El jueves 29 de octubre pasado, la jueza Carolina Castagno decidió desalojar a Dolores Etchevehere. Fue luego de una intensa semana en la que un grupo de militantes enrolados en las filas del Proyecto Artigas que tiene a Juan Grabois como figura taquillera ingresó a la estancia Casa Nueva, a un quilómetro de Santa Elena en el paraje El Quebracho, tierras que supieron ser destinadas a la Escuela Agrotécnica.

Al día siguiente, el senador justicialista por el departamento La Paz, Amilcar Genre Bert, presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre la totalidad de los documentos y archivos estatales acerca de la venta y/o transmisión de las tierras de la estancia “El Quebracho” que pertenecieron al Frigorífico Santa Elena y que el tercer gobierno de Jorge Busti vendió a precio vil a los Etchevehere. Como reveló Página Política en boca del periodista Jorge Riani, el tres veces gobernador lo hizo para “no tener El Diario en contra”.

Ese mismo día, el viernes 30 de octubre, el juez de Transición Carlos Ríos, llamó a indagatoria a los hermanos Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián; y la madre Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere. Todos denunciados por Dolores por estafa. La causa tiene como eje el vaciamiento de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario de Paraná. En la denuncia, y también a la indagatoria, fue citado Walter Grenon. Se trata del empresario multifacético que supo manejar los destinos del matutino durante el gobierno de Sergio Urribarri. El santafecino fue quien más aportó a la campaña presidencial de Alberto Fernández.

Grenon ya no está al mando del matutino. El paquete mayoritario de las acciones se lo pasó a quien supo ser uno de los zares de Fútbol para Todos, Ramiro Nieto, que cuando se presentó en la redacción en 2012 dijo que en realidad el pase de manos no era otra cosa que entre empresarios del mismo grupo: Nea Capital Creativo SA. ¿Quiénes verdaderamente lo integran? La pregunta no tiene respuesta. Durante el urribarrismo, vaciado en su capacidad informativa y en la inserción social, el medio se mantuvo con cuantiosos fondos públicos.

En 2018 El Diario despidió a 80 trabajadores sin pagar una sola indemnización, está siendo investigado en la Justicia por maniobras fraudulentas que rayan lo mafioso y sigue funcionando. ¿Quién lo financia? Los trabajadores despedidos, que en su momento lograron dar vuelta un fallo adverso en los estrados judiciales sobre el Convenio Colectivo de Trabajo, se volvieron a reunir tras los acontecimientos antes narrados.

Dolor de cabeza

El caso Etchevehere trastocó la agenda de la política entrerriana, que se vio durante una semana, en el foco de la lupa nacional. Los principales medios de Buenos Aires dieron aire a los hermanos y la madre revelando una marcada diferencia con los planteos de Dolores. La figura de Juan Grabois fue esencial para manipular los planteos esgrimidos.

El gobierno provincial unificó un discurso: está garantizada la propiedad privada, el caso era estrictamente familiar, y deberían actuar las instituciones, en este caso el Poder Judicial. Fue acertada la respuesta gubernamental.

Sucede que con la reapertura de una causa judicial y la presentación de un proyecto con la firma de un senador oficialista es inevitable hacerse una pregunta: ¿sigue siendo el caso de los Etchevehere un tema estrictamente familiar?

El jueves pasado, monseñor Jorge Lozano, ligado al Papa, brindó una entrevista al sitio Letra P donde apuntó a “la clase política” y dijo que “no puede convalidarse la compra de tierras por amigos del poder”. Las palabras del referente de la Pastoral Social parecieran calzar justo en el guión de un documental que bien podría realizarse en Entre Ríos.

Días antes, Alberto Fernández dijo que “la idea de Grabois de buscar tierras para que la gente las explote no es descabellada”.

Cuando todo eso ocurría, funcionarios provinciales hacían saber en conversaciones informales con periodistas que el episodio Etchevehere no había sido más que goles en contra para el Gobierno. No hay dudas de eso. Algo similar sucedió con Vicentin y sucede ahora con la críticas a sectores del Frente de Todos que cuestionan el Presupuesto 2021, que no plantea otra cosa que un ajuste.

El demonizado Proyecto Artigas pudo haber aterrizado en Entre Ríos sin una estrategia política. Integrantes de organizaciones sociales que adhieren en el fondo de la cuestión mascullaron desazón por la falta de tacto al no ser convocados. Sin embargo parece que la movida fue, en primer lugar, comunicacional.

La base política que no se convocó ni contactó para el despliegue en Casa Nueva parece empezar a sumarse tras los hechos. Es interesante recorrer los perfiles en redes sociales de dirigentes gremiales. El referente de ATE, Esteban Olarán, que forma parte de la conducción, por ejemplo.

El ex secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), César Baudino, está juntando firmas para que las tierras fiscales “regaladas” a un privado vuelvan al Estado. El último congreso del gremio docente apoyó ese petitorio.

Un grupo silencioso está recolectando información delicada que el senador Genre Bert no ha obtenido por los canales formales.

La historia familiar parece ser sólo el hilo conductor de una trama que atraviesa a los tres poderes del Estado. Y que pretende volver a foja cero.


La movilización que en CABA no se transmitió
Fuente: Página Política

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