas aseveraciones”, aseguró.

Fouces también puso en cuestión el presunto monto de dos mil millones de pesos como sumatoria del supuesto desvío. “Es una cuestión que no está para nada clarificada, dado que nunca la Fiscalía nos dio respuestas concretas al respecto. Pero aun así han logrado imponer este monto en la opinión pública para hacer grandilocuente la cuestión y hay que decir que es una suma absolutamente injustificada e inverosímil”, se quejó. Y añadió: “Es inconsistente, además, porque deberían decir mínimamente cuál fue el destino, donde está ese dinero, y esa parte del relato tampoco cierra”.

Segunda parte

Sobre el planteo de una supuesta segunda parte de la causa, como dejó trascender García, el abogado adelantó que se opondrá, ya que según entiende, “les facilitaría o intentarían que les facilite no tener que explicar en esta primera instancia qué fue del destino de los fondos que, según dicen, se sustrajeron”.

“Hay un poco de picardía en este intento de desdoblamiento, ya que no creo que lo terminen haciendo”, expresó. Y dijo que “llama la atención que el procurador indique que para investigar esto necesitaría 10 años más, porque habló del año 2030”.

“En esta causa todo es muy rebuscado y lo cierto es que hay un grupo de personas que están siendo investigadas e incluso algunas han sido privadas de su libertad de manera totalmente injustificada. También existen embargos y otras cuestiones, pero más allá de los dichos periodísticos de unos y otros, la realidad es que los elementos que ha exhibido hasta ahora la Fiscalía son muy pobres para poder avanzar contra las personas que están siendo investigadas”, concluyó.
Fuente: Página Política

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