Hechos ocurridos en torno a la Justicia atravesaron la campaña. El proceso electoral no fue agresivo, sino que padeció una baja densidad política. Ocurre en Entre Ríos desde hace varios años.

Las noticias más importantes de la última semana de proselitismo fueron una denuncia judicial, una absolución y un pedido para que se investigue si la comarca fue salpicada por inteligencia ilegal.

La denuncia la realizó el abogado Milton Urrutia. Se presentó en el Ministerio Público Fiscal y pidió que se investigue a los presidentes de la Cámara de Senadores en el marco de la causa de los contratos truchos. Mencionó a José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Bahl. El escrito no es un disparate. Cita un decreto de fácil interpretación para un ciudadano de a pie en el que se especifican responsabilidades políticas y administrativas los vicegobernadores en la contratación de personal. La inquietud justiciera de Urrutia no alcanzó a la Cámara de Diputados, la otra pata de la Legislatura. Raro.

Para la Procuración General debe ser una situación incómoda tener ese planteo sobre el escritorio. Están cerrando la causa y no hay entre los imputados ni una sola autoridad política que haya estado al frente de alguno de los cuerpos parlamentarios. Sólo se los convocó para que designaran abogado, lo que les permite tener acceso a la prueba. En resumen: no están en el hecho, pero pueden saber lo que pasa en la trama del legajo. Al debido proceso, como a la salud, educación y el trabajo, habría que agregarlo entre las deudas de la democracia a esta altura.

Desde el sector de Sergio Varisco se tomó la decisión de apuntar a su contrincante más competitivo con la causa de los contratos truchos. Eduardo Solari llamó a conferencia de prensa para expresar sus sospechas sobre el accionar del Poder Judicial. En tribunales ni se inmutaron. No hubo respuestas ni comunicados oficiales. Urrutia, finalmente, institucionalizó las inquietudes del sector del intendente y se presentó en la Justicia. Ante los periodistas, Solari también se había encargado de Sergio Urribarri, a quien no alcanza la denuncia del letrado de Paraná. José Ángel Allende también fue beneficiado por el descuido de Urrutia. El período de Jorge Busti no se está investigando.

A media semana fue absuelto Luis Erro, precandidato a senador por Gualeguay. El dirigente justicialista fue denunciado en 2009 por haber instalado un medidor eléctrico ambulante en un local donde se desarrollaron actividades políticas. La Justicia había fijado el daño al erario público en 101,99 pesos. Tuvo que convertirse en candidato para que en los tribunales resolvieran la cuestión. Si se ratificaba la sentencia Erro no podría ser candidato por la sencilla razón de que la condena que pesaba sobre él lo inhabilitaba para ocupar cargos públicos.

La disparatada causa, iniciada por interés político en el marco de una vieja interna peronista, tardó una década en resolverse. Resuelta la unidad en el Partido Justicialista, faltaba la unidad judicial. La absolución la firmaron Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Miguel Ángel Giorgio votó en disidencia por la confirmación de la condena. A la unidad no le faltó nada. Se espera que la causa de los contratos tenga esa misma dinámica.

El miércoles Rubén Pagliotto y Miguel Cullen peticionaron en la Justicia Federal que se le solicite parte del expediente que lleva adelante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la existencia de una supuesta red de espionaje ilegal.

Marcelo D’Alessio, el falso abogado que se hacía pasar por espía, habría estado en Paraná. Los indicios surgen de un mensaje de audio a través de WhatsApp, del 1º de febrero de 2019, registrado en su teléfono celular y que forma parte de la prueba que tiene Ramos Padilla. Los defensores de Sergio Varisco creen que pudo haber ensuciado la causa que tiene al intendente procesado por narcotráfico y que ya está elevada a juicio. Esa tesis es enmarañada desde el punto de vista temporal. A esa altura la pesquisa estaba a punto de cerrarse, pero los letrados solicitaron todas las grabaciones y mails sobre el personaje y no debería descartarse alguna posible intromisión.

De la causa contra D’Alessio se conocen novedades todos los días. Por lo menos en C5N.

Lo que sí cobra relevancia de lo dicho por Pagliotto y Cullen es la denuncia política, también plasmada en el escrito presentado en los estrados federales. Lo hicieron con precisión cuando apuntaron a Patricia Bullrich y al diario Clarín. La ministra de Seguridad de la Nación explicitó su satisfacción por el procesamiento de Varisco en el ámbito más público y masivo que se conoce: Twitter. El matutino porteño publicó el 9 de marzo en su portada de domingo “una explosiva declaración” en la causa de narcotráfico que, en realidad, era de junio del año pasado. La nota estaba firmada por Mariano Gaik Aldrovandi, quien en 2017 publicó en el matutino un informe sobre el caso Micaela García que fue desmentido por el representante de la joven asesinada.

Adán Bahl tuvo un cierre en una tribuna kirchnerista. Fue invitado a C5N el miércoles por la noche. Al vicegobernador le otorgaron solo cuatro minutos y lo limitaron a que hablara de la causa por narcotráfico que pesa sobre el jefe comunal. El periodista Tomás Méndez le ofreció, entusiasta, prender fuego a Rogelio Frigerio por su rol de jefe político de Cambiemos, pero el candidato peronista no se enganchó. Ese gusto, quizás, se lo hubiese dado Varisco.
Fuente: Página Política

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