El Gobierno emitió un comunicado luego de que se conociera el rechazo del Poder Judicial a los incrementos a través de suma fija mensual a cuenta de futuras paritarias, pero solo para aquellos trabajadores estatales que perciban salarios de hasta 120.000 pesos.

Funcionarios, magistrados y trabajadores judiciales cuestionaron en duros términos al Poder Ejecutivo y pidieron que se abstenga de efectivizar el incremento a los agentes del Poder Judicial. El documento lleva las firmas de los vocales Martín Carbonell, Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo, Emilio Castrillon, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; del procurador general, Jorge García; del defensor general, Maximiliano Benítez; de la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango; y de la secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero. (Ver abajo documento textual)

Desde el Poder Ejecutivo también dieron su explicación. “Si bien el requerimiento suscripto de volver atrás con las sumas fijas otorgadas a cuenta de paritarias, será estudiado por, es conveniente realizar algunas aclaraciones”, manifestó el Gobierno y puntulualizó:

-El Decreto 1634/2020 MEHF, establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija, determinada conforme el monto del salario nominal de los agentes destinada a beneficiar, de manera proporcional a los agentes públicos de menores ingresos. Se trata de una medida de carácter transitorio y aplicable a los meses de octubre a diciembre y siempre a cuenta de lo que se acuerde en el marco paritario.

-Atento a que el Poder Judicial, tiene normas específicas en cuanto a su remuneración, sin perjuicio de ello, y de acuerdo los lineamientos de la política salarial, se decidió incluir a los trabajadores del Poder Judicial que perciban hasta las sumas indicadas, en las mejoras salariales dispuestas. Ya que conforme al art. 10º de la Ley de emergencia Nº 10.806, se encuentra suspendida la aplicación de las cláusulas de aplicación directa de los incrementos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-Así es como la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial benefició a 1089 trabajadores judiciales.

-Por aplicación de las leyes del régimen remunerativo judicial, desde 2012 a la fecha, el Poder Judicial alcanzó un incremento salarial superior en un 70 por ciento al percibido por el resto de la Administración.

-El incremento de 3.500 pesos que se alega como “achatamiento y atentado contra la porcentualidad”, representa el 0,46 por ciento en relación al haber nominal del vocal del STJ que es de 759.732 pesos por mes; o un 0,62 por ciento sobre los haberes de un Juez de primera instancia fijado en 561.529 pesos.


El Gobierno dice también “reconocer el aporte realizado ante la emergencia sanitaria del Covid por la suma de 20.000.000 de pesos, lo que equivale al 11 por ciento del total de los haberes líquidos mensuales de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial”. Desde los tribunales

En cuanto al costo de la masa salarial del Poder Judicial – dice el Ejecutivo – “es dable aclarar que en el presupuesto 2020 el costo total en personal es del 8,82 por ciento, y que el presupuesto 2021 prevé una relación porcentual del orden del 8,98 por ciento”.

Conforme los valores indicados, tan solo el 2,9 por ciento del total de agentes del Estado Provincial corresponden al Poder Judicial e insumen un costo promedio del orden del 9 por ciento sobre el total de la masa salarial.

“No debe perderse de vista que el promedio mensual de la asignación total que percibe el Poder Judicial es del orden de 237.500 pesos, en tanto que en el Escalafón General dicho promedio resulta de 60.060 pesos”, dice el texto del Gobierno.

Anunció que estudiará el requerimiento emitido en la jornada por el Poder Judicial sin perjuicio de los postulados de la Ley de emergencia Nº 10.806 sancionada por el Poder Legislativo en cuyo espíritu solidario y proporcional, en el marco de la pandemia, se basa el decreto 1634/2020 MEHF que establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija por los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Fuente: Página Política

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