Es insólito, los defensores de un imputado en la causa de corrupción más escandalosa que tramita en la Justicia entrerriana piden que se investigue. Como si hubiesen sido requeridos por la víctima, que es el Estado. La causa de los contratos truchos fecundada en el seno de la Legislatura está al borde de su cierre y aún se desconoce cuál fue el destino de los 2 mil millones que se desviaron de las cámaras parlamentarias durante el período 2008 – 2018 según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.

Página Judicial habló con Iván Vernengo y Damián Petenatti, representantes de Alfredo Bilbao, integrante de unos de los estudios contables externos que operaba como parte de la asociación ilícita que están investigando los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro.

Los abogados no tomaron por sorpresa las declaraciones del procurador Jorge Amilcar Luciano García del inminente corte en la causa para luego avanzar con una segunda temporada. Este medio había advertido esa posibilidad durante los últimos días del año pasado cuando en las audiencias se esgrimía que quienes estaban detenidos en la Unidad Penal eran “los escalones más altos” de la organización. Todos ellos administrativos de las cámaras de diputados y senadores.

-¿Es conveniente partir la causa en dos partes?

-Vernengo: Es una falacia pretender cortar la investigación para evitar que se prolongue hasta el 2030 por su dimensión, como quiere hacer creer el procurador. Ésta causa tiene menos de un año, de una complejidad y gravedad enorme, y la quieren cerrar. Es raro que se diga eso cuando con un homicidio lo llevan a ocho años.

-Petenatti: García no ha dado fundamentos jurídicos en esta causa para hacer un corte. Lo que queda claro es la injerencia de la política en la agenda de la Procuración y sobre todo en los casos de corrupción. El Ministerio Público Fiscal no tiene determinados criterios que le da la ley procesal en cuanto a la discrecionalidad y esto se lo impide justamente el artículo 5 del Código Procesal Penal cuando refiere a un delito en la administración pública. No hay ningún tipo de criterio de discrecionalidad. Por otra parte este recorte deja en evidencia la intención de no investigar a las más altas esferas de la política. Esto lo hemos hablado con otros colegas. Todas las personas que actualmente están siendo investigadas, sospechadas o se le hizo designar abogado, si se cierre y quedan afuera de la investigación, no van a poder ser investigadas en esa segunda parte. Se amparan en un principio que es para todos los ciudadanos que es la prohibición de la doble persecución. Es decir, no se puede investigar en dos oportunidades a una persona por el mismo caso.

-En las audiencias y también en algunos medios de prensa los investigadores hablaron de una importante recolección de prueba. ¿Es suficiente para llegar a los jefes de la asociación ilícita?

-Vernengo: Hay muchas pruebas para avanzar con las altas esferas de las cámaras legislativas. Hay muchísima documentación que surgió de los allanamientos y demás medidas. Y eso que las cámaras han retaceado información, sobre todo la Cámara de Diputados más que el Senado. Cuando peleábamos por las excarcelaciones y las prisiones preventivas se decía desde Fiscalía que era por una posible obstrucción en la investigación. Ese era el argumento para sostener las prisiones. ¿Hace cuánto se han pedido los informes a las cámaras y aún no han respondido como corresponde? ¿No obstrucción ahí? Creo que está clarito. No se puede creer lo que se han demorado en brindar la información que, por otro lado, es pública.

-La causa de los contratos truchos se compone de lo recolectado documentalmente, las normas que rigen en la administración para la contratación; y las responsabilidades. Además de los testimonios de los estafados. ¿Qué faltaría para avanzar en la pesquisa?

-Petenatti: Según la teoría de la Fiscalía es indispensable que se haya contado con la anuencia de las autoridades políticas de cada cámara, concretamente los presidentes. Hablo de todos los períodos. Esto no pudo haber ocurrido de otra manera. Ninguna de las autoridades políticas pudo haber ignorado cómo funcionaba el sistema de contrataciones, porque incluso muchos de ellos dejaron su firma.

-Vernengo: Esa idea del procurador que si alguien se roba una escoba no se puede acusar a un gobernador es un disparate. Según la Fiscalía es la causa más grande de corrupción en la provincia y de la historia y resulta que la quieren cerrar en un año sin haber interrogado a ni siquiera un responsable político. ¿Los 400 o 500 contratos que son los que andan dando vueltas en el legajo quiénes los hicieron, quiénes decidieron hacerlo? ¿Se le pudo escapar a los presidentes de los cuerpos legislativos la contratación de 500 personas? Esos contratos no pertenecen a los legisladores, sino a las cámaras. Es gente que supuestamente se contrataba para el funcionamiento de las cámaras. Esos contratos los hace el cuerpo, porque era para prestar servicios ahí, no para el legislador. Un presidente no puede ignorar que se le está pagando a 200 tipos para que trabajen en el cuerpo que preside. Es una locura. Nadie puede creer eso.

-Algunos administrativos, que son los que hacían y no los que decidían el contrato, han declarado. ¿Qué aportaron?

-Vernengo: No se ha interrogado correctamente para saber cómo funcionaba el sistema. Pareciera que no se quiere conocer bien como era la cosa por miedo a que caiga algún dirigente político. Esta idea se desprende de las indagatorias que están en el legajo. Resulta que se dice que hay prueba abrumadora, pero todo es para las capas medias de la asociación ilícita y nada de los jefes. Es extraño. No veo interés de los fiscales a subir.

-Petenatti: Es muy loco lo que sucede. En todo momento se hace referencia a las autoridades de las cámaras como parte del mecanismo por el cuál se producía el delito, pero dicen que no están identificadas. ¿Cómo que no están identificadas? Es un dato objetivo. Todos sabemos quiénes son y quienes fueron las autoridades. Están hasta en el protocolo de la provincia. ¿Hasta cuándo se va a seguir diciendo que es la causa más importante de corrupción cuando hay tres funcionarios imputados por su condición de tal?

-¿Qué funcionarios están imputados?

-Petenatti: (Juan Domingo) Orabona, (Gustavo) Pérez y (Sergio) Cardozo (ex administrativos de las cámaras). Semejante causa, por su complejidad, si se cierra en un año no es otra cosa que una muestra clara de no querer investigar a la política.

-Vernengo: en todas las entrevistas de las que hemos participado hay una voluntad de no querer investigar para arriba. Se nota mucho.

-Si mañana se decide elevar la causa a juicio en una primera parte. ¿Qué plantearían en la audiencia de elevación?

-Petenatti: Plantearemos cosas, porque acá no se está abordando el panorama completo. Esto es un proceso penal muy complejo, no es una serie en la que se pueden hacer dos partes. Hay una campaña por parte de la Procuración a través de algunos medios de negar un costado de toda la trama. Eso se ve. Pero insisto, no hay fundamentos jurídicos por los cuáles se pueda partir el proceso cuando la prescripción es larguísima. Y si hablamos de un plazo razonable para investigar, nadie está planteando10 años, ahora tampoco menos de uno.

-En los embargos aparecen todos los imputados, entre ellos su defendido, con un número importante de inmuebles, vehículos e inmuebles. ¿Cómo explican eso?

-Vernengo: Hay imputados que tienen muchas cuentas, pero son abiertas a los largo de su vida. En el embargo aparecen algunos imputados con 20 cuentas bancarias, pero en realidad activas tienen dos, por ejemplo así es en el caso de Bilbao. Con el tema de las propiedades es interesante sacar una cuenta. Según la hipótesis de Fiscalía, el desfalco fue de 2 mil millones de pesos, pero resulta que cuando uno suma a valor mercado todas las propiedades e inmuebles embargados de los imputados no supera los 200 millones de pesos. ¿Y los 1.800 millones que le sacaron al Estado dónde están?.
Fuente: Página Política

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