En las voces de los diputados Gustavo Cusinato (UCR) y Nicolás Mattiauda (PRO), el interbloque de Diputados de Cambiemos rechazó este jueves el proyecto que respalda el decreto nacional.

Cusinato sostuvo que “si hay algo está funcionando bien y en lo que ha habido grandes inversiones son justamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, por lo que calificó como “un retroceso” la posibilidad de modificar este esquema.

“Este tipo de medidas no resuelve las brechas digitales y trae más problemas que soluciones”, afirmó luego Cusinato.

“El temor es que en la medida en que estas tecnologías se vayan transformando en servicios públicos será muy difícil que se realicen las inversiones necesarias debido a que se trata de un sector en el que la tecnología cambia día a día y las inversiones son permanentes”, advirtió el legislador.

Y fue más allá al decir que “al estar considerados como un servicio público, deberá ser el Estado el que se haga cargo de las inversiones, si es que no lo hacen las empresas privadas”.

“En un país que todavía tiene problemas para garantizar servicios como el agua, las cloacas o el gas, creo que hay que priorizar los recursos, destinarlos a resolver cuestiones elementales y quizás dejarle al sector privado lo otro -con las exigencias y controles correspondientes- para que cada argentino tenga acceso a la tecnología”, afirmó el diputado radical.

Por su parte, Mattiauda también presentó un proyecto sobre el tema pero bajo una mirada distinta.

Sostuvo que la declaración de internet, telefonía y TV paga como servicio esencial “pone en riesgo a decenas de empresas locales de cable” y “el congelamiento de tarifas hace peligrar la continuidad del servicio por parte de estas empresas”.

“En Entre Ríos hay casi 180 empresas locales que proveen cable e internet, generalmente a localidades pequeñas a las que no llegan las grandes empresas de telecomunicaciones. Se trata de una actividad que genera actividad económica, empleo y a la que están vinculadas más de siete mil entrerrianos”, indicó.

“Son estas empresas privadas las que llevan el servicio a 1650 escuelas primarias y secundarias de la provincia, por lo que si éstas están en riesgo también se pone en riesgo la igualdad del sistema educativo y todas las otras actividades vinculadas a la salud, el comercio, la industria, etc”, concluyó Mattiauda.
Fuente: Página Política

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