La Fiscalía de Estado se presentó en la causa en la que se investiga el desfalco de unos 2 mil millones de pesos en el seno de la Legislatura durante una década.

Julio Rodríguez Signes decidió constituir el organismo que preside como actor civil en el legajo, como lo establece el Código Procesal Penal. La presentación fue realizada este miércoles, según supo Página Judicial.

Según el Código, en su artículo 82, “en caso que la Administración Pública sea la damnificada u ofendida del delito ningún organismo estatal será admitido como querellante particular, quedando la persecución penal exclusivamente a cargo del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de la intervención que como actor civil pueda corresponder”. Si bien aún no hay condena está probado el desfalco, es lo que pudo motivar a Rodríguez Signes a adelantar los tiempos.

La causa tomó estado público cuando Página Judicial reveló los allanamientos que hicieron los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro a los estudios contables Asesoría Integral y al que integraba Alfredo Bilbao y Ariel Faure.

Los fiscales creen que el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos, luego hablaron de 2 mil, y que la asociación ilícita venía funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en el Senado y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados. Ese recorte en este último cuerpo legislativo no tiene una explicación sensata. No hay documentación, se dijo, lo que agravaría aún más la situación si es verdad. Se trata nada más ni nada menos que de documentos públicos.

¿Cómo era el mecanismo? Se realizaban contrataciones de personas que no hacían ninguna prestación y percibían una ínfima parte de lo acordado, mientras que el resto quedaba en manos de la organización que gestionaba esos contratos.

De acuerdo con la imputación formulada por Aramberry y Yedro, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.

Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado a funcionar en 2008 con un número aproximado de cien contratos, que en ese momento eran por sumas de alrededor de 4.500 pesos; y en Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011, con contratos por sumas de unos 5.000 pesos. Así, entre ambas cámaras, se llegaron a firmar unos 350 contratos de obra, hasta que se descubrió el mecanismo, el 20 de septiembre pasado.

Esa tarde, Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático de la sucursal del Banco de Entre Ríos SA (Bersa) ubicado en calle Alsina, portando una mochila repleta de dinero. Lo que llamó la atención del agente que estaba de guardia fue que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo extracciones de dinero con varias tarjetas de débito.

Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Hugo Rubén Mena.

A partir de ahí comenzó a desentrañarse un complejo sistema montado para apropiarse de fondos públicos. Dicen los fiscales que los contratos eran firmados, en general, sin que los contratados conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado.
Fuente: Página Política

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Corrupción Rodríguez Signes Contratos truchos

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