Ricardo Bonazzola rechazó este viernes el sobreseimiento planteado por las defensas en la causa donde se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar la fallida campaña presidencia de Sergio Urribarri, que en su momento se dio en llamar el “sueño entrerriano”.

En ese expediente también están involucrados los ex ministros Pedro Báez y Hugo Marsó, otros funcionarios y empresarios. Se investiga el desvío de 47 millones de pesos que fueron utilizados – según la hipótesis - para la promoción de la figura de su figura como candidato presidencial del ahora presidente de la Cámara de Diputados. Se los acusa por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Concretamente, se le atribuye a Urribarri el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos.

Los abogados defensores rechazaron las imputaciones y aseguraron que no hubo desvío de fondos del presupuesto y apelaron al argumento de que las cuentas habían sido aprobadas “sin observaciones” por los organismos de control. “Los primeros y tal vez únicos responsables en el cumplimiento de los actos administrativos son los organismos de control”, sostuvo Ignacio Díaz, defensor de Báez, la semana pasada. En tanto, Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, reeditó un planteo de excepción de falta de acción que ya ha sido rechazado en instancias anteriores.

También invocaron la “atipicidad”, es decir, la conducta que se les achaca a los funcionarios públicos no encaja en un delito penal, precisamente porque se trató de actos de gobierno. Emilio Fouces, defensor del ex ministro Marsó, dijo, por ejemplo, que la instalación del parador en la playa de Mar del Plata “se hizo para difundir a la provincia como destino turístico, que era, precisamente, la misión que tenía el funcionario”.

La fiscal Cecilia Goyeneche sostuvo que aquello que se presentó en su momento como acciones institucionales –la solicitada contra los fondos buitres, la promoción de Paraná como sede de la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador playero– no fue otra cosa que “actos de promoción personal de Urribarri como candidato presidencial”.

En la causa también están imputados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata.

También ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad.

Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro solicitaron penas para los imputados. Solicitaron 9 años para Urribarri, 8 para Báez, 8 para Aguilera; 4 para Marsó y cuatro para Céspedes y Tórtul.

En la causa también estaba acusado el empresario Jorge Corcho Rodríguez, que también estaba imputado, pero acordó la suspensión del juicio a prueba por un año y el pago de un resarcimiento al Estado de 150.000 en doce cuotas iguales y consecutivas. También debe realizar campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.
Fuente: Página Política

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Sueño entrerriano

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