Por Luis Lafferriere (*)



Según el Boletín Oficial de este 2 de enero, el Banco Central le cedió al Tesoro Nacional 1.326 millones de dólares para pagar deuda. En un ‘buen comienzo’ de año para quienes poseen bonos emitidos por el estado argentino, el gobierno nacional sigue dando claras señales de cuáles son sus prioridades.

Fiel a la ley de emergencia pública que logró en un trámite express a fines de diciembre, Fernández va ejecutando su estrategia manifestada en esa norma de superpoderes, que de manera explícita define la prioridad del pago de la deuda pública fraudulenta a costa del ajuste sobre toda la sociedad, en especial a costa de los haberes de los jubilados. Pero con una consigna ‘implícita’ que es cada vez más evidente: a los más ricos, a los que nos saquearon, a las grandes corporaciones, al capital financiero, no se los toca.

En la medida antes comentada que publica el Boletín Oficial, el Estado tomó los 1.327 millones de dólares del Banco Central, entregando a cambio una Letra a 10 años y sin valor de mercado, por ese mismo monto. De esa manera, la autoridad monetaria acumula papelitos sin valor y va perdiendo sus reservas en divisas, para cumplir con los usureros.

Mientras tanto, se alejan las expectativas de una imprescindible auditoría o una investigación previa sobre el origen de la deuda y sobre el destino incierto de las divisas que se esfumaron de las arcas públicas durante el gobierno de Macri y los anteriores.

Tampoco se habla de los funcionarios que permitieron (y varios se beneficiaron) del saqueo, ni de sus responsabilidades por este fraude al Estado y a todos los argentinos. Mucho menos de considerar gran parte de ese endeudamiento como deuda odiosa, y por lo tanto cuestionable legítimamente por parte del deudor (lo que correspondería de acuerdo a la teoría aceptada internacionalmente para un país soberano).

Cada vez pagamos más intereses… y debemos más.

Es preocupante también el hecho conocido en los últimos días de diciembre sobre el crecimiento desmedido del peso de los intereses de la deuda pública para el tercer trimestre del 2019 (último dato conocido).

Según la Secretaría de Finanzas, de cada 100 pesos que se recaudaron, casi 30 pesos se destinaron a pagar intereses de la deuda, el máximo porcentaje alcanzado desde la profunda crisis de cambio de siglo en la Argentina.

Ese porcentaje supo oscilar entre 4,9 y 8,6% entre los años 2004 y 2015. Fueron ascendiendo desde 2016 al 8,9%, al 11,9% en 2017, el 15,2% en el 2018; y en el 2019 siguieron subiendo: en el 1º trim. 16,1%, el 21,5% en el segundo y el 29,9% en el tercero.

Es decir que el pago de intereses a los usureros representa una creciente sangría de recursos, en un camino que a pesar de semejante esfuerzo nos llevó al default.

No obstante eso, los anuncios y las medidas del nuevo presidente no sólo calmaron a ‘los mercados’ sino que generaron una euforia indisimulable, con una fuerte suba del valor de los bonos. El propio presidente ha declarado que “los mercados reaccionan bien” (entiéndase que “los mercados” es un eufemismo para denominar a la conducta de los especuladores, usureros varios, fondos buitres, todos parásitos que ganan sin trabajar a costa del sacrificio del pueblo).

Pero pagar más intereses no es garantía de achicar la deuda. El mismo informe de la Secretaría de Finanzas indica que también en el 3º trimestre del 2019 subió el peso de la deuda pública respecto del PBI, llegando al 90,9%, que es el máximo porcentaje desde el año 2004.

Es decir, que entramos en un camino insostenible donde más pagamos, más debemos, sin posibilidad seria de salir de este laberinto si no es rompiendo los esquemas de dominación y sumisión.

¿De dónde sale la plata para pagar a los usureros?

Si cada vez los intereses toman mayor cantidad de la recaudación tributaria, ¿cómo hacemos para pagarles a los usureros, y por qué están tan contentos?

Como ya es habitual en gobiernos que hace tiempo han dejando de defender los intereses populares, se apela a las denominadas ‘políticas de ajuste’ sobre el conjunto de la sociedad (en especial clase media y sectores empobrecidos), cobrando más impuestos y achicando ingresos de trabajadores públicos (maestros, empleados, enfermeros, médicos, etc), incluyendo entre los perjudicados a los más vulnerables que son los ancianos (afectando sus disminuidos haberes).

La continuidad del proceso inflacionario seguirá quitando poder adquisitivo del bolsillo de los sectores mayoritarios, donde una porción significativa deberá además pagar más impuestos a los bienes personales y a las ganancias (impuestos que no pagan los más opulentos y saqueadores de la Argentina).

Pero el grueso de los fondos necesarios para que el Estado tenga superávit primario y pueda comprar los dólares con los que premiará a los usureros, provendrá del ajuste sobre los jubilados.

Este sector perdió en promedio en los últimos cuatro años, más del 20% de sus haberes, que no alcanzó a recuperar por la inflación. Sin embargo, la actualización trimestral que deben recibir según la ley vigente les iba a permitir recomponer parte de esa pérdida en los meses de marzo y junio próximos (un 27% ya definido para el semestre). Pero la ley de emergencia pública, autodenominada de ‘solidaridad social’ dispuso el congelamiento de la actualización por seis meses, de manera que violando la constitución se quiere imponer una quita de recursos que corresponden legítimamente al sector.

Es de esperar entonces que los jubilados no reciban los reajustes que estipula la ley, y que el presidente les otorgue un aumento muy por debajo de sus derechos adquiridos, aumento que por otro lado se tratará de mostrar falsamente como una medida solidaria y de contenido de justicia social.

Lo más grave de todos es el peligro que corre el futuro del sistema previsional de solidaridad intergeneracional, que debería garantizar un ingreso digno a los trabajadores que luego de aportar durante toda su vida laboral para sostener el sistema, llegan a la edad de jubilarse, y que está garantizado en el texto de nuestra Constitución Nacional.

El propio presidente llegó a comentar que nuestro actual sistema previsional, que les garantiza ajustes periódicos automáticos a los jubilados que pierden con la inflación, no era sostenible. Claro, no es sostenible si se le sacan los recursos que les corresponden legítimamente, y mucho menos si eso se hace para pagar una deuda ilegítima, fraudulenta y odiosa, que los jubilados no asumieron.

Por eso la gran duda acerca de lo que hará el presidente no sólo en los próximos meses de marzo y junio, sino las intenciones que trae a futuro (por presiones del Fondo Monetario Internacional y del poder económico), de terminar con los ajustes según inflación, y llevar el gasto previsional a niveles mucho más bajos, de manera que con ese ‘ahorro’ se pueda garantizar el cumplimiento de las deudas fraudulentas con los parásitos usureros.

¿Y los que más ganan, no pagarán nada del ajuste?

Está claro que los que más ganaron y ganan en nuestro país no pondrán un peso, y encima el pueblo deberá hacer un doble sacrificio para pagar la deuda que generó esa minoría privilegiada, en una orgía de rentas a costa del trabajo, el esfuerzo y de los bienes comunes de todos los argentinos.

Entre los privilegiados de siempre (de Macri y de Fernández) figuran: los banqueros (eternos ganadores de todas las gestiones); las empresas petroleras que sacan nuestros recursos del subsuelo a costos ínfimos y el estado les reconoce precios internacionales de manera irracional; las distribuidoras energéticas que subieron entre mil y tres mil por ciento sus tarifas (que siguen ganando con el congelamiento de Macri-Fernández); los grandes laboratorios que nos vienen robando sistemáticamente y que en el último año subieron sus precios más del 80% (y sólo se comprometieron a bajar un mísero 8% pero nada más que hasta fines de este mes); los usureros que recibieron tasas de interés exorbitantes de parte del Banco Central (las más altas del mundo), para luego con esa renta comprar al propio estado dólares baratos y llevarse la plata afuera; las firmas monopólicas y oligopólicas que subieron precios de manera brutal, y ahora fingen generosidad aceptando frenar nuevos aumentos cuando ya lo hicieron los últimos meses y las últimas semanas (y aún así siguen subiendo muchos de sus productos); las corporaciones cerealeras exportadoras y las que controlan el paquete tecnológico de los agro negocios (que ni siquiera los rozan con las retenciones); las empresas multinacionales megamineras, que tienen un sin fin de privilegios, depredan y contaminan en gran escala, y se llevan afuera no sólo el oro, la plata, el cobre, etc, sino también sus ganancias extraordinarias.

¿Hasta cuándo, argentinos?

Si bien cada cambio de gobierno genera expectativas en parte de la población, cada vez los plazos de la paciencia aparecen más acotados. Algo saludable en el marco de las políticas neocoloniales, entreguistas y depredadoras que practican los gobiernos que se suceden en esta democracia formal y fraudulenta, que nos ha ido imponiendo el proyecto dominante en la Argentina.

En paralelo a las decisiones y políticas de ajuste del nuevo gobierno a favor de la usura internacional, los pueblos se están levantando. No aceptan que sus territorios y sus vidas se consideren zonas de sacrificio en el altar de la ofrenda a los saqueadores. Así, ni las declaraciones del presidente Fernández, ni la fidelidad de los partidos políticos más importantes del oficialismo y la oposición, todos a favor del avance de la megaminería y del fracking, lograron doblegar la resistencia de los pueblos de Mendoza y de Chubut.

Esas masivas manifestaciones de resistencia en defensa del agua, del ambiente y de la vida en esas dos provincias, pueden ser el anticipo de un nuevo escenario, donde los argentinos comencemos a tomar conciencia de la marcha suicida que nos imponen los gobiernos de turno, de la necesidad de un urgente cambio de rumbo, y nos decidamos a ponernos de pie e intervenir activamente en la solución de nuestros problemas comunes, para construir una democracia auténtica, participativa, que nos permita frenar el saqueo y la depredación, y en un proceso de transición para buscar nuevas formas de producción, de consumo y de convivencia.

Los entrerrianos también venimos de una rica historia reciente de luchas en defensa del territorio y de nuestros derechos. Las movilizaciones de la década del ’90 que frenaron las megarrepresas, la lucha ejemplar del pueblo de Gualeguaychú contra las pasteras, nuestras luchas más recientes para impedir que ingrese el fracking a Entre Ríos (logrando finalmente la ley que lo prohíbe), las marchas y movidas en contra de los agrotóxicos, que seguirán firmes hasta que logremos erradicar ese modelo de producción-destrucción-contaminación-envenenamiento de toda la provincia, son ejemplos que debemos promover y potenciar.

Frente a un orden social que a nivel planetario ha generado una crisis civilizatoria sin precedentes, que pone en peligro la supervivencia de la humanidad; frente a un modelo de país depredador y saqueador, que pretende que se pague una deuda fraudulenta con la destrucción de nuestros bienes comunes; frente a la presión de los usureros de todo pelaje que buscan seguir con la orgía especulativa y pretenden que sea el pueblo el que pague su fiesta; los argentinos debemos comprometernos y unirnos, superando las banderías partidarias y más allá de las falsas brechas, en pos de un futuro mejor para todos.

Tenemos muchos recursos, muchas potencialidades, muchas posibilidades. Pero tenemos que decidirnos y pasar a la acción. Basta de ajustes sobre las mayorías. Basta de saqueo. Basta de atropellos a la voluntad popular. Resistir, organizarnos, unirnos en una visión compartida de futuro y en el convencimiento de que es posible un presente más digno y un mundo con todos los derechos para las próximas generaciones. Nadie nos va a regalar nada, si nosotros no asumimos los compromisos con la vida.



(*) Docente universitario de economía – Director Programa de extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social UNER – Integrante de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres y del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.
Fuente: Página Política

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