El Bersa parece ser, en buena medida, noticia esta semana. El lunes, la diputada provincial por Juntos por el Cambio, Sara Foletto, anunció que presentará un pedido de informe al Poder Ejecutivo por el cual solicitará que se analice si los productos -que de manera sorpresiva y a través de los cajeros automáticos del Banco Bersa se le ofrecen a los jubilados y pensionados provinciales- están dentro de los alcances previstos en el convenio de agente financiero. El Bersa es el agente financiero de la provincia.
Piden informes sobre productos que ofrece el Bersa Redacción de Página Política 07 Abr, 2020
Al día siguiente y en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno provincial y el Bersa anunciaron líneas de créditos por 1.000 millones de pesos, con tasa fija del 24 por ciento, destinadas a micro, medianas y pequeñas empresas de la provincia para el pago de haberes y capital de trabajo. Se acordó en un encuentro del que participaron, el Gerente General del Banco Entre Ríos, Miguel Ángel Malatesta; el Ministro de Economía, Hugo Ballay; y el Ministro de Producción, Juan José Bahillo.
Habrá 1.000 millones en créditos para Pymes Redacción de Página Política 08 Abr, 2020
Este miércoles, el diputado provincial Julián Maneiro presentará un proyecto para que “se regule el ofrecimiento de servicios adicionales de los bancos. En muchos casos, inducen al error”, anunció en un comunicado.

El legislador de Juntos por el Cambio quiere, por ley, que el Estado Provincial se regule la oferta de servicios adicionales o seguros por medio de los cajeros automáticos que operan en Entre Ríos, prohibiendo, concretamente, la oferta de seguros en el cajero que inducen a error.

Maneiro explicó que “la oferta de estos servicios, en muchos casos engañosa, apunta a sectores menos familiarizados con la tecnología. Un caso concreto es la oferta de un seguro de bolso de mano que aparece en el cobro de haberes de los jubilados y que induce al error de los usuarios que no quieren tomarlo, ya que la similitud con la operatoria normal del cobro de haberes los confunde”, explicó.

Y agregó: “El objetivo del proyecto es proteger a los usuarios de servicios públicos y privados, establecer un freno o al menos una regulación a estas estrategias de venta que cada vez avanzan de forma más agresiva y con nuevos productos y, lógicamente, no sobrecargar el uso de la red de cajeros en estos momentos en los que, en muchos lugares, están colapsados. Se debe lograr que ese tipo de propuestas a los usuarios se realicen en forma personalizada o por medio se otras vías de comunicación que no induzcan ni promuevan el error o a la contratación de servicios que no se tiene interés en sumar”.

Fundamentos

Maneiro sostuvo que “la utilización de cajeros automáticos se ha convertido en una acción casi cotidiana para la gran mayoría de los ciudadanos. A su vez, forma parte de una escenografía habitual, en la mayoría de las ciudades entrerrianas, la fila de personas esperando su turno para hacer uso del cajero. Ese uso no solo tiene que ver con el retiro de dinero, sino también con otro tipo de transacciones, lo que muestra el faltante de la infraestructura necesaria, en especial en la entidad que brinda el servicio de agente financiero del Estado Provincial”, dijo y apuntó al Bersa.

Argumentó que si se tiene en cuenta el notable incremento de personas “bancarizadas” en los últimos años, que generalmente realiza sus operatorias por medio de la red de cajeros automáticos, y se suma la incorporación de los beneficiarios de distintas modalidades de asignaciones que son parte de la Seguridad Social, se observa “claramente una mayor presión sobre una red de servicios bancarios que no se ha ampliado lo suficiente”, afirmó.

El legislador detalló: “Nuestra Carta Magna provincial en su artículo 30 establece que se debe garantizar la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados, lo cual consagra la protección de los individuos frente a los abusos que en una relación comercial o de servicios pueda existir. Esta suposición es demandante de una intervención normativa firme por parte del Estado provincial”.
Fuente: Página Política

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