Crédito Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans
El femicidio de Fátima Acevedo fue la más clara metáfora de la falla del Estado.

Tenía que cuidar a una mujer que había transitado demasiadas veces los pasillos de la burocracia. Tenía varias denuncias por violencia de género pero también tramitaban causas que llevaban su nombre en juzgados de familia; estaba residiendo en la Casa de la Mujer que tiene el municipio; tenía un botón antipánico.

Un día, la red estatal se desintegró en áreas inconexas; cientos de papeles dejaron de tener sentido; el Estado cerró los ojos y la muerte anunciada de Fátima se convirtió en un golpe atroz a toda esa estructura inerte.

Unos días después, el gobierno anunció un paquete de reformas a la ley vigente con la pretensión de dar respuestas. Fue esa la base de lo que se plantea ahora como un nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género.

Fue presentado días atrás por la vicegobernadora Laura Stratta, acompañada por las ministras del gabinete de Gustavo Bordet, en una videoconferencia de la que fueron parte una treintena de referentes de organizaciones feministas, sindicales, sociales, culturales. También fue puesto a consideración de la socióloga Dora Barrancos que ponderó algunos aspectos de la iniciativa.
Stratta presentó avances de un régimen sobre violencia de género Redacción de Página Política 10 Jun, 2020
De qué se trata
En principio, lo que hoy tiene forma de un proyecto de ley, prevé, a grandes rasgos, la conformación de Mesas Locales de actuación; plantea una perspectiva sobre la ruralidad y la vida en la zona de islas con particularidades de actuación.

Contempla desde la perspectiva de derechos a la niñez, la adolescencia y las adultas mayores. El proyecto está atravesado por la protección de derechos al colectivo LGBTQ; plantea la problemática de la discapacidad; hace hincapié en atender en todo el proceso al a salud mental.

En concreto, supone reformas a la Ley 10.058 por la que se adhirió a la ley nacional de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así, se prevé la instauración de mecanismos propios de actuación contemplando las características del territorio entrerriano.

Además, supone una revisión de la Ley N° 9198 de Violencia Familiar; y modifica la Ley N° 10.668 (Código de Procedimientos de Familia) para los supuestos de violencia familiar y violencia de género en el “ámbito doméstico”.

Define y prevé la actuación ante la violencia de género en el ámbito familiar pero también aborda la Violencia Obstétrica, la Violencia Laboral, la Violencia Institucional, la Violencia Pública Política y la Violencia Mediática.
Ante la denuncia
El nuevo régimen de actuación se propone la protección de la mujer víctima de violencia con mecanismos para garantizar el acceso a la Justicia, facilitar el procedimiento de la denuncia, previendo también la denuncia de un tercero y preservando el anonimato. Se contempla el acompañamiento de asociaciones civiles en el proceso.

Se plantean una veintena de medidas urgentes a tomar dentro de las 24 horas de recibida la denuncia, con el fin de proteger a la víctima. Entre otras cuestiones, se dispone la elaboración de un informe del caso por parte de un equipo interdisciplinario judicial a los fines de determinar daños físicos, psicológicos y económicos sufridos por la mujer.

Unifica “en un mismo expediente” todos los antecedentes y medidas vigentes en distintos procedimientos judiciales. Esto, por caso, evitaría que un juez que actúa ante violencia de género no tenga noción de lo que los hechos que dieron origen a otro expediente que tramita en juzgados de familia, por ejemplo.
Acceso a la Justicia
Como principios de la actuación del Estado, se disponen como premisas “la gratuidad, el trato humanizado, el derecho a ser oída por un juez, que la opinión sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que la afecten”.

Se prevé “la protección judicial urgente y preventiva”, la reserva de las actuaciones y la intimidad de las víctimas; la reserva de identidad de un denunciante. Se plantea como que la justicia “valore la prueba del proceso con perspectiva de género”.
Fuente: Página Política

Claves

feminismos Femicidio de Fátima Stratta Violencia de género

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