Gustavo Bordet hizo un breve balance de los dos primeros meses de la cuarentena y se refirió a la delicada situación actual.

“El balance, después de dos meses de cuarentena, es satisfactorio en la provincia. Pero, obviamente, seguimos con la misma preocupación del principio, de tener controlados los contagios en la población. Esto sigue siendo lo prioritario”, expreso.

“Este tiempo de aislamiento social obligatorio nos ha permitido preparar nuestro sistema de salud: hoy Entre Ríos cuenta con el doble de camas y el doble de respiradores para poder intervenir en los enfermos agudos. También hemos preparado un plan de contingencia que permita albergar a pacientes con internación intermedia”, recordó el Gobernador. Y apuntó: “Entre Ríos tiene sólo 29 casos. En la última semana no registramos casos, y en los últimos 15 días sólo se ha registrado un sólo paciente con contagio. Pero estamos expuestos, estamos muy cerca de lugares donde hay circulación activa y comunitaria del virus, y esto significa un riesgo muy fuerte para la provincia”.

La economía

Consultado por las finanzas públicas, el mandatario señaló: “Estamos en el día a día. Estamos cuidando cada recurso que ingresa; tenemos una caída brutal de los recursos desde las financias públicas, como también lo ha tenido el sector privado. Esto ha golpeado mucho al PBI del país, a la economía y, por supuesto, también a las finanzas públicas”.

Y agregó: “Estamos en una situación complicada, esto se trasunta a los municipios. Estamos tratando de atender a nuestras obligaciones corrientes y poniendo todos nuestros recursos para que el sistema de salud pueda garantizar la atención adecuada de los pacientes; que el sistema de seguridad pueda seguir controlando los pasos fronterizos; que desde Desarrollo Social se siga asistiendo a las familias que necesitan lo más elemental para cubrir sus necesidades básicas, como los alimentos. Y todo esto le costó a la provincia, con fondos propios, 762 millones de pesos”, explicó en la entrevista realizada por Radio Cero, de Gualeguaychú.

Sobre las rebajas en los sueldo de parte de los funcionarios del Estado, Bordet dijo que “fue significativo desde el punto de vista de la decisión política de hacerlo. Si uno lo toma desde el volumen total de dinero no lo es, porque la masa salarial que cubre la provincia de Entre Ríos es de 8 mil millones de pesos. Lo que representan los salarios de quienes ocupamos cargos políticos, en el caso del Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del Judicial es diferente porque no son cargos electivos, no es una cifra importante”, explicó.

“Pero cada uno aportó el 50 % y se constituyó un fondo que se está usando para comprar insumos y poder atender otro tipo de gastos”, rescató.

Salto Grande

Para Bordet la provincialización de Salto Grande son “decisiones estratégicas para la provincia y (que) trascienden la política”.

“Hoy que la represa se pagó en su totalidad y el recurso que utiliza es el agua del mismo río Uruguay, propiedad provincial, de acuerdo a lo que dice la Constitución reformada de 1994, entendemos que la provincia, que ya es dueña de los excedentes, debe también ser dueña del gerenciamiento y del mantenimiento”, se explayó.

Y añadió: “Esto nos permitiría optimizar una estructura de costos, que hoy es muy alta porque se pagan sueldos que están fijados a nivel Cancillería y tendrían que ser mucho más bajos, a mi entender; y también porque, por otro lado, nos daría un mayor control, y podríamos defender, como entrerrianos, cuánto cuesta la energía que generamos, y que no se nos imponga el precio de la distribuidora de energía que es Camesa”, argumentó.

Amarras

Por último se refirió al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que volvió el caso del barrio privado Amarras, en Gualeguaychú, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue el gran tema de este martes.

“Lamenté siempre que se haya judicializado, creo que hay que encontrar criterios de razonabilidad para llegar a una solución que contemple los desarrollos que cada ciudad quiere autorizar, pero preservando el ambiente. Hay que buscar conjugar. Estos problemas tienen que sostenerse en otro marco, normas administrativas que permitan buscar una solución. Porque cuando se judicializa se puede estar años con el mismo problema y es como un perro que se muerde la cola: volvemos siempre al mismo lugar. Entonces, todo lo que podamos decidir (desde el Poder Ejecutivo provincial) está sujeto a un fallo judicial. Se torna ineficaz automáticamente”, opinó.

“Entiendo que los municipios tienen que poder decidir sobre sus cuestiones ambientales, y sobre el código de uso del suelo; lo que está permitido construir y lo que no está permitido construir”, sintetizó.

El Barrio Náutico Amarras es un emprendimiento inmobiliario desarrollado en un área natural protegida, en jurisdicción de la localidad de Pueblo General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú. Está emplazado sobre una fracción de terreno de 445 lotes, con la proyección de construir 200 viviendas de lujo –algunas de ellas con frentes náuticos– y un hotel de 150 habitaciones.

El complejo pertenece a la empresa Altos de Unzué SA, constituida el 26 de marzo de 2008. Las obras se iniciaron en 2012, a pesar de no contar la empresa con las correspondientes autorizaciones –aunque tiempo después recibió un certificado de aptitud ambiental emitido por la Secretaría de Ambiente–, primero con tareas de desmonte que provocaron la destrucción del monte nativo y daños a la flora y al ambiente; y luego con la construcción de enormes diques que alteraron el curso del río. Es que el proyecto se emplaza dentro del valle de inundación del río Gualeguaychú, que forma parte del curso de agua y le permite evacuar los importantes caudales que pueden sobrevenir en épocas de creciente.
Fuente: Página Política

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