La ley de emergencia solidaria revuelve lo peor de la institucionalidad en Entre Ríos. Acusaciones cruzadas entre los integrantes de los poderes del Estado ante una sociedad en cuarentena que no sabe cómo sobrevivirá al crítico escenario, explicita la baja densidad ética de los actores.

Los principales perjudicados expresan su rechazo públicamente. Son los agentes estatales cuya escala salarial está por debajo de cualquier funcionario. Serán perjudicados maestros que luego de una larga carrera en la docencia alcanzaron un cargo directivo y su salario y jubilación serán disminuidas. Un director de escuela se forma, como muchos funcionarios estatales, toda una vida.

Alrededor de Plaza Mansilla conviven quienes conducen los destinos del Estado. En las últimas horas de un lado y del otro hablan del de enfrente como un privilegiado. Apelan a adjetivos como “vivo, ñoqui, resentido y delincuente”. En Casa de Gobierno se jactan de ser parte del ajuste, mientras que en tribunales están buena parte de estos días mirando las contrataciones que se hacen del otro lado.

Esas conversaciones tienen su correlato en las redes sociales, donde la percepción se sintetiza al extremo. Allí, donde se disputa el sentido común, en estas situaciones suele aparecer la vieja consigna “que se vayan todos”.

Cuando se diseminó la posición de la Asociación de Magistrados y el gremio de los trabajadores judiciales, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) anunciaba la feria. El Colegio de Abogados explotó en un comunicado. Con solo ver lo que sucedía en algunos perfiles de Facebook y en Twitter se puede tener una idea de lo que se percibe ahí afuera de las oficinas que anidan en el centro cívico. Un post acusaba a los judiciales de tener salarios cinco veces más alto que un docente y encima no garantizar un buen servicio de justicia. Aludía a una pericia interminable en el teléfono de su hija. La respuesta era de una empleada de tribunales defendiéndose como podía y con las limitaciones de una red social.

Tres judiciales acudieron al mismo ejemplo para asegurar que el sinceramiento debía ser en Casa de Gobierno, donde las contrataciones supuestamente son escandalosas. El 21 de septiembre se cumplen dos años de haberse iniciado la causa de los contratos truchos en la Legislatura. No hay una sola autoridad política imputada y ya se anunció que estaría casi lista para elevarse a juicio con la promesa que más adelante se avanzará “con la otra parte”.

En Casa de Gobierno se han acordado contrataciones para todos. Hijos, hijas, parejas, ex parejas, amigos, novios y novias de funcionarios de los tres poderes del Estado han sido contratados en lugares expectantes en la Legislatura, Casa Gris y entes descentralizados sin mediar otra virtud que las buenas relaciones. En muchos casos con salarios por arriba de cualquier escalafón y sin una función específica. O en el mejor de los casos inventada. Así se ha venido dando en las últimas décadas sin distinción de partidos. Lo peor del sistema también se filtra en las conversaciones por estos días. El desfalco durante una década en el Poder Legislativo tiene en la lista de contratados apellidos vinculados directamente a la política y al Poder Judicial. En las nóminas de empleados en las empresas estatales se intercalan también apellidos con prosapia partidaria y tribunalicia. Y periodística. Solo en el ámbito tribunalicio y educativo se ingresa y asciende por concurso. En éste último, como en la política en elecciones, se revalida.

El Poder Judicial no dejó de trabajar durante buena parte de la cuarentena. De hecho, pese al rebrote de los casos de coronavirus se siguen llevando adelante audiencias con todos los protocolos. Sin embargo la de José Angel Allende, en la que se iba a poner de relieve el acuerdo en juicio abreviado por su enriquecimiento ilícito y violencia de género, se suspendió. ¿Casualidad? El público, o quienes forman opinión, no está atento a las audiencias diarias en la que se resuelve un homicidio. Al inicio de la cuarentena se había suspendido el primer juicio que debía enfrentar Sergio Urribarri. ¿Se debe medir la calidad del servicio de justicia por el devenir de las causas de corrupción?

Antes de la causa de los contratos truchos en la Legislatura se empezó a investigar supuestas irregularidades en la organización del Cumbre del Mercosur. Los empresarios muy comprometidos por los escandalosos sobreprecios que se conocieron a través de informes por el sitio accesolibre.org siguen sentándose en las mesas de negociaciones con los gobernantes “hasta que se demuestre lo contrario”. En síntesis: la política sigue recomendándole a sospechosos servicios mientras la Justicia no demuestra nada. Quizás no, pero la discusión en esos términos, la pusieron quienes por estos días se tiran con todo.

Esas imágenes, la de funcionarios y empresarios contándose las costillas, son advertidas apenas por una franja de la sociedad. La otra lamenta que a un pariente que vio ascender a lo largo de los años en su profesión, le recorten el sueldo por una impericia que no provocó.
Fuente: Página Política

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