En menos de una semana, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le asestó otro golpe al gobierno provincial. Esta vez le ordenó al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) brindar cobertura total e inmediata a un niño que debe ser operado en Paraná por padecer infecciones en las vías urinarias. Además cuestionó la dilación administrativa y la falta de argumentos del organismo para responder a la demanda.

El viernes pasado, los vocales de Feria; Susana Medina, Bernardo Salduna y Miguel Ángel Giorgio; le habían ordenado al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y al Poder Ejecutivo a que “en un plazo improrrogable de siete días” realicen los trámites necesarios para que una madre y sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad, puedan ocupar la vivienda que les fuera asignada con carácter precario en agosto de 2016.

El común denominador es la figura del vocal Giorgio, uno de los magistrados que se integró al STJ en la gestión de Gustavo Bordet. El concordiense obtuvo su vocalía a propuesta de Cambiemos, con el aval, obviamente, del justicialismo. En rigor del Gobernador. Fue, en resumen, el candidato del consenso.

Giorgio ocupó la vacante luego del proceso que terminó con la salida abrupta de Carlos Chiara Díaz, a quien se le había iniciado un juicio político, entre otras causales, por irregularidades en la utilización de viáticos. El procedimiento quedó teñido de un relato monopolizador que se impuso desde los medios: detrás de la salida de Chiara Díaz estaba la mano negra de Sergio Urribarri, que lo quería sentado en la Sala Penal cuando sus causas lleguen a esa instancia. El proceso comenzó el 13 de diciembre de 2016 y finalizó el 7 de febrero de 2017, con la renuncia del vocal. El Gobierno se llamó a silencio. No emitió opinión. Mientras tanto, el juicio político se desarrollaba semanalmente.

La hipótesis que circulaba y se repitió hasta el hartazgo, incluso, la compró el propio Chiara Díaz, quien se sentía un perseguido por el ex gobernador. Por una unanimidad se decidió investigar al vocal. ¿El entonces presidente de la Cámara de Diputados alineó a todos? En ese entonces, la relación de Urribarri con el mandatario no estaba rota, como sí se rompió después. El ministro de Gobierno era Mauro Urribarri.

La otra hipótesis

El otro relato en torno a los motivos por los cuáles la política quería deshacerse de Chiara Díaz en la Sala Penal estaba vinculado a los fallos en torno al Iosper. Las demandas a la obra social del Estado es –según su presidente Fernando Cañete – uno de los peores karmas para las arcas de la administración provincial. Cuando se lo consultó al respecto, dijo: “En primera instancia, todos los fallos son contrarios al Iosper. Y en el Superior Tribunal, con la anterior conformación, también teníamos todo en contra”. Las declaraciones fueron luego de que el vocal solicitara su renuncia. Semanas antes, cuando se defendía ante legisladores, Chiara Díaz dejó trascender la permeabilidad que se le endilgaba ante los amparos contra el Iosper.

Bordet, ante la Asamblea Legislativa en diciembre del 2016 y en pleno juicio político, sostuvo que “es de esperar que definitivamente se termine la industria del juicio a través de recursos de amparos que sistemáticamente son rechazados de manera inconcebible, y que de seguir esta situación provocarán el quebranto de nuestra obra social entrerriana”. Estas declaraciones y hechos permiten reconstruir o por lo menos pensar otra hipótesis. Página Judicial, en su momento, lo puso de relieve.

Según Cañete, en una entrevista en febrero del año pasado, se pagaron 268 millones de pesos pago por prestaciones generadas a través de amparos presentados por afiliados y 12 millones de pesos en concepto de honorarios.

Lo cierto es que los posicionamientos de Giorgio sobre este tema coinciden con los que tenía Chiara Díaz. ¿El Gobierno no se lo esperaba o le salió mal?
Fuente: Página Política

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