El viernes a la siesta, el fin de semana largo empezaba a intoxicarse con la viralización de las planillas con los salarios de los integrantes del Ministerio Público Fiscal. A esa hora, los medios de Gualeguaychú anunciaban una marcha de apoyo a un policía que está detenido por haber matado a otro copoblano por la espalda. Solo la primera, de esas dos fotos, amenazó el humor del ciudadano informado.

La revelación de los salarios del procurador general y los fiscales surgió luego de que Página Judicial hiciera un pedido de información pública, derecho garantizado en el artículo 13 de la Constitución. A falta de no haberse reglamentado en la Legislatura, lo hizo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el caso Enersa. Los ciudadanos saben, ahora, que tienen un derecho fruto de un fallo enmarcado en una interna política. Pequeña. Muy pequeña.

Los salarios de los fiscales involucran a la sociedad. La indignación se viraliza y suele ganar la mesa de los domingos. Con la misma dinámica con que eso ocurre, se escurren los verdaderos problemas del Poder Judicial y el servicio que deberían prestar.

Sentido común

Hace dos semanas se cumplió un año del asesinato de Gabriel Gusmán. El joven de 20 años fue asesinado de un tiro en la nuca. La Policía dice que fue un enfrentamiento. A un año del crimen, los efectivos involucrados ni siquiera fueron llamados a prestar declaración de imputados y siguen patrullando la ciudad. La liberación del sargento Diego Ibalo y el agente Rodrigo Molina, detenidos por la muerte de Gabriel, merecieron la celebración del jefe de la Policía, Gustavo Maslein. Y más: hubo una caravana para festejar la libertad.

Al otro día del asesinato de Gusmán, en Rosario del Tala, un grupo importante de ciudadanos se movilizó frente al edificio de tribunales para mostrar disconformidad con un fallo que hace efectiva una condena dictada en 2015 y manda a prisión a siete policías acusados de haber cometido los delitos de torturas, privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales.

Este domingo fue Gualeguaychú el escenario donde se explicita la barbarie social y política. Ciudadanos se movilizaron para pedir la liberación del sargento Mauricio Gómez, imputado por haber sido el autor del disparo que mató a Iván Pérez de un balazo en la cabeza el miércoles pasado.

En el caso Siboldi, vecinos de Viale se marcharon para que los hermanos Alexis y Brian, sindicados de ser los autores del crimen de Bajada Grande, no fuesen trasladados a esa ciudad para cumplir un arresto domiciliario. La jueza de Garantías Marina Barbagelata tuvo que convocar a vecinos de un barrio de Paraná que se negaban a que los Siboldi cumplan una prisión domiciliaria en la casa de su abuela. ¿Desde cuándo una discrepancia vecinal de esa naturaleza se convierte en petición y hasta casi en obligación de tener que atenderla? Todos quieren su propio country.

Con esa estructura social se pretende en Entre Ríos implementar jurados populares, de vecinos, a quienes se les dará la posibilidad de juzgar con la sola herramienta de su “sentido común”. Ese sentido común que permite a un fiscal pensar que prorrateando los salarios de un funcionario y comparándolos con los bienes que tiene y el modo de vida que lleva se puede deducir si hubo o no enriquecimiento ilícito. Una lástima, el juicio por jurados no prevé casos en el seno de la administración pública. Otra lástima, a los fiscales parece que no se les ocurre.

Debates líquidos

Esta semana, con motivo de cumplirse diez años de la implementación del nuevo sistema acusatorio, se realizarán dos jornadas de charlas y debate con la participación de funcionarios judiciales de Entre Ríos y otras provincias. En uno de los módulos se abordará precisamente el juicio por jurados, la herramienta por la que supuestamente se dará un paso en la democratización de la Justicia. No hay en la jornada un solo disertante ligado a los derechos humanos.

Un debate pendiente en el seno del Poder Judicial es una ley del Ministerio Público Fiscal y el funcionamiento del Código Procesal Penal. Son los institutos y las herramientas con los que se persigue penalmente. Una masa crítica y silenciosa asoma en el seno de los tribunales. El presidente del STJ, Emilio Castrillón, a su modo, ha marcado un desequilibrio en el sistema entre el fiscal, la defensa y el juez de garantías.

En la política nadie acusó recibo de esta problemática que implica proteger las garantías o fijar criterios en la política criminal. Es más entretenido viralizar salarios ajenos y alguna noticia de algún blog que vive de la opereta.

Los fiscales aún tienen los rostros colorados por las planillas que siguen llegando a los celulares. Uno de ellos, al día siguiente de las elecciones PASO que dejaron un resultado que ubica a Alberto Fernández como el próximo presidente, adelantó: “Ahora sí que se acabaron las causas contra la corrupción”. No se puso colorado.
Fuente: Página Política

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Justicia y política Juicio por jurados

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