El 10 de diciembre finalizó el primer gobierno de Gustavo Bordet. El cuarto consecutivo del peronismo luego de la saga post 2001-2002, nacida al calor de una crisis económica y social desesperante que también golpeó a las instituciones. Una de ellas los partidos políticos. Es decir la política. Y por consiguiente a los otros poderes del Estado, cuya conducción es política. El Poder Judicial y el Congreso. Aquella coyuntura tuvo una causa emblemática de corrupción, que fue la Banelco y los sobornos en el Senado. Quien investigó en primera instancia y procesó a los involucrados fue el entonces iniciado juez federal Daniel Rafecas, candidato para conducir el Ministerio Público Fiscal de la Nación. El caso, con el tiempo, se fue diluyendo en las otras instancias hasta quedar con todos los involucrados absueltos. Incluso ni siquiera se recurrió ante la Corte Suprema de Justicia porque se entendió que lo que se juzgaba estaba prescripto. Debut y bochazo a la figura del arrepentido, encarnada por Mario Luis Pontacuarto. Arrepentido, prescripción, absueltos. Todos hashtag para guardar en estas pampas.

Aquel contexto, ilustrado por Luis Barrionuevo con la histórica sugerencia de dejar de robar por lo menos dos años, resumió una consigna y mereció una reacción para la política. En Entre Ríos Jorge Busti asumió su tercer mandato con premisas en ese aspecto. Creó por decreto el Consejo de la Magistratura (hoy un 90 por ciento de los magistrados ha revalidado en ese cuerpo evaluador que, también hay que decirlo, con el tiempo ha sabido enjuagar trampas sutiles). La culpa está en la escasa preocupación de la sociedad civil cuya participación está prevista en la ley y en la Constitución. Hoy está colonizado, en buena parte, por la corporación judicial.

Busti, en definitiva, lo hizo por decreto y luego lo introdujo a la carta magna en la Convención que presidió. También el ex gobernador decidió, tras cerrar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que lo había investigado y cuyas pesquisas no encontraron asidero en la Justicia, crear un ámbito que se encargue de investigar posibles delitos en la administración pública. Se llamó Oficina Anticorrupción, a la que luego se le anexaría un Código de Ética Pública.

Hubo proyectos legislativos que fueron discutidos por varios sectores de la comunidad. El Poder Judicial sugirió algunas cuestiones respecto a los requisitos, por ejemplo, de cómo tenían que ser las declaraciones juradas de cada uno de los funcionarios. También se realizaron jornadas en la que participaron periodistas.

El gobierno de Busti finalizó su gestión sin el código. Durante la primera gestión de Sergio Urribarri hubo promesas de terminar la obra, pero radicales y peronistas no mostraron el más mínimo interés. Las cuestiones sobre la “ética pública” y los delitos de corrupción en el Estado formarían luego parte de la agenda de la Convención Constituyente de 2008. No ocurrió. Sin embargo, la Constitución reformada aquel año incorporó la creación de la Fiscalía Anticorrupción que la Legislatura hace 11 años se niega a crear. Y el Poder Ejecutivo no la introduce en ninguna agenda.

A punto caramelo

Una ley de ética pública y la Fiscalía Anticorrupción van de la mano en la persecución de la corrupción.

El año pasado, el procurador general Jorge Amilcar Luciano García, decidió designar como fiscal anticorrupción por resolución interna a su segunda Cecilia Goyeneche. Fue una respuesta al sueño eterno del Poder Legislativo que no hizo en una década lo que debió. Al poco de andar, la procuradora adjunta debió dar un paso al costado de ese organismo luego de que se revelara un segundo inmueble con Pedro Opromolla, uno de los imputados en la causa de los contratos truchos.

A 11 años de la reforma constitucional, el artículo 208 de la carta magna sigue siendo letra muerta. El año pasado se unificaron dos proyectos (de los diputados Jorge Monge y Gustavo Zavallo) con anuncio de inminente aprobación. No sucedió absolutamente nada.

El procurador García dijo la semana pasada: “Vivimos en una ciudad y en una provincia donde nos conocemos todos, sabemos qué hacemos, cómo nos comportamos y quién vino con una bicicleta o tiene un departamento en Miami o Uruguay y quién no”.

Las palabras de la autoridad máxima del organismo que tiene el monopolio de la persecución penal sintetizan lo que buena parte del vecindario conoce: los que se enriquecieron ilícitamente, pero nadie los investiga. Paradoja.

La ley de Ética Pública también lleva una década durmiendo en la Legislatura. El año pasado pasó a la Cámara de Diputados, con modificaciones del otro cuerpo parlamentario, y ahí quedó. Muerta.

Esa norma tiene en su seno una herramienta fundamental para precisar lo que García bien describió sobre el sentido común de los vecinos: las declaraciones juradas. Es de las pocos sino el único instrumento por el cual se puede determinar si un funcionario de cualquiera de los tres poderes se enriqueció ilícitamente con fondos públicos.

El tiempo y las sucesivas reformas se fueron llevando cláusulas delicadas. Por ejemplo, aquella que implicaba que los funcionarios no sean los únicos que tengan que presentar una declaración jurada, sino también su cónyuge y sus hijos. Ese ítem desapareció.

La legislación que impera en la actualidad sobre las declaraciones juradas es de 1.953 y establece que las mismas son secretas. Solo se puede acceder a los bienes de un funcionario si lo requiere un juez en el marco de una investigación o por orden del mismo funcionario. Ni lo uno ni lo otro ocurre. Pero los vecinos deben saber.
Fuente: Página Política

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