Un proyecto de ley busca promover una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos para evitar que los delitos contra la administración pública se diriman a través de juicios abreviados.

La instancia de juicio abreviado permite que, a partir del reconocimiento del ilícito cometido, el imputado se reconozca culpable, acuerde una pena reducida con la fiscalía y evite el juicio oral y público en el que se supone que la condena sería mayor.

El caso más resonante es el que tiene al ex diputado José Allende como imputado. El 1° de julio se iba a llevar adelante la audiencia para homologar el acuerdo que consiste en reconocer el delito de enriquecimiento ilícito, entre otros, y obtener una pena condicional con entrega de bienes. El caso es polémico por la conjunción de hechos que se introdujeron en el acuerdo. Por caso el de violencia de género, impugnado por la víctima: la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez. Lo cierto es que la audiencia, a diferencia de otras causas que se desarrollan con los protocolos en el marco de la cuarentena, se suspendió. ¿Raro?

“Estamos observando que la instancia del juicio abreviado termina funcionando como una vía para que las investigaciones no se profundicen más allá de los delitos evidentes (sobre todo en los casos de enriquecimiento de funcionarios actuales y pasados) y, además, obtura la posibilidad que el Estado recupere de verdad lo robado”, afirmó el autor de la iniciativa, el diputado Eduardo Solari.

Y agregó: “Entre Ríos no soporta más la impunidad ni los privilegios, no soporta que el dinero que falta para equipar hospitales, reparar escuelas o mejorar el salario de docentes, policías y personal de la salud siga en manos de los corruptos, sus familiares o amigos, que muchas veces operan como testaferros y ni siquiera llegan a ser mencionados en las investigaciones”.

Uno de los puntos que tiene el juicio abreviado es que obtura que la pesquisa se dispare en direcciones desconocidas o indeseables para todos. En otras palabras, esta herramienta jurídica opera como control del daño.

En el caso Allende, por ejemplo, sólo sobre el ex diputado y titular de UPCN recae la responsabilidad, pese a que desde un principio se investigó el crecimiento patrimonial entre 1999 y 2016 del grupo familiar integrado por Adriana Satler; Diana María Cristina Traverso; Julio Alejandro Allende; Victoria Allende; y Carolina Allende. Después de cinco años de ningún avance en la causa por parte del juez Gustavo Maldonado llega el abreviado. Es decir que la herramienta que se aplica para oxigenar el servicio de justicia viene a saldar la impericia de un magistrado. Esta sería la hipótesis más sana. No la cree nadie.

Para el radical, en los casos de corrupción “se han decomisado bienes que significan una exigua proporción de los mal habidos, con multas que no se acercan siquiera a los mínimos legales”. Un episodio de esas características se vio en la causa en la que el publicista Jesús José María Bustamante fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional (no efectiva) por haber sido beneficiado con contrataciones de campañas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez supuestamente direccionaban a favor de su empresa. Según la Justicia el perjuicio al Estado que produjo el empresario con esas maniobras ronda los $3 millones. En el juicio abreviado le impusieron el pago de una multa de $90 en cuotas de $15 mil.

El único caso de juicio abreviado que terminó con un funcionario en la Unidad Penal fue el del ex director de Obras Públicas, Hugo Righelato, condenado a tres años de prisión efectiva y devolución de bienes. En torno a los hechos del ex funcionario, algunos de sus entonces pares, deberían prender velas para que no abra la boca si se confirman la habladurías que empiezan a tener algunas evidencias. Sería un escándalo nacional. El cóctel mezcla corrupción, espionaje y extorsión.

En marzo se publicaba en este sitio un perfil sobre el diputado Solari, quien aparece en la Legislatura como el único interesado por cuestiones judiciales. Al poco tiempo de asumir se embarcó en un pedido de información pública sobre causas sobre delitos en la administración pública en el Ministerio Público Fiscal. En primera instancia lo ganó con un fallo del juez Elvio Garzón, pero luego el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le dio la razón al procurador general, Jorge García.

El legislador radical fue funcionario de Sergio Varisco en el área de Derechos Humanos. Cuando el Intendente ocupaba la primera plana de los medios por las causas judiciales que debió enfrentar, Solari fue su principal espada. En plena campaña electoral apuntó directamente a la Procuración General por la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Acusó allí al Poder Judicial de maniobrar para recortar la causa y dejar afuera de la investigación a los que él entiende pueden llegar a ser los principales responsables del desfalco: los presidentes de las cámaras en el período que se investiga. El dardo, en ese momento, era para el entonces presidente del Senado, Adán Bahl, quien competía con Varisco por la Municipalidad.

Solari y sus pares radicales fueron los únicos que, ocupando lugares institucionales, pusieron el grito en el cielo cuando se conoció el acuerdo en juicio abreviado para Allende. El PRO, es decir sus socios en Cambiemos, sin embargo, difundieron tibiamente un comunicado que a muchos nos llegó. Esa sutileza, promesa para otro capítulo, es interesantísima.

Esta reforma al Código Procesal Penal aparece en un contexto de convulsión social en donde se empieza a percibir en el gran público que la política y el Poder Judicial (no en todos los casos) están a tiro de acuerdos y que en los tribunales se le llaman juicio abreviado.
Fuente: Página Política

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