Una mala noticia para todos, menos para los imputados. En la parrilla hace dos años, los investigados por la Procuración General en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura entienden que han mejorado sus condiciones.

Mientras el legajo descansa en el letargo recurrente a la espera de una pericia que determine el desfalco entre 2008 y 2018, la trama de esta historia se puso nuevamente en la narrativa periodística. Al círculo rojo el tema lo inquieta, sobre todo, a dirigentes que tienen expectativas políticas a futuro y todo este tiempo han estado cruzando los dedos para que la pesquisa se cierre como está. Es decir, sin ellos.

La publicación de la revista Análisis dando cuenta que había accedido a grabaciones de entrevistas a testigos (lo que no tiene nada de malo) despertó la creatividad en los abogados defensores. Encontraron en esa revelación la posibilidad de advertir que se podría estar ante una manipulación del proceso.

Aprovecharon el contexto para pedir una audiencia con la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que debe controlar el proceso, y plantear el descontento por supuestos “abusos” del Ministerio Público Fiscal. Los vocales recibieron a los letrados, con quienes coinciden que el sistema acusatorio necesita una reforma. Pero lo más importante: están en el mismo frente en la interna con la conducción de la Procuración General.

La película tuvo su fin este jueves con la decisión del procurador Jorge García de desligar a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry de cualquier filtración.

El espejo de Allende

Con el tema nuevamente en agenda, imputados se contactaron con sus defensores para ponerse al tanto del legajo. Uno de ellos le aclaró a su representante: “Yo no trabajé para mí, como Allende, sino para los compañeros”. Esa aclaración se la puede conectar con lo que uno de los recaudadores imputados, Hugo Mena, dijo en audiencia pública: “Yo hacía mi trabajo”. ¿Quién ordenaba, entonces, ese trabajo?

El sistema de contrataciones irregulares funcionaba mediante un engranaje que empezaba con el presta nombre para el contrato y terminaba en una ventanilla del banco Bersa. En el medio operaba una estructura administrativa con despachos en Casa de Gobierno y en dos estudios contables. La investigación, ya casi lista para elevar a juicio, no llegó a quienes autorizaban esos contratos.

Los imputados miran el acuerdo de José Allende y se entusiasman. Piensan en su abreviado que los deje afuera de la Unidad Penal. ¿Se les exigirá que aporten información? La vez que apareció esa posibilidad de llegar hasta el hueso con documentación reveladora, en la Procuración se hicieron los distraídos.

Mientras el mundillo se entretenía con el misterio de la filtración de las grabaciones, otros pícaros viralizaban el video de aquella audiencia pública en que la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche asegura no tener ninguna relación con el imputado Pedro Opromolla, luego ratificada por el embargo de los fiscales de la causa.

¿Habrá llegado ese video a Pablo Hawlena Gianotti? Es el abogado porteño que puso el imputado Jorge De Breuil. Como todo foráneo, desconoce las normas de buena vecindad de la comarca. Excusó a los fiscales.

La causa de los contratos truchos llega cuando el juicio abreviado de Allende empieza a generar dudas tras la presentación en los tribunales de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para expresar su disconformidad con el acuerdo en juicio abreviado que la tiene como víctima de violencia de género.

La última semana evidencia la complejidad del rompecabezas. Y peor: no hay obsesivos.
Fuente: Página Política

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