Luego de que se suspendiera la audiencia de elevación a juicio en una de las causas por la Cumbre del Mercosur, el Poder Judicial decidió fijar una nueva fecha. Será el 30 de agosto a las 9, según se informó a Página Judicial. La misma se iba a desarrollar el miércoles pasado a las 17.30, pero uno de los abogados defensores, Emilio Fouces, solicitó una reformulación del cronograma por cuestiones de salud que pudo acreditar ante el Departamento Forense.

El ante último día de agosto será entonces la audiencia para elevar a juicio el legajo Nº 11808, en el que se le imputa a Sergio Urribarri, Pedro Báez, Gustavo Tortul, Hugo Céspedes, Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel, Hugo Marsó y Gerardo Caruso el delito de peculado y negociaciones incompatibles en con el ejercicio de la función pública. Los representantes del Ministerio Público Fiscal serán Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. El juez de Garantías Nº 3, Ricardo Bonazzola presidirá la jornada. La audiencia es de carácter técnico y no requiere la presencia de los imputados.

La noticia despeja dudas en torno a supuestas maniobras de dilación por parte de la Justicia y la defensa. En resumen: Fouces sufrió una intervención quirúrgica, lo que motivó la reprogramación de la audiencia.

En la causa de la Cumbre del Mercosur hay dos investigaciones. Una responde a los funcionarios públicos, que es la que se eleva ahora; mientras que en la otra se investiga el supuesto pago de sobreprecios a empresas en el marco de la organización del evento diplomático. En esta última el Ministerio Público Fiscal estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná, durante la última gestión de Urribarri.

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos. De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos. Lo cierto es que esta causa, que tramita por otro lado, quedó frenada por demoras en los peritajes.

Para la organización de la Cumbre, la Legislatura aprobó a pedido del Poder Ejecutivo la Ley 10.327 que creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa. Esa norma, preveía que los gastos serían rendidos ante la Cámara de Diputados.

Finalizada la jornada, en su informe a la Cámara baja, la UOCM admitió haber cancelado compromisos por 84.577.000,29 pesos mediante la emisión de 251 órdenes de pago. La rendición de cuentas efectuada por el coordinador general de ese ente, Céspedes, fue parcial. Había que afinar algunos números. Eso ocurrió el 13 de marzo de 2015. Cuatro días después, en la sesión del 17, el informe de los gastos tomó estado parlamentario y se archivó sin tratarlo. El cuerpo lo presidía, entonces, José Ángel Allende. No hay crónicas de la jornada parlamentaria. Tampoco denuncias de la oposición.
Fuente: Página Política

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