Sergio Varisco afrontará desde este jueves un juicio inédito en la historia judicial entrerriana, con treinta y tres acusados, en el que se ventilarán supuestas relaciones entre la política y el narcotráfico, y con el intendente de Paraná en el centro de la escena.

En un mismo juicio se debatirán dos causas que tienen como punto de contacto el nombre de Daniel Andrés Celis, alias Tavi, que cayó, primero, cuando desbarató una organización dedicada a la venta de marihuana y que se desarticuló el día que policías irrumpieron en un campo en el mismo momento en que estaban bajando 317 kilos de droga de una avioneta; y, más tarde, por la caída de una nueva banda que lideraba el mismo Celis desde la cárcel, supuestamente, financiada con fondos públicos, pero que vendía cocaína.

Sin embargo, lo que surgió como una sospecha al principio se transformó luego en una hipótesis que ahora deberá terminar de confirmar el Tribunal Oral Federal: la primera causa reveló una especie de acuerdo político entre Celis y Varisco, pero en la segunda se plantea la sospecha de que había en realidad una complicidad entre funcionarios municipales y narcotraficantes, de que ambos formaban parte del negocio.

Concretamente, el intendente Varisco está acusado por el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes.

Para decirlo más claramente, en la primera causa, aquella de la narcoavioneta, el juez había advertido sobre la “imprudencia” del entonces candidato a intendente Sergio Varisco en celebrar “acuerdos electorales y de gestión” con Celis.

Pero lo que surgió más adelante fue que luego ese acuerdo se habría reconfigurado y que eso le permitió a Celis reorganizar sus actividades de comercialización de cocaína a partir de que el intendente aportaría todos los meses una suma de dinero en efectivo y contratos en la Municipalidad para personas allegadas al jefe de la banda de narcotraficantes.

En ese nuevo esquema, siempre según la hipótesis de los acusadores, participaban la funcionaria Griselda Bordeira, que además es policía provincial; y el concejal Pablo Hernández, ambos detenidos.

Seguramente un personaje central en este juicio será Luciana Ernestina Lemos, ex pareja de Celis, su principal asistente y la encargada de hacer cumplir aquel acuerdo político. Cuando fue detenida, además de cocaína, le encontraron dos cuadernos con anotaciones en los que aparecen mencionados los nombres de Varisco, Hernández y Bordeira y del también concejal Emanuel Gainza –que luego terminó sobreseído–, cada uno sucedido por una letra enmarcada con un círculo y una operación aritmética. Lemos declaró como arrepentida y contó que los funcionarios municipales compraban cocaína que les vendía Celis, dijo que en una ocasión hizo una entrega en el palacio municipal, detalló cómo era el funcionamiento interno de la organización, los ingeniosos mecanismos de comunicación que tenía y, fundamentalmente, le dio sentido a las anotaciones que había en los cuadernos.

Los defensores han mencionado contradicciones en sus declaraciones y aseguran que miente.

“Ese famoso cuaderno que mencionaba a Varisco, Bordeira, Gainza y Hernández, que generó los allanamientos en el municipio y que se detuviera gente, ya no es ni siquiera parte de la cuestión porque la defensa probó que se habían puesto esos nombres para incriminarlos en forma artera”, aseguró el abogado Miguel Cullen, defensor del intendente.

Lo cierto es que lo que diga Lemos en el juicio, si decide declarar, será trascendental.

Un elemento importante para los defensores podría estar en la respuesta a un planteo que hicieron al Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, para que remita “las escuchas telefónicas, desgrabaciones y mails” relacionados con una posible presencia del falso abogado Marcelo D’Alessio en Paraná participando de un “operativo”. Según pudo saber Página Judicial, el CD que contenía la información remitida estaba vacío, por lo que es probable que se haga una nueva solicitud a Ramos Padilla reiterando el pedido.

Mientras tanto, el juicio comenzará con la lectura de las acusaciones y el lunes se iniciará el desfile de testigos. Un centenar de personas han sido citadas a declarar, en audiencias que se desarrollarán los lunes y martes en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones.

El tribunal estará integrado por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango; los fiscales serán José Ignacio Candioti y Leandro Ardoy, como auxiliar; y habrá veinte abogados que representarán a los treinta y tres acusados.

De acuerdo con la agenda fijada por el tribunal, el juicio debería tener un veredicto antes de fin de año, pero las partes no son tan optimistas al respecto y especulan con que las audiencias podrían extenderse a los primeros meses de 2020.

Narcoavioneta

Los hermanos Daniel y Miguel Celis lideraban una organización que se dedicaba a la venta de marihuana al menudeo y en el aprovisionamiento a otras pequeñas bandas. El 28 de mayo de 2017, policías federales irrumpieron en un campo de Colonia Avellaneda y sorprendieron a varias personas en el momento en que descargaban un cargamento de 317 kilos de marihuana desde una avioneta.

La banda quedó prácticamente desarticulada. Era una estructura que estaba constituida por grupos familiares, y por eso, junto con los hermanos Celis cayó el padre de ambos, Eduardo Ramón Celis; el hombre que los crió, Miguel Carmelo Leguizamón; su esposa, Miguela Valde; y María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Celis, respectivamente.

Con ellos cayeron también otros integrantes de la organización: Cristian Javier Silva –un hombre de extrema confianza de Celis, que le manejaba el dinero y administraba sus bienes–, Hernán Jesús Rivero –ex jefe de la Unidad Municipal 2 Oeste–, Patricio Facundo Larrosa, Renzo Bertana –hijo de una ex pareja de Tavi Celis–, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita, Miqueas Julio Córdoba, Sergio Alberto Baldi, Julio César Vartorelli, Jonatan Iván Romero, Carlos Gastón de La Fuente, Luis Orlando Céparo y José Marcial Caballero. Todos detenidos, aunque las mujeres bajo arresto domiciliario.

En el banquillo de los acusados también estarán sentados los hermanos José Raúl y Omar Horacio Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta; y María Esther Márquez, una vidente a la que consultaban los hacendados.

Narcomunicipio

La investigación, sin embargo, tomó un nuevo curso a partir de la detección de comunicaciones que indicaban que Celis había relanzado su organización en septiembre de 2017 a partir de un acuerdo político con el intendente Sergio Varisco, del que también participaban el concejal Hernández, la ex policía Bordeira y el agente municipal Alan Viola.

En esa hipótesis, la banda se financiaba con fondos públicos, mediante aportes de dinero y distintas modalidades de contrataciones simuladas a personas allegadas a Tavi Celis. Era él mismo quien coordinaba las adquisiciones de la droga por teléfono desde su celda en la cárcel de Federal y luego la distribución y venta de la cocaína; también dirigía a sus asistentes y colaboradores e impartía órdenes relativas a la ejecución del acuerdo político con Varisco, como así también a la compra y traslado de la droga, el control de cantidad y calidad, resguardo, precios de venta y modalidades de pago.

En esa tarea colaboraban la pareja de Celis, Luciana Ernestina Lemos; su hermano Eduardo Humberto Celis, su sobrino Nahuel Jonatan Eduardo Celis; Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz, señalados como vendedores al menudeo; y Wilber Figueroa Lagos, un ciudadano de nacionalidad peruana que oficiaba de nexo entre Celis y su proveedor.

Informe Juan Cruz Varela (Para Página Judicial)
Fuente: Página Política

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Narcotráfico Varisco

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