“Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios”. En la Iglesia Católica los asuntos del alma y los de la tierra suelen aparecer fuertemente vinculados. Las almas no se mensuran, pero las propiedades están perfectamente registradas. Para la Iglesia los servidores pueden ser voluntariosos muchachitos de pechera amarilla que asisten a los feligreses en cada evento masivo, pero también pueden ser las computadoras donde se almacenan el millar de inmuebles que nutren sus riquezas terrenales tan solo en esta provincia.

En efecto, en Entre Ríos la Iglesia tiene registrada 995 partidas de inmuebles, que incluyen los templos, pero también las casas, campos, granjas, salones comerciales, terrenos baldíos que han recibido en concepto de donaciones. Y en poder de la misma Iglesia Católica hay en territorio entrerriano 217 vehículos, entre autos, combis, colectivos y algún camión que necesiten para los insondables recodos de la obra pastoral.

Nada de eso paga impuesto. Si la Iglesia Católica fuera un contribuyente más, sería el más importante del fisco entrerriano. Pero en un país donde hasta una madre desocupada paga el 21 por ciento de impuesto en el litro de leche que compra para su hijo, la bimilenaria institución no tributa.
Sin embargo, aparece en los registros catastrales, de propiedad e impositiva, aunque inmediatamente en el casillero correspondiente a calidad de contribuyente aparezca, cada vez, la palabra “exento”.

Esa prerrogativa se llama “gasto tributario”. El gasto tributario puede definirse como los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar concesiones tributarias que benefician a contribuyentes o sectores. Por ejemplo, cuando un gobierno quiere beneficiar alguna actividad comercial, puede otorgar la exención de impuestos. En el caso de la Iglesia, como en otros credos reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, todo es exención.

La liberación del compromiso de tributar que tiene la Iglesia es materia de controversia y debates permanentes en todo el mundo. Ahogada en una profunda crisis económica, el gobierno italiano intentó recientemente levantar la exención del pago de tasas municipales a los inmuebles eclesiásticos y sólo en ese concepto, el fisco de la península esperaba sumar unos 700 millones de euros al año. Tras anunciar que la Iglesia acompañaría el ajuste general, el primer ministro Mario Monti fue invitado por Benedicto XVI a asistir al Vaticano y tras un encuentro privado las pretensiones oficiales fueron abandonadas. Así, el Papa terminó bendiciendo las políticas neoliberales de Monti y aseguró que su Iglesia continuara sin pagar impuestos.

En la base de datos del Gobierno de Entre Ríos, las partidas de esa misma Iglesia están todas registradas. Pero en el inventario de los “gastos tributarios” (es decir de los que no pagan con debida autorización estatal) sólo figura una pequeña parte de los bienes terrenales de la Iglesia.

Aunque los registros están desactualizados. Para conocer los números reales y los registros oficiales, hay que empezar por decir que la Iglesia Católica aparece como titular de tan sólo 3 inmuebles rurales exceptuados por valor de 4.603,70 pesos, mientras que otras instituciones religiosas tienen 6 propiedades. En el impuesto para propiedades sub-rural tiene 12 partidas por un monto de 12.772,60 pesos de impuestos exceptuados, y en zona urbana 155 propiedades por 71.337,90 pesos de impuestos exceptuados. Sin embargo, esas cifras “son prehistóricas”, según dijo a Análisis una fuente de la esfera pública. Y está en lo cierto. Sólo de comparar esos valores y esa cantidad de partida con el registro de contribuyentes de Rentas de Entre Ríos se advierte que la base de “gastos tributarios” está desactualizadísima.

“Ni en la Dirección General de Rentas, ni ahora en la Administradora Tributaria de Entre Ríos se pone tanto esfuerzo en actualizar datos sobre contribuyentes exceptuados del pago. Casi no tiene sentido frente a tantas otras cosas que hay por hacer”, explicó la fuente consultada. En otras palabras: ¿para qué actualizar la base de datos de la Iglesia si igual no se les va a cobrar? Pero esta revista lo consiguió y los números reales se incluyen en los siguientes párrafos.
Un llavero gigante

En su representación iconográfica, San Pedro aparece con la llave del cielo. ¿Qué tan grande debería ser el llavero que contenga las llaves de cada propiedad de la Iglesia entrerriana?

Para tomar en cuenta, en el registro de contribuyentes –que sí está actualizado como trámite necesario para la exención– la Iglesia Católica tiene 995 propiedades. Una sola está a nombre de la Iglesia Católica Argentina. El resto se divide entre tres propietarios: Arzobispado de Paraná, Obispado de Concordia y Obispado de Gualeguaychú.

* El Arzobispado de Paraná tiene 573 propiedades divididas así: una en Villaguay, una en Tala, 3 en Federal, 9 en Victoria y 38 en Villaguay, las restantes 521 en departamento Paraná.

* El Obispado de Concordia registra, en toda su jurisdicción, 250 propiedades. De ese dos y medio centenar, 41 están en el departamento Colón, 68 en Federación, una en Paraná (pese a que no corresponde a la jurisdicción), 28 en Federal, 7 en San Salvador y 105 en Concordia.

* El Obispado de Gualeguaychú tiene 168 propiedades, así distribuidas: 8 en Gualeguay, 11 en Islas, 36 en Tala, 21 en Uruguay, 14 en Victoria y 79 en Gualeguaychú.

Hay que decir que esas partidas no siempre coinciden con el lugar de asentamiento, aunque sí en la mayoría de las veces. Eso explica por ejemplo que no haya registro de Diamante, por caso, o Nogoyá, donde la Iglesia tiene campos. Es posible que las partidas de esos lugares figuren como en Paraná.

También vale aclarar que las 995 propiedades que tiene la Iglesia romana incluyen las parroquias, pero éstas solo suman 118 en las tres diócesis en que está dividido el territorio entrerriano.

La planta automotriz de la Curia es importante en Entre Ríos. En total hay 217 vehículos anotados a nombre de la Iglesia Católica que, como tal, no pagan impuestos. La diócesis de Paraná tiene 181 curas y 129 autos. La diócesis de Gualeguaychú tiene 56 curas con 69 vehículos. Una situación extraña porque implica que habría más de un auto por sacerdote, aunque hay que aclarar que esa cifra comprendería a rodados a cargo de mojas y otros religiosos. En tanto la diócesis de Concordia, tiene 45 curas 19 autos registrados.

Entre Ríos es un puntito en el mapa donde la Iglesia tiene presencia contante y sonante. El recientemente fallecido periodista Héctor Ruiz Nuñez escribió en “La cara oculta de la Iglesia”: “Cuando en el año 754, Pipino el Breve donó al papa Esteban II los territorios italianos conquistados, fundó el Estado pontificio y dio origen al poder temporal de la Iglesia. Desde ese episodio fue creciendo el patrimonio eclesiástico hasta alcanzar magnitudes que apabullaron a los propios reyes. El poder fuertemente centralizado y una administración sabia para su tiempo, produjeron una de las potencias económicas más formidables que ha conocido la historia. La filosofía romana del derecho de propiedad: ius utendi et abutendi (derecho a usar y abusar), fue incorporada a la doctrina religiosa”.

Con sotana y coronita

Por estos días, la Cámara de Diputados de la Nación se dispone a modificar el Código Civil. Sin embargo poca voluntad se ha expresado para poner punto final a un privilegio con que cuenta la Iglesia Católica sobre cualquier otro culto al definir, el texto legal imperante, qué y cuáles son las personas jurídicas de carácter público. En el artículo 33, se indican tan solo tres grupos de personas jurídicas de carácter público: 1) el Estado nacional, las Provincias y los Municipios; 2) Las entidades autárquicas; 3) La Iglesia Católica.

Algunas organizaciones laicistas propugnan la modificación al artículo, y ahora que el Código Civil está siendo revisado piden que se suprima el privilegio de ser nombrado como única persona jurídica de carácter público por fuera de las esferas estatales. La Coalición Argentina por un Estado Laico considera que al culto con sede central en Vaticano “se le otorga un status excepcional en nuestro marco jurídico con beneficios comparables a cualquier institución del Estado, y eso hace, por ejemplo, que sea inembargable”.

El “detalle” de incorporar a la Iglesia en la nómina de personas de carácter público corresponde al dictador Juan Carlos Onganía, cuyo gobierno de facto avanzó en sentido contrario a la secularización, atacó a las universidades y entronizó el poder eclesiástico en las esferas oficiales. Fue su aporte de cursillista a la causa clerical. Desde entonces, la Argentina no ha podido avanzar en sentido contrario.

Un extenso rosario de privilegios consiguió la Iglesia Católica luego, durante la sangrienta dictadura de Jorge Rafael Videla. De entonces data la ley 21.540, del 25 de noviembre de 1977, por la cual se les asigna una remuneración vitalicia a los arzobispos, obispos y auxiliares eméritos que “cesen en dichos cargos por razones de edad o de invalidez”, correspondiente al 70 por ciento de la remuneración fijada por un juez nacional de primera instancia. Se hace especial hincapié en el beneficio para los vicarios castrenses, como el caso del ex arzobispo de Paraná y ex presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Adolfo Servando Tortolo, que bendijo y justificó la acción represiva, torturas y desapariciones que perpetraron los militares –él también lo era con cargo de general– entre 1976 y 1983 en la Argentina.

Casi un año más tarde, puntualmente el 7 de marzo de 1979, con la firma de Videla y el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, se aprueba la Ley 21.950 que amplía a todos los obispos el pago y lo extiende al 80 por ciento del sueldo de un juez.

Acaso más acorde a la denominación jurídica de una dictadura, el 6 de octubre de 1980, Videla no emite una ley sino un decreto: el número 1991/80 por el cual se le otorga a todos “señores arquidiocesanos, diocesanos, obispos auxiliares, superiores de órdenes y congregaciones religiosas, miembros del clero secular, regular, religiosos y religiosas, que necesiten viajar al exterior o desde el exterior al país o dentro del territorio nacional, por razones de su ministerio”, los pasajes correspondientes. No sólo para quienes visten sotanas y hábitos diversos es el beneficio, también para “los laicos que se hallen investidos con los sagrados ministerios, catequistas y a los seglares dirigentes de asociaciones y movimientos de la Iglesia Católica Apostólica Romana”.

Más tarde, Leopoldo Fortunato Galtieri, a cargo del usurpado Poder Ejecutivo de la Nación, aprueba con su firma y la de los ministros de Economía, Roberto Alemann, y de Exteriores y Cultos, Nicanor Costa Méndez la ampliación del universo de beneficiarios eclesiásticos: se incluyó en el pago a vicarios capitulares y administradores apostólicos.

Dos meses antes de que se ponga punto final a la dictadura, el 14 de octubre de 1983, Reynaldo Bignone determinó la cesión de más dinero para la Iglesia. Así, la Ley 22.950 establece que “el Gobierno nacional contribuirá a la formación del clero diocesano, para lo cual los señores obispos residenciales o quienes hagan canónicamente sus veces percibirán en concepto de sostenimiento mensual por cada alumno de nacionalidad argentina del seminario mayor perteneciente a la propia jurisdicción eclesiástica, el equivalente al monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional”.

Sueldos y diezmos

Los curas no cobran sueldo. Sí lo hacen los obispos jubilados, con haberes que hoy alcanzan los 16.000 pesos mensuales. Sin embargo, el Estado entrerriano paga decenas y decenas de sueldos para sacerdotes católicos que desempeñan su actividad pastoral en espacios públicos.

Por ejemplo, los curas que atienden en hospitales, cárceles y otros espacios estatales, cobran. Eso sin contar las escuelas y colegios privados que conforman una red de entidades paralelas que constituye el 25 por ciento del total de los cargos que solventa el erario público en materia de educación: de los 324.640 alumnos, 82.748 van a escuelas religiosas y allí aporta sus fondos el Estado entrerriano.

La transferencia de fondos provinciales a las escuelas religiosas constituye el mayor ingreso con destino a la Iglesia. La institución eclesiástica no paga ningún impuesto. Ni nacionales, ni provinciales, ni tasas municipales.

En el Código Fiscal de Entre Ríos, que establece todo tipo de disposiciones tributarias en la provincia, se fijan los objetos afectados al pago de impuestos: bienes inmobilarios, automotores y sellos (que cobra sobre actos y contratos). La Iglesia no paga ninguno de los tres.

Aunque en el texto queda debidamente expresado que se exceptúa del pago de tributos a “inmuebles de las instituciones religiosas reconocidas cuando fueren destinados al cumplimiento de sus fines específicos”, la Iglesia no tributa en muchos de ellos aún cuando comercie con esos espacios.

A principios de año, la Iglesia Adventista del Plata intentó acogerse a los beneficios que prevé el Código Fiscal, pero una oportuna observación de la entidad recaudadora del Gobierno distinguió aquellos bienes –inmuebles y autos– destinados a fines específicos del culto de los que estaban afectados al Sanatorio Adventista o la fábrica de alimentos naturales marca Granix, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a éstos últimos le emitió boletas de cobro de impuestos.

Pero no se midió con el mismo criterio a la Iglesia Católica, en cuya órbita gira la abadía que los monjes benedictinos poseen en Victoria. En una de las colinas de la bellísima ciudad de Victoria, los monjes explotan un tambo, fabrican licor, elaboran miel y jaleas, dulce de leche y quesos con las exenciones de las que goza la bimilenaria institución de Roma en nuestra provincia.

El dinero que el Estado argentino y el entrerriano aportan al clero es incalculable. No hay un estudio detallado. Cuando se indaga en los cuadros presupuestarios, los cargos creados para sacerdotes se licuan con los de empleados estatales, policías, docentes o cualquier otro agente público, por decir sólo un rubro que absorbe fondos públicos desde la Iglesia.

Pero existen también las donaciones desde el Estado, los subsidios, las becas, los aportes del tesoro estatal, la cesión de terrenos por parte del Estado entrerriano sostenido a lo largo de la historia.

El Arzobispado de Paraná fue uno de los grandes beneficiados del festival de Aportes del Tesoro Nacional –los conocidos ATN– con los que el neoliberal-peronista Carlos Menem solía quedar tan bien a lo largo y ancho de la Argentina.

Y así enorme cantidades de bienes. Por ejemplo, el gobernador Sergio Montiel cedió el edificio de la Escuela de las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús a la Iglesia, ubicado en la valiosa esquina paranaense de las calles Enrique Carbó y Arturo Illia. Era del Estado provincial y ahora es del Arzobispado de Paraná.

Los gobernadores Mario Moine, un confeso católico practicante, Jorge Busti y Sergio Urribarri también tuvieron esa tendencia de excelente relación con el poder eclesiástico, traducido en la cesión de fondos públicos y bienes a la órbita eclesiástica.

Un estudio planetario dio cuenta que la Iglesia recibe hasta 100 mil donaciones anuales. Entre Ríos, ese puntito en el mapa, no es la excepción. Y muchas de esas 995 propiedades en poder de la Iglesia tienen como origen las donaciones. Es que los religiosos no pueden heredar, ni siquiera de sus padres, los bienes terrenales. Entonces pasan directamente al haber de la Iglesia.

El estado de celibato y el voto de pobreza determinan que los bienes que un cura o una monja tengan derecho a recibir, pase a engrosar las riquezas terrenales de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

La Iglesia hace valer su derecho de posesión sobre grandes extensiones que consiguió durante los años de conquista española a espada y cruz. Hacia 1780, la Iglesia Católica era propietaria del 65% de las tierras de los virreinatos del Perú y Río de la Plata. Y Paraná no era la excepción: el poder clerical era dueña de casi todas las extensiones que iban desde la barranca hasta lo que hoy es la Plaza Alberdi, en la capital entrerriana.

Y cuando los esclavos negros lograron su libertad decretada, se asentaron –se sabe– en los terrenos lindantes a la Iglesia San Miguel. La Iglesia no tuvo problemas. Pero cuando a finales del siglo XIX se abrió la recoleta Alameda de la Federación, los terrenos se revalorizaron y la Curia entonces posó la mirada de nuevo sobre esos predios y lo hizo valer. Los vendió a buen precio y se aseguró, además, una permanencia en espacios preferenciales en la capital entrerriana. Así es como el Arzobispado de Paraná posee, por ejemplo, la soberbia residencia del obispo en la coqueta zona de la barranca alta del Parque Urquiza.

El cobro de diezmo a su feligresía y las colectas son recursos que quedan en el seno de la Iglesia. El Estado no regula esa relación, y si bien es cierto que el Código Civil próximo a modificarse –aún incorporando figuras que inquietan a los obispos, como cuestiones en materia de fecundación, por ejemplo– se dirige a mantener los privilegios a la Iglesia, por caso en el ya comentado artículo 33, también cierto es que sí contribuye a evitar que los sacerdotes puedan acceder a donaciones tan así como así. Eso es para evitar que los curas, que estén muchas veces en el último suspiro de la vida de alguien, transfieran casi mecánicamente los bienes de éstos a quienes lo asisten espiritualmente en el momento decisivo de despedirse de la vida, es decir a favor propio.

Un millar de propiedades, más de dos centenares de vehículos, millones de pesos en sueldos, millones de pesos en donaciones y un incalculado beneficio de exención impositiva convierten a la Iglesia Católica en el más mimado de los credos, en el país de la libertad de cultos.
Fuente: Revista Análisis

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