En Concordia, fuente de inspiración de la política entrerriana, pareciera asomar un fenómeno nuevo: el fin de una relación con un sector económico que tiene nombres y apellidos y que integran la “patria contratista” en Entre Ríos. Durante décadas fueron los principales proveedores del Estado.

El Concejo Deliberante de Concordia debatirá en las próximas horas un proyecto de ordenanza que dispone la rescisión del contrato de concesión de los galpones del puerto, que en el año 2015 firmó el entonces intendente Gustavo Bordet en favor de la Sociedad Anónima Puerto Príncipe. Quien pretende darle de baja es su sucesor en la Municipalidad, Enrique Cresto, que pretende sucederlo a Bordet también en Casa de Gobierno.

La firma en cuestión fue constituida pura y exclusivamente para presentarse a esa licitación con nombres históricos de la construcción en la provincia: Miguel Marizza (constructora Caballi SA); Néstor Iván Szczech; y Daniel Aníbal Hereñú (OIC SA), quien fue inicialmente presidente de Puerto Príncipe SA. Todos, a la vez, referentes de la Cámara de la Construcción.

En año 2016 el Emcontur (Ente Mixto Concordiense de Turismo) había denunciado incumplimientos de Puerto Príncipe en la presentación del cronograma de obras y el pago del canon. La empresa, por su parte, se defendió diciendo que las demoras estaban relacionadas a la inundación que azotó a Concordia en diciembre de 2015, narró el sitio El Entre Ríos.

Marizza, Szczech y Hereñú son una especie de zares de la obra pública en Entre Ríos. No sólo en el rubro de la construcción, sino también en materia de boliches bailables, por ejemplo. Cualquier emprendedor que haya incursionado por la noche tiene muy presente el nombre del presidente de Caballi, a quien le adjudican haber acudido a sus contactos políticos para evitar que cualquier otro proyecto que no sea el suyo crezca.

Hay una anécdota maravillosa que tiene su registro en diciembre de 2011. Blanca Osuna acababa de asumir la Intendencia de Paraná y, ante las fiestas de fin de año, dispuso una inspección en los boliches, entre ellos los de Marizza. Sus inspectores encontraron irregularidades en uno de ellos y la jefa comunal los mandó a clausurar. Osuna fue llamada al orden. La citaron en Casa de Gobierno y le dijeron que “Miguel es nuestro amigo”. Fin de la polémica.

No pagar, el mandato

En marzo, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de Marizza por un delito de fraude fiscal, a través de una compleja maniobra contable que consistía en la presentación de certificados truchos de retención a distintas empresas para la cancelación de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones. Se trató de una gran estafa estimada en 84 millones de pesos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pergeñada por una asociación ilícita integrada por abogados, contadores y una procuradora del organismo recaudador. Marizza estaba acusado por el delito de simulación dolosa de pagos, es decir, por haber pergeñado una maniobra para evadir el pago de 386.855,35 pesos que le reclamaba la AFIP en concepto de IVA.

Szczech, sin embargo, tiene pendiente una causa similar en la Justicia. Es un caso similar al de su amigo Marizza. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del empresario en una causa donde se lo investiga por haber pergeñado una maniobra para evadir el pago de impuestos a través compensaciones truchas y ordenó continuar con la investigación por el delito de simulación dolosa de pagos. Está acusado por el delito de simulación dolosa de pagos, en una causa que se inició a raíz de una denuncia formulada por la AFIP, en la que dio cuenta de que el empresario de la construcción había pergeñado una compleja maniobra contable para generar un saldo de libre disponibilidad con el objetivo de no pagar al fisco con dinero real sino por compensación, y evadir el pago de 340.602,56 pesos e intereses por 125.569,27 pesos en concepto de IVA por el período octubre de 2009.

Mercosur

En la Justicia entrerriana tramita una causa en la que se investiga la organización de la Cumbre del Mercosur, realizada en Paraná en diciembre de 2014. Según la pesquisa se pudo haber facilitado el pago de sobreprecios para la ejecución de obras y servicios cuya estimación sería de 17 millones de pesos

Un informe del periodista Oscar Londero, oportunamente, reveló que la firma Caballi se encargó de todo lo que fue la decoración del salón principal donde se desarrolló la jornada diplomática, desde los arreglos florales hasta los equipos de audio. Todos subcontratados por la empresa constructora.

Este mandato comenzó con una polémica entre Marizza y Bordet. Fue luego de que Caballi, una de las empresas que integra la Unión Temporal de Empresas que construía el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, decidió hacer caer el convenio para el reinicio de las obras debido a “desidia de parte de quienes tienen que tomar decisiones”. A quien apuntaba era el Gobernador. El empresario anunció una demanda contra el Estado, el mandatario le contestó que “no se iba a dejar extorsionar”.

Mientras el Poder Judicial resuelve estas causas, sería interesante que la Legislatura se apreste a abordar un proyecto de ley del senador del PRO, Nicolás Mattiauda, que pretende impedir que participen en las licitaciones quienes tengan procesamientos o sentencias judiciales o hayan sido sancionados por vulnerar el medio ambiente. Uno de los requisitos para ser proveedor del Estado es no tener deuda con el mismo.
Fuente: Página Política

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