Diego Lara presidirá el Tribunal de Cuentas de la provincia. El pliego ingresó al Senado para el acuerdo, según supo Página Política.

Gustavo Bordet se inclinó, finalmente, por quien quedó primero en la terna luego de ser evaluado por el Consejo de la Magistratura.

Como todo cargo delicado, el proceso suele quedar en el medio de las polémicas. El diputado provincial recibió críticas por parte de la oposición, quienes cuestionaron que su designación carecería de ética al ser un justicialista el que controle las cuentas de un gobierno del mismo color político. También se puso bajo la lupa una reglamentación del Ministerio de Gobierno que modificó el régimen de puntaje en el ítem “Antecedentes Profesionales” al incorporar como antecedente a calificar el hecho de haberse desempeñado en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos. Esa reforma se la vio como hecha a la medida de Lara, quien integró el Jurado de Enjuiciamiento. Cuando se conoció la noticia –en los medios –no se dijo nada. Entre los concursantes había simpatizantes de todos los partidos. El único que se refirió al tema en su momento fue el diputado del PRO, Esteban Vitor.

El terna quedó de la siguiente manera: Lara con 72,75 puntos; Federico Tomas con 72,60 puntos; y Nanci Vinagre 69,70 puntos.

Posiblemente el diputado se benefició con la nueva reglamentación. Sucede que la misma se conoció y todos los concursantes decidieron participar con esas reglas. No hubo impugnación ni administrativa ni judicial sobre el asunto.

Lara ganó. Y el Gobernador eligió a quien salió primero en el concurso.

El 13 de julio pasado el Tribunal de Cuentas cumplió cuatro años con un presidente interino luego de la salida de Guillermo Smaldone tras una larga polémica en el Poder Judicial que no se resolvió y quedó abstracta cuando se decidió correrlo del cargo.

Bordet eligió, entonces, a Tomas por ser el abogado más antiguo del organismo, hasta tanto se reglamente por ley la manda constitucional y se convoque a concurso.

Con Lara hubo impugnaciones durante el proceso en el seno del Consejo de la Magistratura, que se resolvieron allí mismo, como está previsto en la ley.

Sólo resta evaluar que se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales, corran los 10 días para impugnaciones y la audiencia pública.
Fuente: Página Política

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