El debate por el uso medicinal del cannabis vuelve al Congreso. La nueva iniciativa busca no solo tener un marco regulatorio integral para acompañar necesidades terapéuticas -garantizando el acceso a la salud en distintas formas- sino también generar las condiciones normativas para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la planta y sus diferentes usos. La autora es la diputada nacional, Carolina Gaillard quien fue presidenta de la Comisión de Salud en ocasión de tratar la ley en 2017. La iniciativa cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del Conicet (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.

“Se trata de garantizar el acceso efectivo al Cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental entendiendo que se necesita un marco legal integral que no posee la ley existente” explicó Gaillard y señaló que con este proyecto integral lo que se busca es que las y los usuarios finalmente puedan acceder al uso medicinal en sus distintas formas, sino que además se generan las condiciones para el desarrollo de una industria de Cannabis para la salud considerando es una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país.

“Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones, aunque reconocemos que aquella ley tiene limitaciones por lo que desde el congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación” aseguró Gaillard.

La nueva ley de Cannabis Medicinal promueve un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización. De esta forma se estimulará el desarrollo científico tecnológico nacional y la industria del Cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal.

El proyecto insta además a crear un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) que funcionará como autoridad de aplicación de la Ley, articulando con todos los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.

También se buscará promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del Cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que serán coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Conicet, y las Universidades Nacionales.

Una característica fundamental en este sentido es la promoción de este desarrollo científico, tecnológico y la Industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal y desde la perspectiva de género.

En lo que refiere a la producción se propondrá regular el autocultivo garantizando el acceso universal para todos los pacientes que lo necesiten, de esta forma se crearían figuras como la de “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de Cannabis para la salud. Además, se creará un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de Cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las mismas son gratuitas para autocultivo y cultivo solidario. Mientras que desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se creara un Banco de Semillas que buscará garantizar un precio justo y razonable para su acceso.

En este sentido, Valeria Salech, Presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó que “como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones proponiendo también la regulación del cultivo en red, reconociendo el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos, de abajo hacia arriba desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario”.

Desde lo judicial este nuevo proyecto contempla una despenalización de todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de Cannabis para la salud y brindaría garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.

Entre sus firmas, acompañaron este proyecto, los Diputados: Mara Brawer (FDT), Martin Soria (FDT), Gabriela Cerruti (FDT), Marcela Campagnoli (JxC), , Monica Macha (FDT), Cecilia Moreau (FDT), Fernanda Vallejos (FDT), Jimena López (FDT), Blanca Osuna (FDT), Graciela Landriscini (FDT), Gabriela Lena (FDT), Pablo Carro (FDT), Lucila Masin (FDT), Leonardo Grosso (FDT), Nicolás Rodríguez Saá (FDT)

Puntos centrales del proyecto

Los puntos centrales del proyecto son:

1. Aborda la temática desde el paradigma del derecho humano de la salud y la garantía de accesibilidad.
2. Promueve el desarrollo científico tecnológico nacional y la Industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal, perspectiva de género y favorecedor de las economías populares.
3. Regula el autocultivo, cultivo solidario, clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de cannabis para la salud, ofreciendo garantías de calidad de la sustancia.
4. Promueve la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que coordina con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y las Universidades Nacionales, tal como el programa INCUBADORA CANNABIS, que prevé el proyecto.
5. Crea un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) que funciona como autoridad de aplicación de la ley, que cuenta con diversos niveles de integración que articulan órganos estatales, científico académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.
6. Crea un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las mismas son gratuitas para autocultivo y cultivo solidario.
7. Apoya y subsidia a las asociaciones civiles, cooperativas u otras formas de asociativismo y economía social que lleven adelante cultivos solidarios, para el sostenimiento de su actividad.
8. Crea un Banco de Semillas en coordinación con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), garantizando un precio justo y razonable para su acceso.
9. Articula con el Ministerio de Educación de la Nación la inclusión del estudio de la planta de cannabis y sus propiedades terapéuticas en programas universitarios de todas las carreras de salud y otras; implementa programas de capacitación y campañas de difusión sobre la ley y los usos medicinales del cannabis para agentes estatales y la población general.
10. Impulsa la producción nacional de productos y derivados de cannabis con fines medicinales a través de la red de laboratorios y la participación de sociedades del Estado.
11. Establece principios, acciones y presunciones que garantizan el acceso al cannabis para la salud sin discriminación, reconociendo el derecho de los usuarios al consentimiento informado.
12. Despenaliza todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de cannabis para la salud y brinda garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.
La regulación del acceso, el cultivo y la producción de cannabis para la salud fue el pedido sostenido de la sociedad civil, especialmente de las familias, para quienes el cannabis ha demostrado tener resultados beneficiosos en el abordaje de los padecimientos de algunos de sus seres queridos. La ley vigente no contempló los pilares fundamentales de sus demandas y necesidades, y mantuvo el peso del temor a la criminalización a las ya recargadas espaldas, generalmente de las mujeres, de las tareas de cuidado, sin dar un abordaje real a quienes más lo necesitan. Es hora de dar una respuesta política, ética y humana para acompañar estas realidades largamente invisibilizadas y postergadas, alivianar estas cargas, colectivizar los cuidados y sembrar un futuro más dignamente vivible para las miles y miles de personas que encontraron o, tal vez encuentren, en el uso de cannabis una posibilidad de mejorar su calidad de vida y condición de salud.

Fuente: Página Política

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