La causa donde se investiga si se pagaron sobreprecios para la organización de la Cumbre del Mercosur quedó en suspenso, según supo Página Judicial. La decisión la tomó el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, luego de que el abogado de uno de los imputados solicite un impase por cuestiones de salud. Se trata de Emilio Fouces, quien tuvo una intervención quirúrgica delicada y está en pleno proceso de recuperación. La petición hizo que se suspendiera la audiencia de elevación a juicio fijada para el miércoles a las 17.30 horas.

Esta decisión puede ser la antesala de la suspensión del juicio por la causa mal llamada “de la vaca”. Allí Fouces también es parte de la defensa y se hizo un pedido similar que aún no se ha resuelto.

En ambas causas coinciden tres imputados: Sergio Urribarri; su cuñado Juan Pablo Aguilera; y el ex ministro de Comunicación, Pedro Báez. Allí en ese legajo también están Gustavo Tortul, Hugo Céspedes, Hugo Marsó y Corina Cargnel.


En la causa de la Cumbre del Mercosur hay dos investigaciones. Una responde a los funcionarios públicos y en la otra se investiga el supuesto pago de sobreprecios a empresas en el marco de la organización del evento diplomático. En esta última el Ministerio Público Fiscal estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná, durante la última gestión de Urribarri.

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos. De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos. Lo cierto es que esta causa, que tramita poor otro lado, quedó frenada por demoras en los peritajes. 

Causa vaca

En la causa “de la vaca” se investiga si Urribarri direccionó la contratación de campañas publicitarias a favor de las empresas TEP SRL (ex Cinco Tipos) y Next SRL que se le atribuyen a su cuñado Aguilera. La misma debía contar – según la investigación – con el aval de Báez.

Estaba previsto que este juicio se lleve adelante a partir del 29 de julio. El tribunal lo constituyen Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gervasio Labriola. Por el Ministerio Público Fiscal estará Patricia Yedro.

Yedro y por entonces fiscal Alejandro Cánepa adelantaron para Urribarri, Báez y Aguilera una condena de ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos. La acusación también alcanza a Emiliano Oscar Giacopuzzi, Luciana Belén Almada –esposa de Aguilera–, Alejandro Almada –cuñado de Aguilera–, Maximiliano Romeo Sena; la contadora Corina Elizabeth Cargnel; el empresario Hugo Fernando Montañana; y el ex funcionario Gustavo Tamay.
Fuente: Página Política

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