Las dinamitas que estallan en los tribunales disparan perdigones al otro lado de Plaza Mansilla. En Casa de Gobierno miran de reojo y lo toman como un asunto de otro poder, en el que el Ejecutivo no tiene por qué meterse. Si se quiere parafrasear a Gustavo Bordet, un imitador diría: “Están los mecanismos institucionales para que se resuelvan estas cosas”. Es cierto, pero también es cierto que el Estado, en sus tres poderes, está en la lupa de una sociedad con menos capacidad de consumo esperando salir de la cuarentena sin otro plan que tomar fresco. No hay plata. Y hay bronca.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, denunció a su par Emilio Castrillón por violencia de género. El magistrado salió a responder a la denunciante en una entrevista con APF, horas después que la denuncia trascendiera en Análisis.

La misma se habría originado (va en potencial porque se desconoce la misma) en una conversación en el grupo de WatshApp en la que Castrillón se habría dirigido en malos términos hacia Medina.

“No he cometido ninguna violencia de género contra la doctora Medina. Me parece risueño, pero cada una tiene su derecho. Estaré a derecho, como corresponde. Voy a poner abogado. Total después buscaré recuperar lo que gaste (a través de una denuncia por) daños y perjuicios. Considero que es artero, dañino. Me lesiona mentalmente, psíquicamente. Me está haciendo daño en la vida de relación. Yo voy a perseguir este daño”, anticipó. Lo interesante es que en la causa, si se concreta, los principales testigos son los vocales que tienen en sus celulares el cruce entre ambos.

El episodio, en el círculo rojo, se lo enmarcó en las declaraciones de Castrillón en diciembre pasado cuando denunció a un sector del Gobierno, un sector de la Procuración General y una parte de la prensa de confabularse para armar y desarmar causas. Esa hipótesis, que tiene ya un tiempo en la verba de quienes ejercen el poder, se viene exponiendo en una vidriera que sale de los despachos oficiales. Los links con las crónicas dando cuenta de esas supuestas confabulaciones entre los poderes del Estado empiezan a llegar con más frecuencia a los WatshApp de ciudadanos que hasta no hace mucho estaban ajenos a los aconteceres de la vida pública.

Castrillón, antes de sus declaraciones de diciembre, abrió la puerta para que un volcán que parecía ir para Casa de Gobierno terminó inundando con su lava todo el centro cívico. Fue cuando se inquietó por saber los sueldos de funcionarios y compararlos con los del Poder Judicial. Todo terminó en un festival de informes con planillas de haberes de funcionarios. La política reaccionó y decidió congelarse los salarios, la Justicia siguió esos pasos ante el rumor que daba cuenta que podía caerse la Ley de Enganche, por la que empleados del Poder Judicial actualizan sus salarios a propuesta de la Corte y decisión del Ejecutivo nacional. Los porcentajes terminan siendo más altos que los que la Provincia ofrece al sector público.

En tribunales se expresó disconformidad en aquellos días ante la pandemia congeladora de salarios. Acusaban “a los de enfrente” de congelarse sueldos pero que por atrás se los recomponían con contratos. No hay certezas de esa acusación, entre otras cosas porque la causa por los contratos truchos de la Legislatura no avanza en los tribunales. Y los imputados, hasta el momento, no son otros que los administradores de esas contrataciones en cuestión.

Castrillón fue desafiante con esa mega causa. Dijo que en un mes lo resolvía. El destinatario de ese dardo es el procurador general de la provincia, Jorge García, con quien está enfrentado.

Los femicidios evitables en Entre Ríos se colocan como en uno de los dramas más expuestos ante los ojos de la sociedad. Esa exposición es un triunfo hay que reconocérsela al colectivo feminista, que ya empieza a tener menos espacio en la prensa. Los casos de Fátima Acevedo y Romina Roda son los únicos dramas policiales que involucran a la clase media baja y que el círculo rojo se ve obligado a comentar. Es la aceptación de un fenómeno nuevo.

Los temas que más inquietan alrededor de Plaza Mansilla y un sector de la prensa que sobrevuelan el círculo rojo son los casos de corrupción, en los que no se registran muertes, pero sí montos siderales de dinero generalmente públicos. Ahí también aparece una cuestión de clase.

El viernes se conoció los sobreseimientos en la causa de la “cosechadoras truchas” en la que estaban imputados ex funcionarios y empresarios. El jueves se publicaron encuestas en los que el Poder Judicial aparece como la institución con la imagen negativa más alta. Un cúmulo de elementos peligrosos ronda la buena imagen que mantienen quienes están al frente de los Ejecutivos en un contexto novedoso para el globo. La flexibilización de la cuarentena da lugar a la tensión entre diferentes intereses.
Fuente: Página Política

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