La pandemia del coronavirus arrasó con un debate parido con la aparición de un cuerpo fruto de un femicidio en Paraná. Fátima Acevedo fue asesinada en los primeros días de marzo. El domingo pasado fue el turno de Romina Ayelén Roda en la ciudad de La Paz.

Ambas muertes se las puede enmarcar en el terrorífico informe que al 16 de abril registró 22 femicidios durante la pandemia y claramente no se detiene.

Fátima encontró la muerte luego de padecer durante años la violencia, en conocimiento del Poder Judicial. La protección estatal no alcanzó. El caso, que encuadra en una perfecta mala praxis judicial, dejó en evidencia la formación de quienes deben proteger al ciudadano.

Fátima volvió al domicilio de su verdugo, que la había amenazado con rociarla de ácido muriático, para tratar de convencerlo vaya a saber de qué. Ambos tenían un hijo. La joven de 25 años dejó la desidia judicial en el celular de su amiga cuando a través de mensajes de audios dijo que nadie le llevaba el apunte. Desahuciada de algún amparo estatal emprendió hacerse cargo personalmente de la situación que, irremediablemente, la conduzco a la tragedia. A la muerte.

El Día de la Mujer, en conferencia de prensa, el procurador general Jorge García evocó sus conocimientos intelectuales para lamentar que Fátima haya vuelto al lugar de su asesino. Dijo el jefe de los fiscales: “Cada perverso o psicópata que somete a su víctima es igual que en los casos de abuso sexual, hay víctimas que están predispuestas a estas situaciones”.

El circuito de la violencia de género viene siendo estudiado hace un tiempo, sin embargo, en los tribunales no se presta atención a eso. El año pasado estuvo en Paraná la antropóloga Rita Segato, una referente en la materia. Nadie del Poder Judicial se arrimó a escucharla.

Con el caso de Romina vuelve a florecer la impericia. ¿O vamos a volver a hablar de lo mal que está el sistema? ¿O de alguna mala decisión de la víctima? ¿O de una lamentable mala suerte? El problema son los operadores del sistema. Echarle culpa a éste es no responsabilizar a nadie. Hablar de un todo es no hablar de ninguno. Los desaciertos son de las personas.

El Juzgado de Familia de La Paz ensayó en su perfil de Facebook una explicación sobre el hecho que azota a la comunidad por el asesinato de Romina. “Los fiscales son quienes pueden ordenar la detención de una persona de la que se sospecha que cometió un delito, y pueden pedir al Juez de Garantías una serie de medidas que incluyen el dictado de prisión preventiva durante la etapa de investigación”, explicaron desde el organismo que conduce Raúl Flores. Romina había realizado una denuncia el 13 de mayo del 2018, lo que le permitió acceder a un botón antipánico. Luego –según el juzgado – se impusieron medidas de prohibición de acercamiento y se dio intervención al Copnaf para restituir la hija a su mamá.
A dos años de aquellas medidas el resultado es otro femicidio. ¿Qué pasó en el medio?

Interpelación

La política no se mete con el Poder Judicial. Le tiene temor. También existe el pacto. El consenso y el diálogo, que tanto se reclama, entre algunos dirigentes políticos y sectores de la Justicia ha sido impecable. Y efectivo.

El diputado provincial Eduardo Solari se animó otra vez a poner la lupa más allá de las responsabilidades del Poder Ejecutivo, que en estos casos encarna la ministra de Gobierno, Rosario Romero; y apuntó a la figura de García, sobre quien recae el monopolio de la acción penal en el sistema acusatorio que rige en Entre Ríos.

“Debería informar a los entrerrianos la ministra si funcionó el botón antipánico instalado y si había control policial asignado para vigilar la casa de Romina Roda”, requirió Solari, quien lamentó la caída de la última interpelación de Romero. Y agregó: “O tal vez debería aclarar los hechos el jefe de los fiscales de la provincia Jorge García, con precisión, sin palabrerío inconsistente y teorizaciones vacías, efectuadas solo para zafar y que todo caiga en el olvido como lo hizo en la conferencia de prensa del pasado 8 de marzo”.

Cómo se publicó en este sitio, desde el domingo 13 de enero de 2019, el gobierno provincial puso en funcionamiento el sistema de monitoreo para pulseras duales, previsto para casos de alto riesgo. Este sistema de vigilancia electrónica consiste en que tanto la víctima como el denunciado por violencia tienen el dispositivo (las pulseras), lo que implica que si se produce un acercamiento, es decir cualquier violación de medidas perimetrales, enseguida el mismo es advertido en un monitor. En ninguno de los casos, Fátima y Romina, se utilizó. Lo debe requerir el fiscal.

La noticia política fue lo que sucedió en las últimas horas en el oficialismo, con banca en Buenos Aires. La diputada nacional Blanca Osuna firmó una columna en que cuestiona el accionar de las instituciones. “Es una cuestión de honestidad intelectual dejar en claro que la obligación del Estado no se agota en el mero trámite. O peor aún que se pretenda justificar lo no hecho, utilizando una red social como hemos visto, para relatar el pasamanos entre el Juzgado de Familia, la fiscalía, y el juez de garantía definiendo archivo del expediente”, dijo la dirigente, que apuntó al Poder Judicial, en un hecho inaugural para el peronismo. En un párrafo anterior dice: “La teoría ha demostrado que la intención de culpabilizar a la víctima, tiene como lógica razones culturales de fondo y el propósito de solapar la inobservancia del deber de cuidar derechos, por parte de quienes tienen obligación de hacerlo”.

El cuadro requiere una interpelación urgente, seria y responsable. En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para crear una comisión investigadora por el caso Fátima.

Los últimos femicidios dejan la peor evidencia: el Estado llega para las condolencias.
Fuente: Página Política

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Femicidio de Romina

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