Una decisión de Gustavo Bordet nuevamente será analizada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se trata del amparo que interpusieron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para impugnar el nuevo decreto por el cual el gobierno provincial estableció nuevos parámetros para poder fumigar en las inmediaciones de escuelas rurales.
Nuevo amparo contra el Gobierno por el glifosato Redacción de Página Política 20 Ago, 2019
La petición, por la que se pretende declarar inconstitucional la norma y prohibir cualquier fumigación provisoriamente, está aún en la primera instancia. En rigor sobre el escritorio del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial. Inexorablemente el caso terminará en el alto cuerpo donde ya se dictó un fallo por el mismo tema, lo que exigió que el Poder Ejecutivo dicte una nueva reglamentación.

Bordet obtuvo el primer revés judicial por parte de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal integrada por Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio. Excepto la primera vocal, que lo hizo en disidencia, sus pares tumbaron las pretensiones del Gobierno plasmadas en un primer decreto.

Luego de ese episodio se presentó un proyecto para reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales con la intención de reglamentar los nuevos institutos creados en la Convención Constituyente que sesionó en la provincia en 2008. Por caso el amparo por mora y el amparo ambiental, herramientas que no han sido asimiladas por buena parte de la comunidad judicial.

La reforma de la ley implica, además, cambios en un tema muy sensible para la administración provincial: el ámbito en el que se deben resolver los amparos y planteos de inconstitucionalidad. Con la norma anterior era la Sala Penal quien resolvía, mientras que la reforma establecía que debía ser el STJ en pleno, es decir los 9 vocales y no 3.

La iniciativa tuvo una primera sanción en el Senado, pero cuando llegó a la Cámara de Diputados se trabó por una advertencia que hizo el Colegio de Abogados de Entre Ríos, precisamente por los cambios de procedimientos en materia de amparos. Para la entidad se desfiguraba esa herramienta al permitirle al juez que produzca pruebas. El Colegio entendía que esa exigencia le quitaba la inmediatez que tenían hoy los amparos. En un documento advirtieron que el texto como estaba redactado “perjudicaría a la sociedad entrerriana, sobre todo en la protección de derechos como la vida o la salud”. Los conceptos vida y salud deben decodificárselos en dos temas que desvelan al Gobierno: los amparos ambientales y contra el Iosper, que suelen salir en contra de los intereses de la obra social del Estado. Esto empujó la idea de devolverle al pleno del STJ las atribuciones. También es cierto que sean 9 los vocales que debían resolver y no 3 generaba que la toma de decisión sea en un ámbito más plural, pero también producía una especie de contradicción. Al ampliar el número de vocales se dilataba la resolución.

Finalmente se resolvió constituir un cuerpo colegiado de 5 vocales, que se resolverá por sorteo. De llegar a esa instancia, que es lo más probable, el Gobernador probará su suerte en otro escenario.

En el segundo gobierno de Sergio Montiel, el gobernador radical encontró en el pleno la posibilidad de bloquear a la Sala Penal que en ese momento integraban Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Miguel Carlín, adversa en cuanto interés apareciera para el Ejecutivo al mando de la UCR. Las “tres C”, como se la conocía, sacaba fallos a favor de trabajadores que acudían a la Justicia para resolver cuestiones laborales en plena crisis económica de retrasos de salarios.

Cuando Jorge Busti asumió su tercer mandato le devolvió esa facultad a las tres C. Con quienes simpatizaba.
Fuente: Página Política

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