La sesión del miércoles, cuando la Cámara de Diputados de Entre Ríos trate la ley de “emergencia solidaria”, se convertirá en una vidriera política. La dirigencia opositora aprovechará el alto rating que seguramente tendrá la transmisión en vivo de la sesión virtual (porque la cuarentena no permite la movilización de los gremios al recinto) para dar discursos de fondo. Para hablar de los números globales del Estado provincial; de eso que debería hablarse más para levantar un poco el nivel de la discusión política en Entre Ríos.

Junto con eso, seguro habrá reproches a la responsabilidad del peronismo, que gobierna la provincia en forma consecutiva desde 2003, no sólo en la administración económica sino en la sangría de recursos que produjo la corrupción de estos años. Cambiemos, que duda cabe, aprovechará la vidriera para hacer política. Como lo haría cualquier oposición.

Es probable que esas oratorias terminen redondeando lo que por estas horas aún está incompleto en la cabeza de la dirigencia opositora: una acabada interpretación de lo que ha querido hacer el gobernador Gustavo Bordet con el envío a la Legislatura de este proyecto.

No terminan de entender por qué el Gobernador se ha metido en camisa de once varas por tan poco. Los 2.200 millones que espera reunir en un año de emergencia (entre reducción de gastos e incrementos de recursos) no alcanzan ni para cubrir la caída de recaudación del primer semestre de 2020, que fue de 3.300 millones de pesos. Si sabía que se encontraría con una resistencia gremial compacta (por definición un sindicato se opondrá a cualquier afectación salarial, por más progresiva que fuere) y con la siempre compleja oposición de la corporación judicial (que ya amenazó con un “nivel de conflictividad indeseado”) por qué no fue más a fondo. Por qué no planteó un ajuste (habría que empezar a llamar a la cosas por su nombre) más integral, que ponga en discusión de una buena vez todos los agujeros negros del gasto público.

En este último sentido, algunos legisladores de la oposición ven que el artículo 10 del proyecto (el que suspende la facultad de fijar sueldos más altos en la Legislatura, la Justicia, entes descentralizados, autárquicos, autónomos y empresas y sociedades del Estado) es quizá el más importante de todos. La punta de un ovillo que habría que seguir tirando en los próximos meses, cuando la crisis terminal que deje el derrumbe económico de la pandemia tal vez obligue a dar debates por décadas postergados en la provincia.
Para qué
No se entiende en la oposición qué quiso hacer Bordet. Por qué arriesgó tanto por tan poco. Algunos lo ven como un globo de ensayo para un posible ajuste en serio, que vendría tras la pandemia. Una suerte de primer movimiento, dado con cadencia progresista, que le permitiría “tantear el ambiente” para algo mayor.

Otros creen, en cambio, que sólo es un gesto hacia el gobierno nacional, que es el que está bancando todo con emisión de moneda. Una suerte de mensaje para que Alberto Fernández vea que en Entre Ríos se están cuidando los recursos en la emergencia.
Cómo votar
Los diputados de la oposición se enteraron del proyecto más polémico del año el viernes a la mañana. El presidente de la Cámara, Ángel Giano los convocó la noche anterior a una reunión sin adelantarles de qué se trataba. Lo supieron el mismo viernes y de boca del ministro de Economía, Hugo Ballay. Giano, por su lado, les dijo que la idea era aprobar la ley esta semana. Se espera que el Senado le de sanción el jueves.

La manera en la que se dieron las cosas complica la posibilidad de un acompañamiento opositor. No ya en general, pero quizá en algunos artículos en particular. En Cambiemos dirán, con razón, que se trata de un proyecto del Ejecutivo para el que no fueron consultados. Ni los legisladores, ni los intendentes, que también son alcanzados por las reformas. Recordarán que hace tiempo vienen pidiendo ser convocados para integrar una mesa de crisis en la que se avalúe la situación y las posibles reformas para afrontar la emergencia. A los senadores de la oposición ni siquiera les avisaron. Se enteraron por un Zoom que compartieron el viernes a la noche con los diputados de Cambiemos.

Tras algunos intercambios de opiniones durante el fin de semana, los radicales, macristas y peronistas que integran el frente opositor emitieron este lunes un documento común en el que critican la emergencia. Básicamente porque la consideran un ajuste que no resuelve nada. Apenas un parche. Pero el documento no anticipa el voto de los legisladores de Cambiemos. Es porque no tienen cerrado el asunto, a raíz del planteo de algunos diputados de introducir “mejoras” o, si se prefiere, “alivios” en el “ajuste”, como subir el piso de 75 mil pesos para los aportes a la Caja de Jubilaciones, o reformular el cálculo de las 1.000 hectáreas contemplando el valor de los campos (300 hectáreas de tierras donde se siembra valen más que 1000 de monte o de islas).

Pero lo más probable es que Cambiemos vote en contra el proyecto tanto en general como en particular. Es que ponerse a discutir algún artículo en particular dejaría a la oposición pegada al “ajuste”. Lo más lógico sería que eviten compartir costos con el peronismo.

El argumento contrario dirá que, ante el hecho consumado (el oficialismo cuenta con los votos) Cambiemos buscaría minimizar daños, introduciendo criterios de mayor equidad. Pero el manual político indica que los legisladores opositores no votan reducción de salarios. Ni siquiera cuando pertenecen a una fuerza política que cree necesario plantear un debate serio sobre una reforma del Estado. Es que, justamente, consideran que es poco serio, o poco integral el “parche” de Bordet para este “ajuste”.

En el juego discursivo, hasta podrían correr por izquierda al peronismo. Es que casi el 70% del ajuste (de los 2.200 millones) se conforma por el incremento de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones. Los sólo 160 millones que le sacan a los terratenientes serviría más que nada para endulzar oídos progresistas; y los 270 millones que le cobran a la droguerías (suba de Ingresos Brutos del 1,6 al 4%) terminarían trasladándose a los consumidores y, al final de la cadena, implicaría un aumento de entre el 15 y 20% en medicamentos. Justo en medio de la pandemia.
Fuente: Página Política

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