Superado el apartamiento de Cecilia Goyeneche, entre paréntesis y con algunos signos de interrogación, la investigación quedó bajo análisis respecto a su futuro.

Sería un disparate plantear la nulidad de la misma por lo sucedido con la ex fiscal anticorrupción interina. La prueba, básicamente, es documental. No hubo, entonces, muchas posibilidades de manipular la pesquisa. No obstante, en algunos laboratorios de la defensa se estudian planteos para poner sobre la mesa al momento de elevar la causa a juicio.

Por estos días se decidirá qué se hace con la causa más importante que se haya investigado en materia de corrupción en Entre Ríos. Está en carpeta hace un tiempo la idea de hacer un corte y enjuiciar, en un primer proceso, buena parte de la estructura que hacía funcionar a la asociación ilícita por la que se desviaron 1.235 millones de pesos en el período 2008/2018 en el seno de la Legislatura. El monto fijado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

En caso de que se haga ese corte, quedarían afuera todos los responsables políticos de las cámaras legislativas durante la década. Que, en definitiva, eran los principales receptores del dinero. Estos serían materia de investigación en una segunda etapa. En resumen: aquella inminencia que se ventiló cuando se inició la causa sobre la imputación de todos los presidentes de los cuerpos parlamentarios fue propio del realismo mágico. O de la ilusión de algunos actores.

En el ámbito tribunalicio dan por descontado que se avanzarán en imputaciones con los responsables políticos. La pregunta es cuándo.

Elementos para dar un paso en ese sentido sobran. Incluso en su momento se ofreció prueba para constatar las relaciones que involucran a la primera plana política, pero en la Fiscalía quedaron en llamar a quien ofrecía la prueba. El teléfono nunca sonó.

La campaña electoral enfrió el legajo, por lo menos en lo que respecta a imputaciones. Ese frío también alcanzó a Sergio Varisco. Debía iniciarse ayer el juicio por la mutual Modelo, pero fue reprogramado para el 28 de junio, después de los comicios generales. Aunque sí debió presentarse por el caso de la luz.

Las decisiones procesales no se las puede despegar de los contextos políticos, no porque deba ser así, sino porque es así. Lamentablemente.

El verticalismo del Ministerio Público Fiscal, que cada vez tiene menos adherentes, permite a sus integrantes sacarse algunas culpas o señalar al de al lado. ¿Quién decidirá sobre el corte de la causa. Los fiscales o la cabeza del cuerpo?

Sobre el procurador general Jorge García pesa un pedido de jury con poco color a que prospere. Sobre su segunda, Goyeneche, el apartamiento podría ser el primer capítulo de una película de terror. Los argumentos con los que dio un paso al costado quedaron en una nebulosa. Es muy probable que abogados defensores sigan enganchados con esa película. Ante el cúmulo de pruebas en contra de sus representados no es descabellado que intenten buscar irregularidades en quien las recolectó. Las defensas no tienen que ser imparciales, los guía la estrategia para que su cliente salga de la mejor manera posible del proceso. El silencio de la Asociación de Magistrados sobre la aparición de un segundo inmueble compartido por la procuradora y el imputado Pedro Opromolla hace ruido. El Consejo de Fiscales de Entre Ríos supo tributar a la teoría sobre el accionar de una “mafia” que denunció Goyeneche e insistió en los últimos días. ¿Qué dirá ahora con los nuevos acontecimientos conocidos tras el embargo impulsado por Yedro y Aramberry?

La mala praxis judicial vuelve a dejar lugar para la impunidad y condicionar el funcionamiento de un poder. Otra vez la negociación política aparece como el canal más a mano por el que se procura garantizar el servicio de justicia.
Fuente: Página Política

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Justicia y política Contratos truchos

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