La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Entre Ríos se vio en la necesidad de poner blanco sobre negro algunas cuestiones que fueron planteadas por Gustavo Bordet en la entrevista con Página Política en el capítulo que refiere e incumbe, precisamente, al Poder Judicial. Aseguran que no es una contestación, sino parte del debate. En ese marco este sitio entrevistó al presidente y secretario de la entidad; la camarista Gabriela López Arango y el juez de juicio Alejandro Cánepa.


-El Gobernador expresó la posibilidad de que las suplencias en el Poder Judicial sean resueltas con integrantes de las ternas que se hayan ido constituyendo en el Consejo de la Magistratura para evitar la discrecionalidad de quienes presiden los ministerios públicos y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

-Cánepa: Eso está en la Constitución. El artículo 207 impone a los titulares de los ministerios públicos la obligación de sacar de las listas de los distintos concursos en el Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes o suplencias. El problema no es cómo se eligen los suplentes, sino por qué duran tanto y esto no es porque se le ocurre al Superior Tribunal, sino porque los concursos no finalizan. A veces suceden cuestiones como la de este año, que es absolutamente excepcional (pandemia); y a veces suceden otras cuestiones producto del propio procedimiento que se demora, como el giro de la terma al Senado o el Ejecutivo. Es un proceso muy complejo por el que pasa un candidato para ser ungido funcionario judicial.

-Hay una cuestión administrativa en el proceso de selección que hace que se puedan extender las designaciones y, por ende, las suplencias. La pregunta es: ¿Se puede reglamentar legislativamente esto o con lo que dice la Constitución ya está?

-Cánepa: El artículo 207 es muy claro cuando le otorga las funciones, entre ellas, de cubrir toda vacante entendiendo, si las hubiere, las nóminas del Consejo de la Magistratura. Luego, cuando habla de las atribuciones del Poder Judicial, le da esa atribución específicamente al Superior Tribunal.

-¿Pero eso se hace correctamente?

-Cánepa: Bueno, en algunos casos sí.

-No quisiera entrar en nombres propios, pero conozco funcionarios judiciales que cubren suplencias y no fueron sacados de una terna y en otros casos ni siquiera concursaron.

-Cánepa. En mi caso, que estoy cubriendo una suplencia de cinco cargos, obtuve una por estar ternado.

-Pero insisto: hay casos en lo que esto no ocurre.

-López Arango: Y sí, eso es verdad. Pero también se han elegido profesionales de la matrícula, como el caso de Alejandro Galantti, que ingresó por haber concursado, lo mismo María Elena Albornoz. No sé si se ha respetado el orden de la terna, pero sí se ha tenido un criterio para elegir.

-El planteo sería, entonces, el siguiente: hay casos que están bien y otros que no. En resumen, en algunos casos se estaría respetando la Constitución y en otros no. ¿Es así?

-Cánepa: Eso es lo que se debe exigir, lo que no se puede es avanzar en una atribución de otro poder. En el caso de los ministerios públicos está expresamente reglamentado. Cuando uno lee las declaraciones del gobernador, en el sentido que quiere designar él los suplentes, uno entiende que estamos ante un avance indebido sobre una atribución concreta, exclusiva y excluyente del Superior Tribunal de Justicia. Luego el Superior puede reglamentar el modo de seleccionar.

-¿Quizás se tenga que unificar el criterio entre el STJ y los ministerios públicos?

-López Arango: Nosotros propiciamos eso, que se tenga en cuenta al que se anima a participar de un concurso y se expone a todo lo que el proceso significa, desde lo personal hasta lo profesional. Somos uno de los principales interesados en que los cargos en la Justicia se cubran lo más rápido posible. Nosotros hemos tenido en repetidas oportunidades y distintas gestiones la posibilidad de hablar con el secretario de Justicia para agilizar los concursos. Sabemos que hay muchos más aspirantes. Pero insisto, somos los principales interesados y esto lo expresamos a través de nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura.

-Cánepa: Lo mejor para nosotros, para el Poder Judicial, en cuanto a la independencia de un juez, es que surja de un procedimiento objetivo. Si es por concurso público y antecedentes, mejor, porque eso garantiza su estabilidad. Y si es de manera temporaria como los suplentes, que se exija un régimen objetivo como lo tienen los ministerios públicos, porque de alguna manera garantiza la independencia externa e interna de cada uno de esos magistrados que tienen que prestar servicio.

-La otra crítica que se hace, ya no del Gobernador sino de otros actores de la comunidad judicial, es que los suplentes acumulan puntajes importantes a lo largo de años de suplencias, dejando a un abogado del foro en desigualdad de condiciones. ¿Cómo resolver esta cuestión?

-López Arango: Hubo una reforma en el puntaje y los abogados se beneficiaron. El puntaje está siempre en revisión, porque es una cuestión del propio Consejo. Por ejemplo, como fue el caso de los fiscales auxiliares, que en definitiva tienen el mismo desempeño que los agentes fiscales.

-Cánepa: Hay un ejemplo paradigmático que es la Cámara Contensioso Administrativa de Paraná. Ninguno de los suplentes titularizó. De todas maneras, el Consejo de la Magistratura depende del Gobernador, por eso cuando leo sus declaraciones, le digo con todo respeto que no tiene razón.

-López Arango: lo mismo con el tema de las reválidas de los cargos. El ciudadano tiene que tener la garantía de la inamovilidad del juez, no para beneficio y la independencia del juez, sino de la garantía del propio ciudadano. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa, en ese caso estamos sometidos a un procedimiento. Quiero aclarar, también, sobre esta cuestión que un juez laboral o de quiebra no pueden resolver la constitucionalidad de una ley. Esto no es así. Nosotros tenemos un control difuso, por Constitución, por lo tanto no es que a nosotros se nos antoja.

-Cánepa: la falta de actualización o de estudio de un magistrado, en realidad, se ve en el trabajo. En todos los fueros están las tres instancias en donde se puede revertir si algo está mal hecho. Los fallos definitivos no son azarosos, pasan por instancias superiores.

-En la tercera etapa del concurso en el Consejo de la Magistratura, es decir en la entrevista personal, se sospecha que se manipulan los concursos. Participantes que tuvieron altísimos puntajes en las instancias de antecedentes y en el examen, son aplazados hasta con un uno en la entrevista. ¿Cómo se corrige eso?

-López Arango: son temas que los propios consejeros han discutido. Sucede que hay cuestiones de moral que se discuten en esa etapa. Es un momento en el que se evalúa el perfil de la persona y su perspectiva, porque lo académico y técnico ya se evaluó.

Ley de Enganche

-El Gobernador entiende que en la Ley de Enganche si bien radica una cierta independencia, también se generan asimetrías salariales con otros sectores del Estado y además en el aporte de la Caja de Jubilaciones. ¿Qué opiniones tienen?

-Cánepa: Con la aplicación de la Ley de Enganche se involucraron todos los fueros y el gremio, ya que se dio en el marco de una garantía de independencia. Como experiencia, en el 2003 trabajando en la Secretaría de Justicia, me pasó recibir a los miembros del Superior Tribunal que venían a discutir salario. El gremio de los jueces era el STJ. Salir de un esquema de negociación y pasar a un sistema objetivo es una garantía de independencia. Es muy difícil discutir salarios cuando no tenés una representación gremial institucional. Nosotros no podemos realizar medidas de fuerza. Las asimetrías son mal llamadas por la prensa como privilegio. Primero un juez tiene que ser abogado; pasar por un proceso de selección; y luego por el Senado, que también tiene su intensidad. Nosotros no somos como un legislador que decide o dispone sobre un presupuesto que le dan para contratar a tal o cual. Nuestros asistentes son de la nómina del Poder Judicial. Es decir los conoce todo el mundo. No se puede decir eso de los otros poderes. Yo no sé quiénes son los asesores de los diputados, sin embargo sí se sabe quiénes son los secretarios de las salas de los tribunales. No hay un manejo discrecional de ningún dinero público. Un juez no puede crear cargos. Estamos sometidos al control político (juicio político y jurado de enjuiciamiento). Por eso si se habla de privilegios por tener un sueldo tal que intenta justificar todas estas cuestiones, no sé si se puede hablar del Poder Judicial como poder desproporcionado, asimétrico, en comparación con otros poderes del Estado. Ojalá que de todos funcionarios públicos sepamos lo que se sabe de los jueces: a quienes contrataron, cuáles son las funciones de cada uno, cuáles son sus objetivos, propuestas, cuántos proyectos presentaron.

-López Arango: Quizás esas comparaciones surgen por lo que es la Justicia Federal o Comodoro Py, que a veces nos desluce en el trabajo diario, porque incluso ellos tienen cuestiones de privilegio donde los jueces son trasladados en autos oficiales y una serie de cosas que en la provincia no existe. Las justicias provinciales resuelven más del 90 por ciento de los problemas de los ciudadanos y sin embargo reluce todo lo que pasa en Buenos Aires, en Comodoro Py. Por eso el descrédito.

-Eso era una pregunta que estaba prevista. En cualquier trabajo de opinión pública aparece el Poder Judicial con una importante mala imagen, que supera incluso en la mayoría de los casos, hasta el 60 por ciento. ¿Cómo conviven con eso?

-Cánepa: Nosotros estamos lejos de esa escena nacional que se reproduce todo el tiempo y todos los días. A veces se toman decisiones impopulares. No somos un poder popular, más bien contra mayoritario. No pretendemos el aplauso por cada una de las decisiones que tomamos.

-Todo lo que la gente dice, opina o piensa surge en buena medida de una construcción que empieza por lo que lee, escucha o mira. ¿Qué valorización tienen de la prensa?

-Cánepa: En lo personal me parece que hay una raíz que surge en el insumo del periodista. Si es un off de record o un rumor, la información va a ser de mala calidad. Por otro lado se tiende a pontificar y sucede que a un imputado te lo matan de entrada. Esto se pone en cuestión con el juicio por jurados porque esto va a ser consumido por una mayor cantidad de gente. Me parece que para tener una mejor información periodística es más sano blanquear la raíz de la información.

-López Arango: el juez que resuelve lo hace con elementos que tiene sobre la mesa y muchas veces esos elementos no están en la prensa y esto confunde.

-Cánepa: Me parece que una publicación puede provocar una tendencia a que un imputado sea sobreseído o condenado, y muchas veces pasa que se da por información de mala calidad. También es cierto que al juez le falta aprender a comunicar y manejar un lenguaje.

-Una pregunta que se le formuló a Bordet y la vuelvo a repetir, porque incumbe, es por qué hubo silencio total ante una denuncia del entonces presidente del STJ, Emilio Castrillón, cuando habló de intromisión de sectores de la política en causas judiciales.

-López Arango: En ese momento lo que dijimos es que lo que debería haber pasado es que la denuncia sea en concreto. Porque en definitiva nos estaba involucrando a todos y a la vez a nadie. Era él quien tenía, en todo caso, conocimiento.

-Cánepa: A mí también me llamó la atención que no pasara nada. Pero fue todo muy abstracto. En definitiva era él, primero que nadie, quien tenía la responsabilidad de aclarar o solicitar que se investigue.

-¿Qué reforma debe estar primero en la agenda?

-López Arango: La ley orgánica de tribunales es un tema en el que trabajamos bastante, sobre todo para aggiornarla con los nuevos organismos que se crearon. Eso quedó sin un trámite legislativo porque no se elevó el proyecto. Bueno, estamos trabajando en la posibilidad de crear un Código de Ética, se está trabajando y discutiéndolo porque creemos que eso nos puede llegar a ayudar ante esto de lo que hablábamos sobre la mirada que se tiene sobre el Poder Judicial.

-El caso de violencia de género contra el fiscal interino en Nogoyá, Federico Uriburu, aparece como un escándalo, ya con elementos aportado por testigos. Hay silencio sobre esa cuestión ¿Por qué?

-López Arango: He leído todo lo que se ha publicado, pero acá no ha llegado nada de este tema. No se ha planteado nada. Una colega me consultó, pero le dije que más de lo que he leído no se sabe nada.

-Cánepa: Es un tema complicado porque se han excusado todos los funcionarios judiciales (de Nogoyá). No sé cómo puede llegar a terminar. Lo que sé que los delitos de odio o género lo que hay que hacer-como lo indica losa criterios internacionales- es garantizar una buena investigación.
Fuente: Página Política

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