El Colegio de Abogados de Entre Ríos es la otra entidad de la comunidad judicial que se sumó al debate luego de la entrevista de Gustavo Bordet a Página Política , en la que marcó algunas ideas (o pretensiones) para corregir en torno al Poder Judicial. El presidente Alejandro Canavesio habló con este medio y dejó sus impresiones.

-El Gobernador dejó una serie de definiciones sobre el funcionamiento de la Justicia. ¿Qué le parecieron?

-En cada una de las aperturas de los períodos legislativos ha hablado de la reforma política y la reforma judicial. Allí prioriza que va a mandar para que sea tratada la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se rige el funcionamiento de ese poder. Se ha hablado mucho y nosotros hemos dejado en claro que queremos trabajar y aportar desde nuestros institutos en el Colegio. Con el juicio por jurados, que es uno de los temas que se abordó, nosotros hicimos nuestro aporte. Desde el 2008 veníamos impulsando esto y la verdad es que estuvo bien la manera en que se llevó adelante el debate, porque fue en consenso y con una importante participación. En nuestro ámbito está el ánimo de aportar para mejorar el desenvolvimiento de la Justicia. De la Ley Orgánica me parece que se viene hablando mucho y debería ser el próximo objetivo. Hay varias cuestiones que toca, como el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia, las licencias, las suplencias.

-Bordet marcó varios temas. Habló de corregir el procedimiento para suplir vacantes, acomodar “desequilibrios” en materia salarial y aportes al sistema previsional, entre otros temas. ¿Cuál le parece el más urgente?

-Escuché al Gobernador, también, hablar de que los funcionarios judiciales deberían tener reválidas y rendir examen. Hoy la ley y la Constitución dicen que quien accede al cargo es inamovible hasta que cometa alguna cuestión estipulada por la que se lo puede remover. Para eso hay un procedimiento. Mientras tanto va a perdurar en su cargo. Osea, no se puede hablar de algo que no lo tenemos, pero si hay que hablarlo, hablémoslo. Miremos lo que sucede en otros países respecto al Poder Judicial y su independencia.

-Está lo escrito en los contratos sociales, como puede ser una ley y la Constitución, y después está lo que la sociedad visualiza bien o mal. ¿Cómo se resuelve la crisis que vive el Poder Judicial? ¿Con reformas o qué?

-Bueno, en los casos en que un magistrado incurrió en algo que no debía, fue removido. Ahora, los mecanismos son todos revisables. Hoy los procedimientos son los que tenemos, salvo que se pretenda discutir cambios. En ese caso tendrá que ser por consenso, porque son temas delicados que requieren del aporte de todas las partes. Uno de los temas que tocó el Gobernador es el de las remuneraciones en el Poder Judicial. Hoy está a derecho. Existe una ley de enganche que se rige por porcentajes que fija Nación, pero a la vez tienen asegurado el 82 por ciento móvil en la provincia. Hay un desequilibrio en la manera en que se está remunerando en Nación y en la provincia. Deberíamos normatizar todo con el mismo rigor. Insisto, hoy no se está incurriendo en una violación a la normativa. Tanto el 82 por ciento móvil como la ley de enganche fueron logros importantes, pero trajo aparejado un problema muy importante para la Caja de Jubilaciones de la provincia. Este desequilibrio hay que solucionarlo.

-¿Hay, en principio, un choque de leyes, no?

- Me preguntás cuál es la solución, y bueno, tendríamos que estudiarlo entre todos los actores. Me parece bien la actitud del Gobernador cuando dice que iba a convocar para buscar una solución. Es un tema que nos atañe a todos.

-El Consejo de la Magistratura fue el otro tema. El mandatario quiere que se apele a la terna al momento de elegir suplentes. En el caso de los ministerios públicos está en la Constitución. Sin embargo en la Asociación de Magistrados reconocieron que no se da en todos los casos. También se habló de quienes están años en las suplencias y luego al momento de presentar los antecedentes en un concurso corren con ventaja sobre el abogado que trabaja en un estudio. ¿Qué dice de esta situación?

-Estas cosas las vemos a diario y no solo en Paraná, sino también en el interior, que suele ser peor. Nuestros consejeros llevan estas mociones para discutir, sobre todo la igualdad al momento de concursar. Incluso quienes están en los tribunales cumplen un horario de manera tal de tener tiempo para estudiar. También tienen licencias para rendir. Es decir, hay una diferencia entre un empleado judicial y un abogado de calle que tiene que trabajar todo el día para sostenerse. Es una lucha que viene de hace mucho y que nos hemos propuesto a seguir.

-¿Qué le cambiaría al Consejo de la Magistratura?

-Tenemos buenos profesionales, bien capacitados, y que tienen buenos resultados a la hora de los exámenes escritos, pero en los antecedentes corren con las de perder. Hay cuestiones psicológicas que también se pueden evaluar como si una persona está en condiciones de llevar adelante un juzgado con personal a su cargo. Se me ocurre que estas cosas deben estar en el proceso de evaluación. Por otro lado está el tiempo en que se produce la vacante, se llama a concurso y se resuelve. Pasan años y el favorecido es el que está en la Justicia sumando puntos.

-El Instituto de Derecho Penal del Colegio promueve una reforma al Código Procesal Penal porque entiende que se ha producido un desequilibrio en lo que se conoce como “igualdad de armas” entre los jueces de garantías y los fiscales.

-No soy penalista, pero estoy al tanto de esta iniciativa y vamos a colaborar para mejorar el sistema. Concretamente desde el Colegio se ha presentado un proyecto que modifica el Código. Ocurre que un fiscal te llama como testigo, entonces este va sin abogado en muchos casos, pero resulta que está imputado. Le hacen un montón de preguntas y uno está solo, sin respaldo jurídico en una investigación. Hay casos particulares, incluso, que se han conocido en la opinión pública como filtraciones de datos desde fiscalía. Bueno, son cosas para mejorar. Lo sagrado es el debido proceso con todas las garantías. Desde la Vicegobernación nos han convocado a través del instituto de formación legislativa a fin de que traslademos estas cuestiones, como la ley de colegiación, en el que firmaremos un convenio. Insisto, lo mejor es resolver estas cosas con consenso. También hemos enviado notas al Superior Tribunal de Justicia, al Gobernador y a los presidentes de las cámaras para ponerlos al tanto que en el marco de la pandemia se ha traído una normatización a través de decretos y resoluciones que han modificado el trabajo. Por ejemplo hay municipios que tienen una barrera sanitaria impenetrable y que hace que se vulneren derechos o, bien, se está al límite. Es cierto que fuimos de los primeros (los abogados) que conseguimos poder la transitar.

-La Ley de Procedimientos Constitucionales fue cuestionada en el ítem amparo por la entidad que preside por entender que se le quitaba la dinámica que lo hacía exprés y por lo que se lo reconoce en otras provincias. ¿En qué quedó todo ese debate?

-A fin de año se pretendió modificarlo y finalmente no ocurrió. Por suerte, porque es una ley nueva. Hubo otros intentos de avanzar nuevamente en introducir la modificación y de que el amparo se abra a prueba. Nosotros no queremos eso, sería desvirtuar ‘la niña bonita’ que tenemos en Entre Ríos, como es la ley de amparo. Cualquier provincia la reconoce.

-¿Qué evaluación se hace en la institución, a groso modo, del servicio de justicia en general?

-Me parece que un juez que no titularizó su cargo, si bien tiene la responsabilidad del ejercicio de la función, recibe quejas. Esto ocurre en el interior más que nada. Se dice que esas designaciones suelen ser por conveniencia. Esto no implica que los procedimientos no funcionen bien y uno tenga la posibilidad de recurrir en los órganos superiores. Por otro lado hay una idea de retardo en la Justicia donde no se satisfacen las necesidades de la gente en tiempo y forma. De todas maneras, en Entre Ríos la cosa funciona, esto es a título personal, más allá que no todos están conforme.

-En todos los trabajos de opinión pública el Poder Judicial aparece con una pésima imagen. ¿A qué los atribuye?

-Creo que tiene que ver con el acceso a la Justicia. No todos tienen la posibilidad de llevar sus problemas a tribunales para resolverlos. Esto lo vimos en nuestros centros de acceso a la justicia que tenemos en Paraná y Gualeguaychú. Ahí se ve la cantidad de gente que sectores periféricos la cantidad de casos que hay de gente que no sabe cómo llegar a un juez.
Fuente: Página Política

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