Sabido es que no es fácil acertar en políticas públicas que protejan la vida de las mujeres y las disidencias. Sabido es que la construcción de una sociedad sin violencia de género, que garantice la vida plena a todas, supone en algún punto dar vuelta las instituciones como una media. Sabido es que nunca alcanza.

Lo que no ayuda en ningún caso es hacer como si el asunto fuera prioritario para sancionar otra ordenanza con vocación de ser cumplida. O mostrar un consenso que, en rigor, no hizo más que desechar un proyecto de ordenanza contundente, pasible de ser debatido al menos, pasible de ser modificado.

Fue lo que pasó con el debate de la Emergencia por Violencia de Género en torno a un proyecto que presentó el concejal del PRO, Maximiliano Rodríguez Paulin. El dirigente puso en valor, al momento de fundarlo, el aporte que hicieron al mismo la exedil María Marta Zuiani y la extitular del Inadi, Silvina Campos, de la Fundación Hacemos. Ante la consulta de Página Política respecto del proyecto, dijo que privilegió el acuerdo en comisión.

Hay veces que es mejor no hacer ninguna ordenanza, pasar en limpio lo que no se cumple, pensar qué es posible en el actual escenario político, que no, que falta, que no sirve.
Por fuera del “consenso”
El proyecto modificado (reducido a casi nada) contemplaba, a grandes rasgos, en cuatro capítulos y 22 artículos, los siguientes puntos:

-Declaración de emergencia de dos años.

-Una asignación de 15 millones de pesos para plasmar la emergencia.

-Un listado de 22 ordenanzas en vigencia vinculadas a la problemática de género, junto con plazos ciertos para su cumplimento efectivo por parte del Ejecutivo municipal (entre otras, la adhesión a la Ley Micaela; políticas de vivienda para mujeres víctimas de violencia; implementación de la ESI en distintos ámbitos; campañas de concientización ante distintas fechas; iniciativas sobre parto respetado, sobre diversidad e inclusión, sobre noviazgos violentos; adhesión a la iniciativa del “banco rojo” para recordar a las víctimas de femicidios).

-Un capítulo entero estaba destinado a la Casa de la Mujer. Se disponía una previsión presupuestaria para el refugio; la conformación de una “caja chica” para asegurar su funcionamiento; la asignación de movilidad a disposición del personal y de las mujeres alojadas con sus niños en la casa.

-Se incluía una serie de puntos a modo de protocolo para la Casa de la Mujer contemplando: la articulación entre instituciones estatales, mecanismos para evitar la revictimización, medidas de protección para la salida de las mujeres alojadas, radicación inmediata de la denuncia ante la ausencia de una huésped de la casa, comunicación directa con el fiscal que entienda en la causa por violencia radicada por la mujer residente en el refugio.

-Creaba una Comisión de Seguimiento de la Emergencia encargada de “velar por el correcto funcionamiento de las ordenanzas vigentes” sobre violencia de género.

-La comisión mencionada, con determinación clara de funciones, contemplaba la siguiente integración: la Subsecretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio; un edil de cada bloque; un representante del Coprev (institución a nivel provincial sobre violencias); un espacio para las universidades, hasta cinco personas miembros de organizaciones sociales de la ciudad vinculadas al tema, referentes de colegios profesionales de Abogados, Trabajo Social, Psicología, Medicina.
Así quedó
La declaración de emergencia votada -tras ser modificada en comisión- tiene 3 capítulos y ocho artículos.

Reduce la emergencia a un año y elimina el artículo 2º que asignaba presupuesto. En cambio, se faculta al Ejecutivo “a reasignar las partidas presupuestarias necesarias a los efectos de aumentar, profundizar, articular e implementar las tareas de prevención y acciones positivas para afrontar la emergencia”. Se dispone que las partidas a asignar en futuros presupuestos no podrán ser menores a la actual.

El listado de ordenanzas para las que se fijaban plazos para su cumplimiento quedó para los fundamentos. Todos esos puntos se reemplazaron por un insólito artículo en el que se insta al Ejecutivo a cumplir con las ordenanzas como si hiciera falta ponerlo en una nueva norma que, al parecer, ahora sí se cumpliría. Dice el artículo 4 que “el Departamento Ejecutivo Municipal, garantizará en el marco de la emergencia el cumplimiento de toda legislación municipal vigente en materia de género”.

No hay disposición alguna para la Casa de la Mujer. Se elimina ese capítulo.

Se mantiene la comisión pero con una integración reducida a un representante de la Subsecretaría de la Mujer y Diversidad y edil de cada bloque. Está previsto que puedan participar las universidades, el Coprev y las organizaciones sociales.

En definitiva, una ordenanza más. Declara la emergencia, si, aunque eso no suponga ninguna indicación para ningún área ni contemple una medida distinta a la creación de una nueva comisión de concejales, en busca del consenso.

La emergencia, con la redacción aprobada
Fuente: Página Política

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