Por Blanca Osuna
@BlancaOsunaOK


Las denuncias realizadas oportunamente en sede judicial por dos mujeres víctimas de femicidio en nuestra Provincia: Fátima Acevedo y Romina Rodas, distanciadas entre sí por un lapso estrecho de tiempo, se yerguen rompiendo el cerco de sus cortas vidas. Esas jóvenes figuras interpelan a nuestra sociedad en su conjunto y en particular interrogan a los responsables estatales.

Los avatares en torno a su común condición humilde y otras semejanzas que rodearon sus muertes nos dejan dolorosas enseñanzas. Enseñanzas que como comunidad y como estado deben ser asumidas, para materializarse en decisiones y acciones reparadoras. De lo contrario existe el riesgo que tanto el daño familiar y social como la posibilidad del estado de aprender de una vez por todas lo que corresponde hacer, sean deglutidos en la vorágine cotidiana, ante la indiferencia ciudadana que a veces es alimentada con intención aviesa.

Cuando se trata de violencia de género, la teoría ha demostrado que la intención de culpabilizar a la víctima, tiene como lógica razones culturales de fondo y el propósito de solapar la inobservancia del deber de cuidar derechos, por parte de quienes tienen obligación de hacerlo.

Del mismo modo, justificar la ineficiencia de marchas y contramarchas oficinescas es funcional en estos dramáticos casos a la injusticia y desnuda la mezquina intención de no hacerse cargo. Las denuncias por violencia de género tienen desde el lugar de la víctima, en general, implícitas dos perspectivas: una la acusación al presunto responsable del hecho y otra un pedido de ayuda, de auxilio de demanda de resguardo.

Al respecto y en clara relación a la prevención la Corte Interamericana de DDHH expresa en uno de los casos que intervino y que sienta doctrina “no es necesario que la presunta víctima denuncie los hechos más de una vez para que surja la obligación de investigar y proteger”.

Un acto de violencia de género de cualquier magnitud resulta en sí mismo particularmente importante para que corresponda llevar adelante la investigación con determinación y eficacia.

La violencia de género y el femicidio constituyen un problema político y su tratamiento y resolución son una asignatura pendiente en Entre Ríos y en Argentina. Treinta y dos asesinatos en el tramo del período de aislamiento obligatorio por el covid-19 dan cuenta de ello. Su complejidad exige a su vez respuestas múltiples y políticas nítidas. Es posible que la puesta en práctica de la ley Micaela, los desarrollos para la toma de conciencia, para la educación y solidaridad realizadas por diversas instituciones de nuestro medio contribuyan a aportar lo suyo. Aunque mientras tanto no hay excusa posible que justifique lo que se nos presenta como en espejo entre estas dos muertes: áreas de administración de justicia provincial que hacen circular corresponsabilidades varias entre juzgados y fiscalías, entre fiscalías y jueces de garantías. Y al mismo tiempo voces que a nivel del Poder Ejecutivo provincial debieran ser contundentes y esclarecedoras eligen silenciarse. Mientras la
principal fuerza opositora, la UCR con sus declaraciones oportunistas ratifica su incoherencia y descompromiso histórico con este grave problema.

Estos delitos perpetrados con absoluta crueldad perpetrados en Entre Ríos a dos jóvenes mujeres, con una significativa similitud en la trayectoria final de sus vidas, cuyos hijos e hijas son también víctimas, plantean un durísimo mensaje: la violencia contra las mujeres está siendo tolerada . Y se abre la posibilidad de nuevos casos si la situación perdura. Quiero confiar en que eso no pase.

Lo más tremendo es que estos hechos puedan calar en la comunidad una enseñanza peligrosa sobre la desconfianza en el rol del estado para poner fin a los mismos. Cuestión que paradójicamente se da en un momento en que la pandemia puso a prueba a nuestro presidente Alberto Fernández, quien recién iniciado en su mandato está dando muestras de recuperación del estado nacional y de cuanto es capaz de concretar en materia de protección de la salud y de otros bienes en riesgo como los alimentos, la educación, el salario, la economía, por sólo nombrar algunos.

Como respaldo para avanzar existen en nuestro país más de veinte Tratados Internacionales dedicados específicamente a los derechos de las mujeres. Derechos que a partir de 1994 cuentan con status constitucional. No hay dudas que los operadores estatales de esa materia ya sean funcionarios provinciales, municipales, jueces, abogados, etc. debieran estar muy informados de esas líneas generales de jurisprudencia a efecto de resguardar las obligaciones asumidas por el estado argentino en el sistema interamericano de Derechos Humanos. Además se cuenta con la propia legislación argentina sobre el tema que por cierto es de avanzada y tiene reconocimiento internacional, y suma lo suyo el recientemente creado a nivel del PEN, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que realizó este año en nuestra ciudad un Foro de planificación participativa de políticas públicas sobre temática afín y una Jornada de capacitación por la Ley Micaela.

Es una cuestión de honestidad intelectual dejar en claro que la obligación del estado no se agota en el mero trámite. O peor aún que se pretenda justificar lo no hecho, utilizando una red social como hemos visto, para relatar el pasamanos entre el Juzgado de Familia, la fiscalía, y el juez de garantía definiendo archivo del expediente. Todo ello es un calco de lo que vivimos hace poco más de un mes atrás en oportunidad del Paro y Movilización del 8 de marzo llevado a cabo este año, junto al reclamo por el femicidio de Fátima Acevedo.

Es crucial que frente a las denuncias de violencia de género en sede policial o judicial se corresponda la puesta en marcha inmediata de una gestión realmente efectiva, capaz de producir resultados de plena eficacia ante la agresión alegada y brindar posibilidad real, no ilusoria ni teórica, que permita alcanzar la protección del derecho a la vida digna, y prevenga muerte y otras violencias. Lo que además exige un nivel de coordinación lógico y razonable entre personas que trabajan en cercanía unas de otras, y que potencie y logre sacar provecho a la inversión estatal en materia de presupuesto de cargos y estructura en su administración. Eso a la par que se activen políticas preventivas en distintos ámbitos y medios. En criollo sería: hacerse cargo.

Por último, existen antecedentes valiosos en políticas públicas que requieren ser profundizadas y fortalecidas, movimientos, organizaciones e instituciones estatales y no gubernamentales que siempre están presentes para participar y decidir. Por mi parte como legisladora nacional y ex intendenta de Paraná ratifico mi voluntad de aportar a políticas que demuestren efectivamente la férrea voluntad de poner fin a este infierno de violencia y muertes evitables. Es hora.
Fuente: Página Política

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OPINION Violencia de género Blanca Osuna Caso Fátima

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