Pasada la veda electoral se retoma la causa de los contratos truchos. En rigor la investigación no se detuvo, pero se evitó avanzar en alguna dirección que salpique a algún dirigente político. Sin embargo, hubo medidas que se llevaron adelante que despertaron especulaciones y alteró los nervios de varios de los involucrados. En concreto, el embargo que recayó sobre los imputados.

Cuando Página Judicial reveló la profundidad de esa medida, asomaron elucubraciones inquietantes alrededor de la Plaza Mansilla. Personas desconocidas propietarias de un cúmulo importante de inmuebles de un lado, personalidades de la función pública con modestos patrimonios del otro lado. Sólo los une sus servicios al Estado.

Todo indica que la causa está llegando al fin de una primera etapa. Se elevará a juicio una parte para luego avanzar en una segunda temporada, como lo adelantó Página Judicial en febrero y lo ratificó Jorge Amilcar Luciano García en una entrevista reciente.

La garantía de que habrá una segunda parte en la investigación confirma la certeza de que está la intención de llegar a los jefes de la asociación ilícita que se investiga por el desfalco de 1.235 millones de pesos durante el período 2008 – 2018 en el seno de la Legislatura. Después están las dudas: ¿Se avanzará? De la inminente imputación a los presidentes de todas las cámaras de la última década anunciada en octubre del año pasado debemos conformarnos con la promesa de una segunda parte.

Ignacio Aramberry y Patricia Yedro han aportado en las audiencias un cúmulo exorbitante de pruebas que involucran a quienes tuvieron su estadía en la Unidad Penal. El escalón más alto de la organización delictiva al que se escaló fueron los funcionarios administrativos de la Cámara de Diputados y el Senado. Es decir quienes ejecutaban los contratos luego de la decisión de hacerlos.

Lo que se viene

En el circuito de la defensa circula hace un tiempo el decreto 123 de 2008 como prueba para amortiguar las responsabilidades de sus representados. El mismo, firmado por el entonces vicegobernador José Eduardo Lauritto, establece un procedimiento de contrataciones, siempre que las mismas estén “dentro del cupo monetario asignado previamente por Presidencia”. En caso que las condiciones estén dadas para avanzar – dice el decreto que todos los abogados tienen en su portafolio– “se confecciona el instrumento contractual que es firmado por el contratado y por el Solicitante (Presidente o Senador) aclarando que el solicitante certifica que la firma del contratado es auténtica”. Más adelante especifica que “es el Presidente de la Honorable Cámara de Senadores quien autoriza mediante decreto la contratación, vale decir, el Vice-Gobernador”. Esa norma, escrita, bien puede correr para la Cámara de Diputados, donde tampoco aparece una sola autoridad política en el legajo. ¿Quién es el responsable, en definitiva, de ejecutar y dar cuenta del gasto del presupuesto destinado a la Legislatura? ¿Los administrativos, los senadores y diputados, los presidentes?

Ese decreto es una de las pruebas que las defensas pondrán sobre la mesa en la audiencia de elevación a juicio. Los fiscales están al tanto de la existencia de la norma. La misma aparece en una presentación del abogado Milton Urrutia solicitando que se amplíe la investigación. Esa petición fue incorporada al legajo según supo Página Judicial.

Pero hay otros elementos que alientan a los defensores para empastar el proceso, tarea, entre otras, por los que se los contrata. Uno de ellos quiere saber los motivos nunca explicados por los fiscales sobre el recorte que se hizo en la Cámara de Diputados entre los años 2008 y 2011. Un integrante de la oposición de ese cuerpo anda en algo parecido.

El contador Pedro Opromolla cambió de abogado. Estuvo representado desde el inicio de la causa por Leopoldo Lambruschini, pero ahora su defensa está a cargo de Miguel Cullen, denunciado en audiencia de ser parte de una banda mafiosa por la ex socia de Opromolla, la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. El integrante del estudio Integral Asesoría no declarará por el momento. ¿Qué verdades le revelará el contador a su nuevo abogado?

Hay una lista de posibles testigos que los defensores están borroneando para convocarlos antes que cierre la causa y se eleve a juicio. Algunos nombres invitan a los televidentes de esta novela a hacerse una provisión de pochoclos. Puede llegar a ser muy atractiva esta temporada post electoral. No por el final, sino por la trama.
Fuente: Página Política

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