En los tribunales de Paraná se desarrolló este viernes una jornada convocada para abordar el cuidado del medio ambiente. El momento oportuno o no, coincide con un contexto en el que en Casa de Gobierno esperan un fallo sobre un tema sensible y en el que la política ya tiene perdida una batalla judicial. Estamos hablando de la implementación de un orden jurídico sobre fumigaciones para la práctica agrícola.

El canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, fue una de las visitas estelares. La actividad impulsada por el Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” y declarada de interés por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó con la asistencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón; la vicepresidenta, Susana Medina; y los vocales Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Martín Francisco Carbonell. También estuvo el procurador general, Jorge Amilcar Luciano García, quien le dio la primera buena noticia al gobierno provincial en el litigio por el nuevo decreto que establece los parámetros para utilizar sustancias tóxicas.

“El desafío es encontrar la protección al medioambiente sin excedernos y para que sigamos viviendo en sociedad y con producción. Es lógico proteger el medio ambiente, porque es nuestra casa común y tiene que ser viva y productiva, cuidada y entendida porque debe arropar a todos y es en definitiva el techo de todos”, definió Castrillón. Uno de los disertantes fue Diego Rodríguez, abogado ambientalista antes de iniciar su carrera en el Poder Judicial como juez el Juzgado Civil y Comercial Número 1 de La Paz. El acuerdo a su pliego tuvo inconvenientes en el Senado porque Rodríguez había cuestionado en duros términos los proyectos de acueductos en el norte de la provincia que se iban a llevar adelante con fondos chinos. Historia pasada que mereció una denuncia judicial.

Casi en consonancia con las palabras del presidente del alto cuerpo, un grupo de periodistas visitó la semana pasada una finca ubicada en la zona de Colonia Celina, departamento Paraná, donde una familia está en pie de guerra tras las reiteradas fumigaciones que se hacen en las inmediaciones de su vivienda. El 5 de julio pasado se produjo un hecho sin precedentes. Un pelotón de 12 policías irrumpió bruscamente en la casa de la familia Lovera para sujetar a sus cuatro integrantes que trataba de evitar la fumigación de un lote lindante. Hace años vienen padeciendo esta práctica. Uno de ellos está muy mal de salud. La judicialización del caso es inminente. Ya existe una exposición policial.

Lo que viene

El 20 de agosto se abrió un nuevo capítulo judicial en torno a las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales en la provincia. El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron otro amparo colectivo solicitando que se declare la “nulidad y/o inconstitucionalidad y revocación” el decreto del Poder Ejecutivo que establece distancias para realizar fumigaciones. Tuvieron un primer revés en el dictamen del procurador García, que avaló lo dispuesto por el decreto del Ejecutivo.

Esta vez será el juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, el que deberá resolver sobre el pedido para que se declare la nulidad del Decreto Número 2.239, fechado el 1 de agosto, donde se establecieron zonas de exclusión de hasta quinientos metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas, entre otros aspectos.

Agmer y el Foro Ecologista plantean que el decreto del Gobierno incumple con lo establecido en un fallo judicial en cuanto se establecen distancias superiores para realizar fumigaciones como “un criterio de precaución, al menos hasta tanto se acredite que la protección de los afectados puede lograrse con distancias menores”.

En lo central, advierten que en la nueva normativa “no se menciona ninguna investigación científica probatoria del resguardo de la salud de los niños y niñas expuestos en escuelas rurales de Entre Ríos por perjuicio de derivas de agrotóxicos en los metros que estipula el decreto”, que era una condición establecida en el fallo del juez Oscar Benedetto y luego confirmado por la Sala Penal y del Procedimientos Constitucionales del STJ.

Según supo Página Judicial, este nuevo round está más cerca de salir favorable para el Poder Ejecutivo. Por lo menos ese escenario es el que se dejó trascender en los pasillos de los tribunales. El caso terminará, inexorablemente, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Página Política

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