Sobre el final de la audiencia de este lunes, donde se discutieron los embargos a los imputados en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura, Julio Rodríguez Signes dejó unas palabras inquietantes. Fueron cortas, pero precisas. El fiscal de Estado, con los representantes de la Procuración General al lado y los abogados defensores enfrente, dijo que todos los contratos que había visto hasta el momento en el legajo tienen “vicios graves” y se sorprendió de que los asesores contables hayan ejecutado pagos de contratos sin firma.

¿Qué contratos habrá visto Rodríguez Signes: los que se enviaron desde la Legislatura o los que se secuestraron en la casa de Hugo Mena? La Constitución provincial establece que los contratos en los poderes Judicial y Legislativo están excluidos del control de la Contaduría General de la provincia. Por lo tanto, el contralor es interno.

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry hace tiempo tienen en su poder contratos en los que aparece la firma del contratado y el espacio en blanco donde debería plasmarse la rúbrica de quien contrata.

Según los abogados defensores esos contratos que tienen los fiscales quizás no sean originales. O peor, pudieron haber sido “retocados” en la Legislatura antes de entregarlos. En la defensa la sospecha es la regla. Hay que recordar que en su momento cuando Fiscalía solicitó toda esa información, desde ambas cámaras se negaron a hacerlo de manera inmediata. Por asesoramiento de Julio Federik decidieron esperar. Con el correr de las semanas se empezó a entregar la documentación requerida de manera escalonada.

En la causa de la Cumbre del Mercosur, por citar un caso, se acudió a lo que se conoce como “orden de presentación”. Se solicitó a Diputados documentación, incluso antes de que el legajo tuviera carátula. No hubo inconvenientes. La diferencia con una orden de allanamiento es que no interviene la Policía ni testigos. Se evita el show y se toma posesión de lo requerido más rápido.

Las palabras de Rodríguez Signes abrieron también sospechas sobre el devenir de la causa. En representación del Estado y con la obligación de intervenir en resguardo del erario público, el fiscal de Estado señaló a un eslabón de la cadena investigada: los responsables contables legislativos que le hicieron lugar al pago de esos contratos. Son, precisamente, los imputados que ocupan el escalón más alto al que ha llegado la investigación.

Esas declaraciones pueden conectar, perfectamente, con la Teoría de la Escoba cuya autoría corresponde a Jorge Amilcar Luciano García. En una entrevista radial el procurador aseguró que un gobernador o un intendente no tienen por qué saber si un empleado robó una escoba. Lo que lo excluye de cualquier complicidad.

En la audiencia del lunes volvió a aparecer la pregunta del abogado Iván Vernengo que formuló en una entrevista con Página Judicial: ¿Dónde están los 2 mil millones de pesos, porque de la suma de los bienes de los imputados no se llega ni al 10 por ciento de ese monto?
Fuente: Página Política

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Contratos truchos Rodriguez Signes

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