Gustavo Bordet brindó una entrevista a Página Política que se publicó este lunes. En una variada agenda de temas, en la que el Gobernador expresó inquietudes a corregir, el Poder Judicial tuvo un capítulo.

Uno de los temas fue el Consejo de la Magistratura. Dijo el jefe de Estado: “¿Hoy cómo se cubren las suplencias? Se nombra a dedo, en el mismo Poder Judicial, sin intervención de los otros poderes. Ante una suplencia, podría elevarse una terna para que el Poder Ejecutivo decida uno y luego enviarlo al Senado para que se le preste acuerdo”.

Bordet sólo planteó el tema y no dio coordenadas. Lo cierto es que la respuesta no requiere ni siquiera una solución legislativa, sino de hacer cumplir la Constitución. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial fue consultado sobre este punto.

Su presidenta, Gabriela López Arango, reconoció que había varios casos en los que se designaba un suplente sin acudir a una terna. “Y sí, eso es verdad”, fue la respuesta.

El artículo 207 de la Constitución provincial, reformada en 2008, dice que los ministerios públicos son quienes deben resolver las suplencias. Cada uno de los organismos “designa y remueve su personal, propone y ejecuta su presupuesto. Tiene, respecto a los funcionarios de sus ministerios, la atribución de cubrir con carácter provisorio toda vacante atendiendo, si las hubiere, las nóminas del Consejo de la Magistratura y hasta que sea cubierta mediante el sistema previsto por esta Constitución”.

Hay caso de fiscales, defensores y jueces que han sido nombrados acudiendo a una terna. Pero otros tantos no. El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio, lo confirmó en una entrevista pronto a salir en este medio. Coincide con López Arango y Alejandro Cánepa que, en rigor, es el Poder Ejecutivo, el que debería resolver esa cuestión, porque es de quien depende el Consejo de la Magistratura. En el Poder Judicial le tiran la pelota enfrente, mientras tanto violan la Constitución, por la que deben bregar.

La agencia APF reveló este viernes la resolución 109 en la que la Procuración General designó sin concurso a una veintena de delegados judiciales haciendo lugar a lo solicitado por las coordinaciones fiscales de Paraná; Concordia; Gualeguay; y la procuradora penal Cecilia Goyeneche. Se trata de la titularización de cargos que dependen ahora del Ministerio Público Fiscal y que antes estaban bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La pandemia del coronavirus fue la excusa del no llamado a concurso que dio lugar al dedo de Jorge García.

Inconstitucionalidades

El STJ y el Ministerio Público Fiscal conviven en una vibrante interna de la cual muchos de sus integrantes no tienen nada que ver. Las diferencias están atadas a cuestiones de poder, como en Casa de Gobierno.

Hace dos años el alto cuerpo declaró inconstitucionales concursos internos que se habían realizado para los fiscales auxiliares, quienes prácticamente tienen el mismo desempeño que un agente fiscal.

La decisión de concursar esos cargos fue una buena idea para saldar algo que los convencionales constituyentes no resolvieron cuando en Entre Ríos ya estaba la idea de implementar el sistema acusatorio que prevé esta figura. Fue una impericia. Más aún cuando uno de los integrantes de la Comisión de los Tres Poderes la presidió Miguel Carlín, que había renunciado a su silla en la Sala Penal para participar de la Convención.

Los fiscales auxiliares quedaron en un limbo institucional cuando un fallo detuvo las audiencias en el Senado. El STJ, hasta antes de la reforma constitucional, era quien designaba discrecionalmente para cubrir una vacante. Antes del proceso reformista, el vicegobernador Eduardo Lauritto aprovechó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para que provea ternas en esos casos. Fue boicoteado luego de que se escucharan voces de vocales que no fueron públicas. Todo quedó entre palacios.

En el Poder Judicial se pelea por los mismos privilegios que en los demás poderes.
Fuente: Página Política

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