No debe haber una promesa anunciada e incumplida tantas veces como la designación del defensor del pueblo de la provincia.

Un repaso por el archivo de Página Política cuenta con seis anuncios, en el que uno de ellos tuvo volumen. Esto es que se inició el proceso en el que se inscribieron candidatos, se analizaron los currículum y se hicieron las entrevistas en comisión. Se avanzó, al punto tal, que se constituyó una terna. Todo eso quedó en la nada. Lo que vino fueron meras promesas. La última fue del entonces senador por el peronismo oficialismo de Colón, Oscar Arlettaz, que integraba la comisión bicameral que nunca más se reunió. Estamos hablando de la segunda gestión de Sergio Urribarri. Año 2013.

El proceso de elección del Ombudsman estaba en una meseta, pero el plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) que se realizó en Paraná en 2013 había desempolvado el reclamo de varios sectores de la sociedad civil y políticos para que la provincia tenga el instituto que no ha podido constituirse en los últimos cuatro años.

En un documento firmado en esta capital los defensores de todo el país se manifestaron a favor de que se constituya lo antes posible la Defensoría del Pueblo de la provincia de Entre Ríos.

Ese instituto fue creado por mandato constitucional en la Convención Constituyente de 2008. A fines del año siguiente se sancionó la Ley Nº 9931 que regula la institución y a mediados de 2010 se inició un proceso de designación que terminó quedando trunco a los pocos meses por rencillas políticas.

El día que hubo terna

Ese 2010, los integrantes de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo propusieron los nombres de Mariano López, Sebastián Aguilar y Víctor Luis María Centurión. Se podría decir un homenaje al machismo.

Ese trío quedó entrampado en la arena jurídica cuando la Cámara de Diputados debía ratificar esa elección. El cuerpo estaba presidido por Jorge Busti, donde tenía una mayoría en la interna peronista que mantenía con Sergio Urribarri.

Lo cierto es que esa designación debió ser en actos administrativos separados. Es decir por un lado el defensor y por el otro su adjunto. Esto le valió a Busti para frenar el proceso que designaba a Mariano López, un ex senador justicialista por Colón.

Cuando se intentó enmendar el error, quienes presidían la Comisión Bicameral, el diputado José Allende y el senador Raúl Taleb, renunciaron al cargo dejando acéfalo el ámbito donde debía retomarse el proceso. Lo hicieron, aparentemente, enojados con lo que había sucedido. Desde el urribarrismo expresaban por lo bajo que fue adrede para no designar a nadie. Que es lo que sucedió.

En épocas de Luis Garay al frente de la Defensoría del Pueblo de Paraná, reemplazado la semana pasada por Marcia López, en la sede de calle Monte Caseros se solían atender problemas de distintos puntos de la geografía entrerriana ante la falta de un ombudsman provincial.

La figura del defensor del pueblo, con la mediación como principal herramienta, evita la judicialización. Y amortigua la violencia. Hace 12 años que está escrito en la carta magna, pero en ninguna de las cabezas de quienes legislan.
Fuente: Página Política

Claves

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