La necesidad de fijar reglas de juego electorales previsibles, que limiten al máximo la discrecionalidad y la especulación de los gobernantes de turno; y también de contar con normas que aporten a la transparencia del financiamiento de la política, forma parte de un debate que lleva décadas en la provincia.

No ha sido posible, en los últimos 30 años, hallar un momento en el que la dirigencia entrerriana consiga ponerse de acuerdo para levantar la vara de la calidad institucional en la provincia. Los intentos se han dado en los años pares, porque son los años en los que no se vota y, en consecuencia, la definición de las normas electorales está más a salvo de contaminarse con los intereses coyunturales.

La última vez fue en 2018, cuando el gobernador Gustavo Bordet impulsó un proyecto de código electoral con tres pilares de reforma: boleta única de papel, representación de minorías y paridad de género. Pero la interna peronista y las especulaciones de la oposición impidieron el consenso. Aunque ese año no se votaba, el cambio de ciclo que llegaría en 2019 ya había empezado a gestarse.
Oportunidad
Nunca parece ser el tiempo adecuado. La lógica indica que el debate se debe dar lo más lejos posible de una elección que implique un cambio de gobierno. Por eso, Bordet tenía la intención de avanzar con este debate a principios de su segundo mandato, para definir leyes electorales provinciales que se estarían aplicando recién a mitad de 2023.

Así estaba planeado y así fue anunciado en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del pasado 15 de febrero: en estos meses se avanzaría en la reforma electoral que no pudo ser en 2018, y se le sumaría también una reforma a la ley de partidos políticos para regular el sensible asunto de su financiamiento.

Pero llegó la peste y, de un día para el otro, se alteró la lógica de la gestión y de la propia práctica política. Tuvieron que pasar varios días de la cuarentena obligatoria para que la dirigencia empezara a reaccionar y la Legislatura adoptara mecanismos remotos para retomar su tarea sin romper las reglas del distanciamiento social.

Aún así, la Legislatura entrerriana fue de las primeras del país en encontrarle la vuelta a la herramienta virtual. Con esa inédita modalidad, la Cámara de Diputados pudo votar la ley de electro dependientes; la de inclusión de los trabajadores de comunas al Iosper y a la Caja de Jubilaciones; y poner al día trámites dominiales.

Pero ya se llegó a mitad de mayo y los temas centrales del debate legislativo previsto a principios de año, como la reforma política, la reforma previsional o la regulación ambiental, no figuran en la agenda de corto o mediano plazo de la Legislatura.
El fracaso de 2018
Bordet ya había anunciado en febrero de 2018 que elevaría a la Legislatura un proyecto integral de reforma política. El proyecto, que terminó adquiriendo la forma de un nuevo código electoral, recién ingresó dos meses después, a mitad de abril. Y demoró otros dos meses para empezar a tratarse, con la ronda de consultas a los partidos políticos que montó el Senado a mitad de junio.

Aunque limitado estrictamente al plano electoral, la iniciativa oficial planteaba cambios importantes, como el reemplazo de la por años cuestionada boleta sábana por una Boleta Única de Papel (BUP), al estilo de la que rige en Santa Fe; o la igualdad de género y la representación de las minorías partidarias en la confección de las listas de candidatos.

El moroso paso del proyecto por la Legislatura en 2018 se debió a las diferencias dentro del peronismo, expresadas centralmente desde la Cámara de Diputados que presidía Sergio Urribarri.

Pero el proyecto de un nuevo código electoral se terminaría cayendo definitivamente cuando, para fines de junio, la UCR y el PRO –los dos partidos principales de Cambiemos- se resistieron a darle a Bordet la posibilidad de desdoblar las elecciones y plantearon que las reformas electorales debían empezar a regir a partir de 2023.

En el camino quedó la BUP que tanto defendió Cambiemos; la representación de las minorías que siempre aplicó la UCR y nunca el PJ; y la equiparación de género para el armado de las listas, que era resistido por igual en el peronismo y en Cambiemos.

Caído el nuevo código electoral, en el peronismo se buscó la forma de salvar lo indispensable para el futuro de esa fuerza: darle a Bordet la posibilidad de especular con el mejor momento para votar en Entre Ríos y contener la interna fijando por ley el generosamente bajo piso del 15% para la integración de las minorías.

Sin embargo, el proyecto de reforma política abreviada que se terminaría aprobando sería uno acordado con Cambiemos, que dejaría fuera la representación de minorías. Se argumentó públicamente que podría acarrear planteos judiciales (por injerencia en la vida interna de los partidos) que pondrían en riesgo lo que a todos más importaba de la ley: el desdoblamiento electoral. En privado, algunos legisladores de Cambiemos reconocieron que buscaron con ese pedido hacer un daño al acuerdo del peronismo.

En el acuerdo con la oposición, Bordet obtenía a cambio que la ley que le permitía especular con el mejor momento para ir por su reelección había sido sancionada por una mayoría especial, cuando la legislación no exige más que mayoría simple. De hecho así fue: el proyecto fue rechazado por sólo tres diputados kirchneristas, que querían votar en octubre, porque imaginaban que, con Cristina Fernández candidata a presidenta, le podrían armar la lista provincial a Bordet.

El acompañamiento de Cambiemos a la ley que le permitió a Bordet separar las elecciones provinciales de las nacionales implicó para los legisladores radicales y macristas volver sobre sus pasos. Habían expresado con claridad su oposición al desdoblamiento. Dijeron que sería un gasto innecesario de 500 millones de pesos y que se obligaría a los entrerrianos a ir hasta cinco veces a votar en 2019, para el caso de que hubiere balotaje.

Buscaron explicar su marcha atrás con elegancia: Ya que el peronismo tenía los votos –dijeron- decidieron poner algunas condiciones para su acompañamiento. Lograron, por caso, limitar el rango de fechas que el proyecto peronista le daba a Bordet para un desdoblamiento.

Llegaron a comparar la situación con el Pacto de Olivos que firmó Raúl Alfonsín con Carlos Menem cuando advirtió que de cualquier modo el peronismo iba a reformar la Constitución Nacional en 1994.

Aunque otros, en privado, hablaron de una bajada de línea del presidente Mauricio Macri, fundada en sus necesidades de negociación con Bordet (y todos los gobernadores peronistas) para cumplir con el ajuste pautado por aquellos días con el FMI.
Fuente: Página Política

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